En el robusto marco de la consolidada democracia que no ha estado bajo amenaza real, tuvieron lugar pacíficamente las elecciones presidenciales número 19, y más de 2.61 millones de costarricenses ejercieron en libertad su derecho al sufragio, de los 3.73 millones que podían hacerlo.
Esa extraordinaria participación redujo en cerca de 10% la tendencia al alza del abstencionismo registrada desde 1998, y rompió las onerosas cadenas de las segundas vueltas electorales, otorgando sobrada legitimidad al contundente mandato presidencial electo (48.5%), y escogiendo una mayoría más que absoluta en el Legislativo (31 Diputaciones) que no se veía desde 1982.
La ciudadanía al entender que en democracia el poder es dividido y compartido, también escogió un bloque parlamentario opositor, que aunque siendo minoría frente la futura fracción oficialista, será determinante en la discusión y aprobación de la legislación que requiera mayoría calificada (38 votos).
Así, todas aquellas leyes y reformas postergadas cuya implementación favorezca la institucionalidad, a sectores productivos y en general a la población, podrá acogerla sin demora la patriótica bancada de “gobierno”, pues solo precisarán de 29 votos, que también serán los necesarios para integrar al próximo Directorio Legislativo titular y las comisiones permanentes, especiales y otras.
Ahora, la agenda sustantiva que no fue posible aprobar en el actual Congreso y que además necesitaba mayoría calificada, transitaría por una nueva arena política que, considerando la decisiva y mayoritaria voluntad popular para elegir “gobierno”, habrá de ser menos hostil y más fértil que nunca.
Con los cientos de miles de votos que conformaron el mayoritario bloque oficialista en el Parlamento, el pueblo reclama una oposición coherente, responsable y constructiva que, al ejercitar razonablemente el control político y la enmienda, no dificulte la fluidez parlamentaria y la generación de política pública.
La honesta y sensata búsqueda del diálogo para alcanzar acuerdos políticos sobre proyectos de ley que sean estratégicos y para el bienestar de la sociedad en su conjunto, debería resultar suficiente incentivo para provocar su impulso y sanción. Ojalá que la vanidad, limitados e inconfesables intereses y el cálculo “politiquero” lejano al bien común, no vuelvan a tener la fuerza de enterrar la promesa electoral y entorpecer la adopción de leyes destinadas a resolver problemas nacionales.
Ya terminó la campaña, como también cerrarán las heridas y divisiones producidas por la justa electoral, pues las demandas ciudadanas continúan y habrán de ser atendidas a la brevedad por los representantes electos cuando asuman sus cargos, sea desde el Ejecutivo y principalmente a partir del Legislativo. En su pleno se esperaría una coalición estable, que genuinamente recoja la divisa partidista y eleve la bandera patria como símbolo y expresión de compromiso con la gobernabilidad democrática.
Una visión compartida de futuro pide cohesión política y social, porque la merece un pueblo que ampliamente confió su soberanía en las urnas para ser bien representado. Desde luego, la política es pluralidad, diversidad, debate, confrontación y hasta se torna caótica, pero está llamada a resolver democráticamente esas diferencias sin sacrificar en ese proceso el interés superior de la gente.
Es momento de encuentro y unión por Costa Rica, y las coaliciones parlamentarias precisamente son señal de colaboración, porque estimulan el diálogo y la negociación para lograr acuerdos mínimos en materias sensibles, y abandonar posiciones que “castren” la respuesta pública en perjuicio de una representación de calidad como derecho básico.
No puede seguir imponiéndose la estéril lógica de la “guerra de todos contra todo y todos”; su lugar podría ocuparlo una agenda de proyectos de impacto y conectados con las necesidades del pueblo, por su derecho constitucional a satisfacerlas y a tener un buen Estado donde pocos o nadie vuelvan a quedar en el abandono.
Como decía Robles Egea en su artículo Coaliciones Políticas y Sistema Democrático, el “… uso del diálogo, y el olvido de los medios violentos, para resolver los conflictos y desacuerdos que afloran en los períodos electorales y la actividad parlamentaria constituye la única vía que conduce a compartir el poder”.
Y, agregaría: “… las tendencias conciliadoras y los hábitos de coparticipación en la toma de decisiones creados por las coaliciones políticas pueden llegar a resocializar a las élites y al liderazgo de los partidos y del gobierno en la ética del compromiso y la responsabilidad”. (Resaltados propios).
Finalmente, de poco servirá el esfuerzo patrio de construir una agenda común y vigorosa, y sostener una coalición parlamentaria, si no se reforma el principal instrumento que posibilita el funcionamiento legislativo para impedir abusos disfrazados de licitud. He aquí una primera prueba fundamental.