Costa Rica no enfrenta únicamente un problema de inversión en infraestructura. Enfrenta, sobre todo, un problema de ejecución.
El reciente Reporte de Infraestructura 2026, presentado el pasado 8 de abril en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), introduce un cambio en la forma de analizar este tema. El enfoque no se centra únicamente en la condición de los activos, sino en la gestión de la infraestructura pública. Es decir, no se limita a evaluar qué tan bien están las obras, sino cómo se planifican, financian, ejecutan y mantienen en el tiempo.
Ese cambio permite una lectura más estructural del problema.
Los resultados muestran un desempeño desigual entre sectores, pero con un patrón común: las principales brechas no se concentran únicamente en la disponibilidad de recursos, sino en dimensiones como capacidad futura, operación, mantenimiento y seguimiento de proyectos.
Esto obliga a replantear la discusión. Durante años, el debate público ha girado alrededor de cuánto invertir. Sin embargo, el desafío no se limita a asignar recursos, sino a transformarlos en infraestructura que funcione de manera oportuna y sostenida.
Ahí es donde aparece la principal limitación del sistema.
Cuando la planificación, la contratación y la ejecución se fragmentan —entre distintas entidades, procesos y niveles de decisión—, los proyectos pierden coherencia. Cada parte puede avanzar, pero el resultado final no necesariamente responde a una lógica integrada.
En ese contexto, los atrasos, las dificultades contractuales o los ajustes durante la ejecución no son anomalías aisladas, sino consecuencias previsibles de un sistema que no siempre está diseñado para operar como un todo.
Por eso, aumentar la inversión, por sí solo, no resuelve el problema. Si el sistema no tiene la capacidad de estructurar bien los proyectos, coordinar a los actores involucrados y dar seguimiento efectivo a la ejecución, los recursos tienden a diluirse en el proceso.
El propio reporte apunta en esa dirección al señalar la necesidad de mejorar la planificación, fortalecer la ejecución, acelerar proyectos estratégicos y generar información confiable para la toma de decisiones.
El desafío, por tanto, no es únicamente financiero. Es de capacidad institucional. Implica revisar cómo se toman las decisiones, cómo se articulan las responsabilidades y qué tan alineados están los distintos actores que intervienen en el ciclo completo de la infraestructura.
Costa Rica ha avanzado en el diagnóstico. El siguiente paso es fortalecer la ejecución. Porque en infraestructura, el valor no está en lo que se planifica ni en lo que se presupuesta, sino en lo que efectivamente se entrega y funciona en el tiempo.