Por Wendy Torres Barquero
¿Recuerda la ahora famosa frase: “Con Costa Rica no se juega”? En efecto, esta frase fue parte fundamental del discurso político de nuestro actual Presidente, un candidato desconocido, que inició tarde, en una campaña electoral ya avanzada dónde todo se creía ya resuelto. Se dice que ni siquiera la pulpera cercana al PAC le reconocía, un completo don nadie, surgió de la noche a la mañana como candidato a la presidencia; ciertamente se le veía como una persona con un carácter dulce, carismático, con alta preparación académica, pero sobre todo, demostraba gran preocupación por las necesidades del pueblo costarricense, involucrando dentro de su plan de gobierno compromisos serios e importantes de las exigencias de una Costa Rica cansada “de lo mismo de siempre y de los mismos de siempre” (frase también del discurso político).
A pocos días de haber cumplido su primer año de gobierno, los costarricenses que votamos por un cambio, con la esperanza de ver una Costa Rica diferente, en vías de desarrollo y con amplias expectativas de mejores oportunidades para las generaciones jóvenes del futuro, se dejan atrás con sentimientos más bien de desilusión y hasta decepcionados por haber creído en un discurso político, que no fue más allá de palabras de una campaña política, o más bien una campaña de mercadeo, en la cual el producto estrella era don Luis Guillermo Solís.
A lo largo de este período del gobierno actual, es inevitable pensar solamente en los escándalos, los desastres políticos e incumplimientos de las múltiples promesas realizadas al pueblo costarricense, es irónico ver los datos estadísticos de inicios de gobierno versus los actuales: en los primeros vemos índices altísimos de popularidad, con altas expectativas de logros, en cambio, en los actuales se puede percibir cada vez un mayor número de opiniones negativas y un descenso indiscutible en la popularidad del, inicialmente tan querido presidente Luis Guillermo Solís. Parece increíble pensar en los logros obtenidos a la fecha, y lo primero que viene a la memoria de muchos de los costarricenses es la destitución del ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.
Cuando don Luis Guillermo presentó su plan de gobierno y mencionó su principal objetivo: el combate a la desigualdad y la exclusión social, y se refirió, además, a temas de solución a problemas económicos y tributarios presentes en el país desde décadas atrás. Los ciudadanos sentimos grandes esperanzas de tener la tan añorada reforma fiscal, la cual se supone sería el principal logro de la administración Solís Rivera. No obstante, es lamentable ver al día de hoy, los pocos esfuerzos demostrados para lograr un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en este tema y, principalmente, la incapacidad del Presidente para exigirle a su gabinete respuestas y/o propuestas para la solución de las diferencias y el logro de acuerdos políticos por el bienestar de “todas y todos los costarricenses” esperanzados en su discurso.
Indiscutiblemente el Presidente no puede atender todos los aspectos y las agendas de campaña por sí solo; para eso elige a un gabinete profesional, con experiencia y atestados bastos para cumplir la importante labor de dirigir, solucionar y tomar decisiones en función del bienestar de los costarricenses. Sin embargo, la selección de los dirigentes de las arcas del país se ha caracterizado por sentar en esos puestos a las amistades cercanas del presidente, o bien, a personas recomendadas miembros ya del gobierno anterior, casos en los cuales no siempre se han considerado y cumplido las exigencias de la ley, en cuanto a los atestados necesarios para cubrir ciertas plazas para las que es imprescindible contar no solo con los atestados académicos sino con una amplia experiencia en las funciones por desarrollar, tal es el caso de los asesores jurídicos de la Presidencia.
Adicionalmente el resto de sus ministros, en su mayoría, no han sabido sino proporcionar escándalos al Gobierno; su ex ministro de la presidencia, al parecer nunca fue asesorado por el Ministro de Comunicación; cada vez que participaba en una entrevista o exponía posiciones del gobierno, causaba impactos negativos en la imagen del Gobierno, con argumentos pobres ante cuestionamientos serios. Ni qué decir del más reciente escándalo liderado por la ahora ex Ministra de Cultura, es lamentable ver lo que fue el FIA 2015, un desastre en todo su esplendor, un evento de suma importancia para Costa Rica, representativo de gran parte de su cultura, un evento que casi alcanza, gracias a méritos de administraciones anteriores, competir a nivel de América Latina por el mejor Festival de las Artes; pero dejó como resultado una penosa actuación, acompañada de un Ministerio de Cultura hoy acéfalo.
Causa asombro detenerse a analizar todos estos aspectos y un sinfín más, ver a nuestro Presidente electo, un hombre inicialmente con aplomo y seguridad para tomar las decisiones necesarias en busca del cumplimiento de los objetivos y las metas del plan de gobierno vigilando y optimizando los intereses de los costarricenses, que, ahora cuando se le consulta directamente sobre temas como el gasto de ¢727 millones en el Festival que no se dio, sobre los temas de plan fiscal o sobre la Ley mordaza, etc., carece de argumentos claros y precisos para justificar o asumir su responsabilidad. Cuando el pueblo pide y exige cuentas sobre los salarios y nombramientos de los miembros del gobierno contratados gracias a las contribuciones de todos los costarricenses, él simplemente no tiene los argumentos para justificarlos; por lo contrario, un vocero de prensa atiende una entrevista y dice y desdice la justificación de los salarios, al exponérsele lo establecido en la ley.
En definitiva, el poder de un discurso político bien elaborado, con las palabras exactas y con la intensidad adecuada, es capaz de llegar a la mayor parte de la población; es imprescindible para conquistar y capturar el agrado de las personas; sin embargo las palabras no son suficientes para lograr una permanencia positiva en la opinión de las personas, pues el discurso debe estar acompañado de voluntad política sincera, capaz de traducirse en acciones efectivas en beneficio de los gobernados.
