Costa Rica es una nación que históricamente ha valorado su institucionalidad democrática. Hoy enfrenta las consecuencias de haber tolerado, durante demasiado tiempo, a una clase política envejecida en sus prácticas y cómoda en sus privilegios.
Una generación de políticos añejos, más preocupada por preservar cuotas de poder que por garantizar el bienestar colectivo, utilizó sus posiciones para asegurar beneficios personales y familiares, afectando gravemente el erario público y comprometiendo las finanzas públicas.
Las decisiones tomadas bajo estas lógicas han profundizado la deuda del país y debilitado la capacidad del Estado para responder eficazmente a las necesidades ciudadanas, con una deuda que asfixia la capacidad del país para invertir en su gente, y una ciudadanía cansada de sostener a quienes han hecho del servicio público un negocio personal.
Los mismos políticos que se llenan la boca hablando de patria han contribuido al deterioro institucional más severo, alimentando un clientelismo descarado que ha contaminado procesos de contratación, distribución de recursos, diseño de políticas públicas y hasta la toma de decisiones más sensibles.
El país requiere líderes capaces de entender que el poder, no es un botín, tampoco una herencia y menos una fuente de favores, sino una responsabilidad moral con efectos directos sobre millones de vidas.
La cultura del “favor político”, tan normalizada y estratégica para sostener viejas estructuras partidarias, ha distorsionado las políticas públicas, desviando recursos que deberían destinarse a educación, salud, infraestructura y desarrollo social.
Costa Rica enfrenta desafíos económicos, sociales e institucionales que requieren una visión ética y renovadora. Persistir en modelos políticos basados en redes clientelares y privilegios solo perpetúa la desconfianza ciudadana y limita la capacidad del país para avanzar.
Es momento de que Costa Rica aspire a un modelo político más sano, fundado en la transparencia, la solvencia moral y el compromiso real con el interés público. El país necesita candidatos, nuevos o experimentados, que puedan demostrar integridad comprobable, independencia de grupos de poder y voluntad para romper con prácticas nocivas que han frenado el progreso colectivo.
En tiempos tan complejos, la dirección del país no puede quedar en manos de quienes ven la función pública como un patrimonio personal. Costa Rica debe exigir liderazgo ético, firme y renovador. Solo así será posible reconstruir la confianza y abrir camino a una política verdaderamente orientada al bien común.
Finalmente, Costa Rica vive momentos difíciles, y si el país aspira a recuperar su norte, debe apostar por un liderazgo nuevo, ético y valiente, que cierre de una vez por todas el ciclo nefasto de privilegios y corrupción disfrazada de tradición política.
