Si bien el Lawfare es un término poco conocido para algunos, para otros se volvió la palabra perfecta para atacar y mancillar a otros, El lawfare, entendido como el uso estratégico del sistema judicial para debilitar adversarios políticos, representa un gravísimo riesgo para la democracia. No se trata únicamente de acusaciones judiciales, sino de una instrumentalización deliberada de la ley, diseñada para deslegitimar, desgastar y eventualmente neutralizar a actores políticos mediante procesos prolongados, mediáticos y costosos. Este fenómeno puede erosionar la confianza ciudadana en la institucionalidad y socavar los principios del Estado de Derecho.
Sus características son simples, es dar una estocada, una ofensiva política revestida de legalidad, opera en una zona gris legal donde la denuncia infundada, la selectividad procesal y la amplificación mediática construyen una condena social incluso antes de cualquier sentencia judicial, pero genera una duda que prevalece sobre la prueba. A menudo se recurre a acusaciones sin mérito que se mantienen girando en la esfera pública, generando daño reputacional y paralizando a los implicados sin necesidad de una condena formal.
Esta estrategia busca no solo la judicialización de la política, sino la captura del relato mediático y la opinión pública, desplazando los debates políticos legítimos hacia los tribunales y erosionando la presunción de inocencia, hasta donde las persecuciones políticas han caído tan bajas, a tal punto de jugar con el honor de una persona solo por considerarlo “enemigo”, esto no solo daña la imagen de cada individuo, si no del sistema democrático Costarricense, el cual se ha visto manchado por cupulas nefastas que se creen con derechos sobre el sistema político y democrático del país.
En América Latina, el lawfare ha sido un mecanismo recurrente para desactivar líderes de izquierda o críticos a gobiernos establecidos. Lo hemos visto en Brasil, Argentina y Ecuador, donde líderes políticos lo experimentan tras denunciar el uso del sistema legal como instrumento de persecución política.
El denominador común en estos casos es la judicialización del debate político. Cuando no se logra vencer a un adversario en las urnas, se recurre a los tribunales. Cuando no se puede silenciar una voz desde el Parlamento, se la intenta callar desde un juzgado. Esa es la lógica perversa del lawfare, que atenta contra la legitimidad democrática.
¿Qué pasa en Costa Rica?
En nuestro país, debemos estar alertas. Si permitimos que se instale una cultura política donde la denuncia se convierte en herramienta de desgaste, y donde cualquier figura pública puede ser víctima de una campaña judicial mediática sin fundamentos sólidos, estaremos debilitando nuestras propias instituciones.
Los actores políticos tenemos la responsabilidad de actuar con madurez, sin caer en la tentación del oportunismo judicial ni en la manipulación de la justicia para resolver diferencias políticas. La Asamblea Legislativa debe ser un espacio de deliberación seria, no un escenario para alimentar conflictos entre poderes. Y el Poder Judicial debe contar con todas las garantías para actuar con independencia, pero también con la obligación de evitar filtraciones, juicios paralelos y daños irreversibles a la honra de las personas.
El lawfare no se basa en la búsqueda de justicia, sino en el desgaste político. A través de denuncias infundadas, procesos judiciales prolongados y amplificación mediática, se pretende generar una condena social antes incluso de que exista una sentencia formal. Se vulnera así el principio de presunción de inocencia y se instala una cultura de sospecha que contamina el debate democrático.
Como diputado comprometido con la institucionalidad y con el fortalecimiento del sistema democrático, hago un llamado a la sensatez. No podemos permitir que la ley se convierta en un arma de revancha política. Debemos defender la justicia como principio, no como estrategia. Debemos proteger el debido proceso, garantizar el derecho a la defensa y evitar que la política se convierta en un juicio eterno en los medios de comunicación.
No podemos permitir que las habladurías mal intencionadas se conviertan en hechos fundamentales para establecer denuncias sin pruebas concretas y firmes solo con el simple hecho de culpar a inocentes, solo por el hecho de verlo como un “peligro político” para seguir cometiendo atropellos y bajezas.
La democracia costarricense se ha sostenido por la solidez de sus instituciones. Cuidarlas es tarea de todos. Y en tiempos de polarización, esa tarea se vuelve aún más urgente y necesaria, no debemos seguir permitiendo que el sistema se pudra por la ambición de poder de unos cuantos que no quieren a Costa Rica.
