Las escuelas unidocentes del país cumplen un papel importante y vital dentro de la educación costarricense, por ello su fusión o cierre debe de verse como una advertencia y no se puede tomar a la ligera, pues si bien la escusa es que disminuiría costos por estudiante para el MEP, debe prevalecer el principio del derecho a la educación de todas las personas menores de edad del país, como lo establece la Constitución Política en el artículo 78 el cual indica que “La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación”.
Además sobre el papel de estos centros de estudios en nuestro país, según explica un artículo de la Revista Educación del 2013 titulado, Las Escuelas Unidocentes en Costa Rica: Fortalezas y Debilidades: Las escuelas unidocentes constituyen una alternativa que permite a los niños y las niñas de comunidades rurales dispersas acceder a la educación, quienes de otra manera no tendrían la oportunidad de recibir la educación primaria completa, pues sus hogares están muy alejados de los centros de población.
Ahora bien, de la mano de la idea anterior y ante este panorama presentado por el MEP de “fusionar”, casi 800 centros educativos porque están a máximo 1km, uno de otro, cabe preguntarse, si se toma en cuenta la situación individual, familiar, social y económica de cada estudiante, pues estos centros obviamente funcionan en el país por una razón, que si están cerca uno de otro, nada tiene que ver con el recorrido que realizan los estudiantes para llegar a los mismos, pues por lo general estos centros, se encuentran en lugares de difícil acceso, costas, zonas fronterizas y lugares empobrecidos del país en donde los menores de edad en muchas ocasiones deben de caminar hasta horas para poder estudiar.
Por lo cual la propuesta de transporte me resulta totalmente inviable, pues personalmente conozco situaciones, en donde los estudiantes deben de trasladarse por terrenos en donde no hay acceso a transporte público, incluso por trillos y montañas para poder estudiar, muestra de su esfuerzo y dedicación (y la falta de inversión del Estado y el olvido sistemático que se da a estas zonas por no estar en el centro del país) por salir adelante y obtener un mejor futuro, sueño que con esta propuesta de fusión se podría ver truncado.
Pero el problema no son los centros unidocentes, es en mucha medida la falta de personal y de inversión por parte del MEP, pues si bien la educación de las escuelas unidocentes es realizada por una única persona, la cual tiene a su cargo todas las funciones del centro educativo, más allá de su fusión se debería procurar más bien su fortalecimiento y la incorporación de por lo menos un docente más para atender a la población estudiantil y sus necesidades, ante esto la idea de que el presupuesto para educación se baje a un 6% resulta absurda, cuando nos encontramos en medio de una crisis y un apagón educativo, en donde la inversión de la educación en el país debería ser una de las principales prioridades.
Pero esta propuesta de eliminar estos centros educativos, no es algo nuevo, detractores de la educación pública, la han venido promoviéndola desde hace años, ejemplo de ello son las palabras expresadas en el año 2020, por parte de la rectora de la ULACIT, Silvia Castro, la cual calificó como un «despilfarro», el salario de los docentes en las escuelas unidocentes.
De igual forma la rectora hizo hincapié en que «248 instituciones unidocentes existen en Costa Rica con menos de cinco estudiantes. ¿Cuánto cuesta la educación de cada uno de esos estudiantes, calculan ustedes?», cuestionó en ese entonces.
Ante esta pregunta y según la propuesta del MEP, sobre bajar dichos costos, solo queda por decir que la educación de nuestros jovenes no tiene precio, es un derecho fundamental el cual debe de estar al acceso de toda la población menor de edad del país, si queremos un futuro mejor para nuestras generaciones, la única forma de hacerlo es por medio de una educación de calidad.
Por lo cual cabe recordar lo expresado por el CONARE en el 2020, sobre los ataques a las escuelas unidocentes estos por lo general, “emanan desde el desconocimiento de la realidad de estas instituciones y se amparan en criterios económicos», situación que se ve plasmada hoy en día, al intentar disminuir los costos para el MEP, pero y ¿los costos económicos, sociales y de arraigo de los estudiantes y su familia en que parte de la balanza quedan?
Desde mi punto de vista personal, es primordial tomar en cuenta como el mismo Ministerio indica, la importancia que tienen estas escuelas, pues las mismas se fundamenta como una necesidad para el sistema educativo para la atención de las comunidades lejanas, en ellas se promueve el acceso, permanencia y el derecho a la educación.
Por lo tanto, no es una cuestión de ver cuanto podemos ahorrar, es la obligación del Estado de cumplir con un derecho fundamental establecido por nuestra Constitución Política.
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