La campaña electoral viene “jugándose” hace rato, aunque reciente y formalmente inició con la convocatoria al pueblo soberano para participar y votar el próximo 01 de febrero. Todo, en el marco de la añosa “partidocracia” en la que exhiben sus marcas los partidos, postulan candidaturas y divulgan programas de gobierno que casi nadie lee, apoyados en maniobras progandísticas para convencer a la apática ciudadanía, de ser la mejor respuesta a sus acumulados problemas por decenios.
Ese diseño político y electoral sigue teniendo un gran inconveniente: la mayoritaria y consolidada percepción negativa de la gente respecto a esas viejas agrupaciones partidarias, sus mensajeros, vacíos mensajes y dudosas propuestas de solución. Varios indicadores, entre otros, lo confirman.
El abstencionismo relativo promedio es del 34.5% en las últimas cinco (5) elecciones generales, sin incluir el más alto de las segundas vueltas cuando las hubo; 81% de la ciudadanía no siente ni tiene simpatía por las “instituciones” partidistas, a las que valora con 3.7%, mientras que el Legislativo sigue siendo el peor calificado de los poderes con 4.5%, en la escala de 0 a 10. Puede verse la encuesta del CIEP de setiembre en: https://ciep.ucr.ac.cr.
Ya es sabido que los partidos de siempre se afinan como máquinas electorales para acercarse al pueblo en cada proceso electoral, pero se “desconectan” de él luego de concluido, máxime si no alcanzaron representación parlamentaria. Ahora, si logran diputaciones accederán a deuda política, pero en la práctica no ha sido suficiente incentivo para una decente representación que procure legislación sustantiva, y sano control político a favor del sistema institucional.
Un pueblo cada vez más despierto, activo física y digitalmente, reclama a diario y con más intensidad a sus autoridades nacionales o locales, que cumplan las promesas, se comporten éticamente y rindan cuentas, sobre todo si no lo hacen.
El soberano no solo exige resultados – que es su derecho fundamental- sino que sabe identificar los problemas que le aquejan, principalmente ante la comprobada inconsistencia de los representantes para convertir en leyes y políticas públicas las ofertas de campaña.
Así, una parte del “juego democrático” cambió drásticamente, conforme lo hizo hace rato el sistema de partidos, hoy multipartidista, fragmentado y con preponderancia personalista, acompañado de gente más informada y sensata que demanda soluciones territoriales, sectoriales, nacionales y convencida de no tener que esperar cada ciclo electoral para escucharlas.
En efecto, aquella reciente encuesta del CIEP volvió a reflejar las principales cuestiones que según los consultados siguen afectando al país: inseguridad y delincuencia, corrupción, frágil ruta educativa, necesidad de reformas para sancionar el transfuguismo político y de judiciales para reducir la impunidad. Igualmente, resultó que las motivaciones más fuertes para votar en las próximas elecciones, fueron “cambiar” el legislativo y la constitución política.
Nótese, que en esos problemas subyacen preciados valores para la sociedad en su conjunto, como: la vida, salud, libertad, propiedad, educación, integridad, eficiencia y eficacia estatal en pro de la gobernabilidad. Así, una agenda pública que se precie de serlo advertiría tales asuntos, que un gobierno serio, responsable y tomador de decisiones sabría convertir en correctas respuestas institucionales.
Los débiles partidos y antiguas élites dejaron de ser los únicos actores con autoridad y capacidad, para llevar al Estado las cuestiones que merecen ser agendadas, procesadas y transformadas en políticas públicas, pues la población ya se organiza mejor para formular demandas desde su espacio social.
A esas legítimas valoraciones y profundos sentimientos del pueblo soberano, se suman los diagnósticos de distintos actores, importantes hallazgos y oportunidades viables de mejora. En concreto, abunda información útil y disponible sobre el estado del país, sin que además sea necesario el tradicional “impulso” de inconfesables agendas mediáticas.
Más que ruidosas promesas electorales en contextos de violencia y desinformación, existen insumos válidos para alimentar un rico debate, así como a una potencial agenda pública y de transformación. La ruta de trabajo se torna colectivamente reconocida y compartida; véanse estos ejemplos extraídos precisamente de la “conversación social”.
- Inseguridad, delincuencia e impunidad. Reclaman enmiendas constitucionales en la estructura y funcionamiento del sistema judicial, sus órganos policiales y de investigación; también, de alentar conocidas reformas penales sustantivas y procesales, incluida regulación precisa sobre beligerancia y juicio político.
- Corrupción pública y privada. Demandan rigor en las prohibiciones y sanciones de contratación pública, fortalecimiento de las auditorías en ética, ampliación de los sujetos obligados a rendir declaraciones juradas y su fiscalización, e incentivos reales por las denuncias de estos delitos.
- Baja calidad de la representación. Por ser un derecho fundamental, exige repensar el monopolio partidista, el actual modelo territorial y de elección indirecta de diputaciones, sus facilidades de deserción (transfuguismo), así como límites que impidan el “secuestro legislativo”.
- Administración Pública grande y Se demanda que sea ágil, coordinada, sujeta a un control razonable, proporcionado y que auspicie gobernabilidad, entre muchos órganos desconcentrados y vulnerables ministerios rectores.
Una escogencia sensata de diputaciones con vocación patriótica comprobada, permitiría construir y sostener en el 2026 una coalición parlamentaria capaz de mover la robusta agenda pública que reclama la CR de este siglo.
