Costa Rica entra en un nuevo ciclo electoral con una verdad que ya no se puede disimular: los problemas estructurales del país no se resolverán rebautizando partidos ni formando coaliciones que, en el fondo, repiten las mismas fórmulas que han mostrado su desgaste.
Durante décadas, distintas agrupaciones —tradicionales y emergentes— han impulsado un modelo con rasgos comunes: expansión del aparato estatal, crecimiento del gasto, más regulación y mayores cargas para quienes producen. Los resultados están a la vista: un déficit que no cede, una deuda pública que presiona cada presupuesto, un crecimiento económico insuficiente y una clase media que sostiene cada vez más peso sobre sus hombros.
No se trata de renunciar a la solidaridad ni al papel social del Estado. Costa Rica avanzó cuando supo equilibrar inversión social con responsabilidad fiscal, instituciones sólidas con eficiencia y políticas públicas con un sector productivo capaz de generar oportunidades. El problema surge cuando ese equilibrio se rompe y el país promete más de lo que puede financiar.
Cuando las reformas se postergan, los programas no se evalúan y la deuda se convierte en la salida recurrente, el modelo empieza a desgastarse. En ese punto, el discurso pierde credibilidad y el costo recae sobre trabajadores, emprendedores y pequeñas empresas que enfrentan trámites, cargas y un entorno que no acompaña su esfuerzo.
La experiencia internacional —y los propios números del país— muestran que ningún sistema puede sostener indefinidamente un esquema basado en déficit crónico, endeudamiento creciente y productividad estancada. La advertencia atribuida a Ronald Reagan sigue siendo pertinente: los modelos que dependen de gastar recursos ajenos terminan enfrentando límites inevitables. Cambiar nombres o reorganizar alianzas no altera esa realidad.
Costa Rica no necesita nuevos rótulos para viejas recetas. Necesita decisiones concretas: modernizar el Estado, eliminar duplicidades, evaluar programas por resultados, simplificar trámites que frenan la inversión, fortalecer la competencia y apoyar al sector productivo sin abandonar la protección de quienes más lo necesitan.
El debate nacional debe elevarse. El país requiere menos consignas y más responsabilidad. El futuro de Costa Rica no dependerá del nombre de un partido o de una coalición, sino de la voluntad real de corregir un modelo que ya mostró sus límites y que, si no se transforma, seguirá comprometiendo las oportunidades de las próximas generaciones.
