Disfrazar un nuevo impuesto bajo la obligación moral de ayudar al prójimo, más si se hizo de la forma más torpe y atolondrada, genera un mar de dudas cuando los costarricenses necesitan tranquilidad.
La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne el futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de un otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo.
Laurence Cornu, filósofa francesa
Nos corresponde hoy al sector político costarricense guiar a nuestro país por el camino óptimo para sortear quizás la crisis más aguda que hemos vivido desde la guerra civil de 1948.
Experimentamos un fenómeno mundial sin precedentes con gran impacto local que amenaza severamente la estabilidad y el bienestar de la sociedad costarricense como la conocemos.
El reto monumental de mitigar el impacto de la crisis causada por la pandemia del COVID-19 nos exige, ahora, a todos los que aceptamos el reto y la responsabilidad de ejercer un cargo público de desempeñarnos con capacidad plena de nuestras habilidades y dando el máximo esfuerzo por la honra de nuestra Costa Rica.
Al enfrentarnos cara a cara con la amenaza del virus, en un inicio logramos una sincronía entre los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo de la República para enfrentar el desafío. Visualizamos el objetivo común de sacar a nuestro país adelante y, por un breve momento, logramos priorizar el beneficio de nuestra nación por encima de cualquier motivación personal o partidaria. Logramos un trabajo en conjunto basado en la confianza de que cada grupo sería capaz de actuar de una forma determinada en beneficio de todos.
Sin embargo, la confianza, combustible y lubricante para impulsar el trabajo en equipo de manera desinteresada y solidaria, se ve reforzada o afectada en función de las acciones de las partes y el respeto de los valores en común.
El 26 de marzo, esa confianza se vio fuertemente golpeada por acciones que generaron dudas sobre el trabajo que realizan los representantes del Poder Ejecutivo. En esta fecha, los diputados y diputadas fuimos testigos de acciones disonantes y contradictorias con el espíritu del trabajo que veníamos realizando días atrás.
Las discrepancias entre las propuestas del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, la coordinadora del equipo económico y ministra de Planificación, Pilar Garrido, y el presidente de la República, Carlos Alvarado, no solo nos dejaron un sinsabor al evidenciar un accionar atropellado y con tintes desarticulados en las intenciones y objetivos del Ejecutivo. El hecho nos llenó de dudas de la forma en que serán puestas en práctica las propuestas elaboradas en conjunto por ambos poderes para salvaguardar a la población costarricense de los efectos devastadores de la lucha contra el COVID-19.
No es posible tener un presidente vacilante ante las propuestas de los miembros de su gabinete. No es posible que el mandatario contradiga a sus subalternos luego de darse cuenta de lo impopular de proponer un impuesto a los salarios, por más solidario que lo quiera pintar.
El 27 de marzo se desveló las intenciones verdaderas del equipo económico de esta administración: crear un nuevo impuesto que obligaría a los asalariados que sean suficientemente afortunados de todavía mantener un trabajo remunerado a financiar las acciones de salvamento del Ejecutivo con un presupuesto de unos 300.000 millones de colones.
El ejecutivo le pide a los trabajadores costarricenses que sean solidarios y acepten este impuesto, pero no es transparente en la manera que lo solicita, en indicar con absoluta claridad cómo se manejarán esos fondos y cómo se distribuirán entre los más necesitados.
Damas y caballeros que representan al Ejecutivo: este es el momento menos indicado para mostrar este tipo de accionar inconsistente y timorato si queremos conducir a Costa Rica a puerto seguro.
Como miembros del primer poder de la República, para los diputados es imperativo demandarles a los representantes del Ejecutivo transparencia y autenticidad en las intenciones de sus propuestas.
Por el bien del país, exigimos evidencias contundentes de que el Gobierno tenga claridad absoluta en sus planteamientos y que estos tienen el propósito inequívoco y primordial de escudar al país de las repercusiones económicas y sociales ante la crisis originada por el coronavirus.
Mostrarse ante el país como líderes dubitativos e inseguros hundirá a nuestra nación en un mar de dudas y, lejos de ver una posibilidad real de superar la crisis, sucumbiremos ante nuestros propios temores.
Tenemos un margen muy estrecho para evitar los errores en el manejo de esta crisis y no afectar profundamente a nuestro país. Lamentablemente, los hechos ocurridos este 26 de marzo es un retroceso importante en la dinámica de trabajo entre ambos poderes.
Como congresistas, exigimos que los miembros del gabinete recapaciten sus acciones y se haga el máximo esfuerzo por demostrarnos al Poder Legislativo y al país un interés genuino por restablecer la confianza entre las partes para seguir la urgente tarea de preparar al país para el impacto por la lucha contra la propagación del virus.
Nunca en la historia reciente de Costa Rica se le ha puesto un listón tan alto a los que aceptamos la responsabilidad de trabajar para encausar al país hacia la senda de la confianza y la prosperidad.
Costa Rica requiere de nosotros un esfuerzo extraordinario para navegar esta crisis. Este es el momento de mostrar la entereza de todo el gremio político y enviar el mensaje correcto hacia el ciudadano de Costa Rica. Es por ello que recalcamos la importancia de enviar señales claras de unidad y determinación en las filas de esta administración para retornar a un ambiente propicio para la negociación política de soluciones reales para el pueblo de Costa Rica.
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