El origen de la pobreza y del desempleo en Costa Rica es político, son decisiones políticas que le hacen perder al país oportunidades de generar un empleo digno a miles de familias costarricenses.
Pero no son decisiones políticas por un simple error, por falta de experiencia o cualquier otro motivo. Son decisiones políticas que se toman ya sea para beneficiar a amigos y familiares cercanos a quienes nos gobiernan, o que se obstaculizan y pierden proyectos porque tocan los intereses de amigos o familiares.
En el caso del atún, hace más de dos años y medio, inversionistas le propusieron al señor presidente construir una planta procesadora de atún que generaría 1.500 empleos directos y otros miles indirectos en Puntarenas y se le solicitó se le asigne una parte de la cuota atunera que el país tiene sin utilizar y es para pescar en aguas internacionales.
La redacción del decreto que fue publicado en enero denominado: “Reglamento para la asignación de la capacidad de pesca reconocida al Estado de Costa Rica en la Comisión Interamericana del Atún Tropical para su utilización por buques atuneros de cerco”, hace perder estos empleos de momento, debido a que se le asignaría la cuota atunera a los armadores dueños de barcos atuneros, que no invierten ni generan un solo empleo en el país. De hecho, desde enero del 2002, ni tan siquiera han descargado ni una sola tonelada de ese atún en nuestro país. Es decir, con un derecho de pesca de atún de Costa Rica, le estamos generando miles de empleos en otros países, mientras Puntarenas es la provincia más pobre del país.
¿Y esto a qué se debe? ¿Fue un error en la toma de decisiones? Pues no. Resulta que hay familiares de Casa Presidencial y una persona cercana que ganan asignando la cuota a esos barcos, y de esa forma proteger a otra empresa que domina el mercado nacional. Entonces, no se les puede tocar el negocio. Y eso impide que hoy vengan más plantas atuneras que generen miles de empleos en Puntarenas.
Eso se llama simplemente corrupción. Se llama gobernar y tomar decisiones para proteger los intereses de amigos y familiares. No se toman decisiones en base al deber de probidad que dictan nuestras leyes, ni en base a generar el mayor beneficio para los costarricenses.
Se dieron intentos de jerarcas del actual Gobierno de Carlos Alvarado, de querer solicitar 300 millones de colones a cambio de la cuota atunera para que la empresa invierta en la planta atunera. Como esas insinuaciones fueron ignoradas y por lo tanto rechazadas de plano, entonces el Gobierno redacta el decreto de forma tal que la empresa que propuso la inversión no pueda participar por la asignación de la cuota.
Es como funciona una mafia. Si usted no paga su coima, mordida, soborno, o como lo quieran llamar. Entonces usted en su territorio no puede hacer su negocio. Se reparten el país como una pulpería familiar, como si les perteneciera. Y luego se preguntan, el porqué del descontento de los costarricenses.
Este es solo un ejemplo, pero de seguro hay muchos otros proyectos que generarían miles de empleos a los costarricenses, que se perdieron por “falta de voluntad política” o porque los obstaculizaron, solo porque no se sobornaron altos jerarcas del actual Gobierno.
Tarde o temprano, tendrán que dar explicaciones. Y los costarricenses deberán saber que se perdieron miles de empleos porque la mafia gobernante no obtuvo su parte, no se les quiso sobornar.
Este es el verdadero origen de la pobreza en Costa Rica, es la corrupción. Lo de las reformas estructurales y todo eso, no es más que una justificación barata. Pero la realidad, es que muchos proyectos no avanzan y se pierden esos miles de empleos, si no se sobornan altos jerarcas del Gobierno.
No les parece cuestionable que, el ministro de Agricultura y Ganadería dijera en un decreto en enero del 2019 que en 3 meses publicaba el decreto con el reglamento de asignación de la cuota, ¿y que el mismo se publicara 2 años y medio después?
¿No les parece cuestionable que, el ministro de Agricultura y Ganadería vaya a asignar la cuota atunera después de las elecciones nacionales? ¿De forma que cualquier escándalo como ya sucedió durante su gestión respecto a este tema, no les pudiera afectar en las elecciones?
No importa que la Procuraduría General de la República afirmara que: “el ejercicio de su potestad de reglamentar la asignación de la cuota de acarreo de atún, el Poder Ejecutivo debe procurar, entre otros fines que la Ley le impone, el desarrollo de procesos industriales, ambientalmente sostenibles, que además promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra costarricense”.
No importa que el derecho al trabajo está consagrado en el art. 56 de la Constitución Política, que dice: “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada […]”. El art. 50 dispone que es obligación del Estado procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción.
No importa que existe una declaratoria de interés nacional del fomento de la industrialización del atún (plantas atuneras) en el art. 5 de la Ley de Pesca y Acuicultura Nº 8436.
No importa el deber de probidad establecido en el art. 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública – Ley Nº 8422 –, que indica que: “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias.”
Lo cierto es, que hoy después de dos años y medio de lucha, Puntarenas pierde 1.500 empleos directos y miles indirectos, porque no aceptó sobornar a altos jerarcas del Gobierno de Carlos Alvarado Quesada. Que, de forma cuestionable, han tomado la decisión política de asignar la cuota a los armadores dueños de barcos, que no invierten, ni generan un solo empleo en el país, y que, desde enero del 2002, no han descargado ni una sola tonelada de ese atún en el país.
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