Montesquieu enseñó una verdad que Costa Rica parece haber olvidado. La libertad sobrevive solo cuando un poder encuentra límites reales en otro poder. Esa idea no fue pensada para fabricar altares institucionales ni para crear castas intocables, sino para impedir el abuso, la arrogancia y la petrificación del mando. Sin embargo, durante demasiados años se cultivó alrededor del Poder Judicial una atmósfera de reverencia casi litúrgica, como si se tratara de un Olimpo tropical habitado por una élite togada de pureza presumida, situada por encima del juicio ciudadano. La realidad, que nunca cree en mitologías administrativas, terminó arrancándole el velo a esa fantasía. Lo que apareció no fue un templo de excelencia, sino una estructura fatigada, lenta, corporativa y cada vez más divorciada del país real. El bicentenario del Poder Judicial en 2026, lejos de un aniversario triunfal, llega con la institución paralizada y anquilosada por dentro y crecientemente cuestionada por la ciudadanía.
Conviene hablar sin incienso. La independencia judicial es indispensable, y nadie sensato pediría jueces domesticados ni tribunales subordinados al capricho del gobernante. Pero la independencia no es salvoconducto para la ineficacia, la autonomía no purifica la incompetencia, y la toga no convierte la mora en virtud. La Corte Plena no es una asamblea de oráculos autorizada para vivir de espaldas al siglo XXI mientras el país se desordena abajo.
Los datos son demasiado elocuentes para esconderlos. El Quinto Informe Estado de la Justicia (PEN, 2025) documentó que en 2023 el sistema acumulaba 718.257 casos en trámite, después de un pico superior a 826.000 asuntos pendientes en primera instancia en 2021. Un 69% de la población critica el funcionamiento del sistema judicial, un 71,9% cree que no se castiga a los culpables, y el 66% de las personas usuarias reprocha directamente la lentitud. Ni el narcotráfico, ni la prensa crítica, ni el agitador político fabricaron esas cifras. Las produjo el propio desempeño institucional.
La mora judicial no es una imperfección secundaria, es una falla de gobernanza con consecuencias políticas, sociales y morales. Una justicia que arriba tarde no llega intacta, llega exhausta y casi humillada por el calendario. Pierde potencia disuasiva, debilita la confianza pública, desgasta a las víctimas, envalentona al delincuente y transmite la sensación de que el Estado castiga con una mano lenta. El crimen organizado estudia al Estado, le mide los reflejos, le detecta los vacíos, y cuando advierte lentitud sistémica, la interpreta como oportunidad.
La calle habla un idioma más brutal que cualquier informe. El OIJ cerró 2025 con 873 homicidios, tercer año más violento de la historia del país, tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes y 78% de los casos cometidos con arma de fuego. San José, Puntarenas y Limón concentraron gran parte del fenómeno. Nadie serio sostendría que esta tragedia puede colocarse íntegramente sobre los hombros de jueces y magistrados. Pero también nadie serio debería absolverlos del todo.
El problema es de diseño y concentración de poder. El propio Informe Estado de la Justicia fue severo. Entre 2020 y 2023 la Corte Suprema pasó de conocer 665 a 1.112 asuntos administrativos, y el estudio concluyó que esa concentración excesiva compromete la independencia interna, reduce la transparencia y limita la eficiencia. La cúspide pretende abarcar demasiado, decidir demasiado, controlar demasiado. Cuando una cima quiere ser también ventanilla, gerencia y tribunal moral, lo que debería ser dirección estratégica se convierte en cuello de botella. Conviene recordarlo con nombres y fechas. El magistrado Jesús Ramírez acumula casi cuatro décadas en su cargo, Orlando Aguirre bordea los treinta y ocho años, y el país, entretanto, cambió tres veces de siglo emocional.
El propio presidente de la Corte, Orlando Aguirre, reconoció en la apertura del Año Judicial 2026 que la independencia sin resultados se vuelve vulnerable, y que los resultados sin independencia dejan de ser justicia. Esa admisión confirma que la crisis existe y no es invento de agitadores, es crisis de desempeño. Y cuando el desempeño colapsa, la crítica deja de ser irreverencia y se convierte en deber ciudadano.
Por eso el país no necesita cosmética, necesita cirugía republicana. No captura del Poder Judicial, que sería otra forma de demolición, sino reforma seria para volverlo eficaz, eficiente y efectivo sin entregarlo al vaivén partidario. Desconcentrar funciones y romper el atasco cortecéntrico. Reformar el sistema de nombramiento y reelección con límites temporales razonables, criterios objetivos y procedimientos transparentes (allí apunta precisamente el expediente 24.620 de reforma de los artículos 158 y 159 constitucionales). Revisar la designación del Fiscal General y de otros cargos decisivos, para que no dependan de rituales cerrados ni pactos opacos. Reconstruir la carrera judicial sobre mérito verificable, no sobre blindajes corporativos y acabar de una vez por todas con la reelección casi vitalicia de magistrados.
La coyuntura abre una ventana que no debe desperdiciarse. Dos tercios de los nombramientos de magistrados vencen entre 2026 y 2030. Esa oportunidad no puede servir para colonizar ideológicamente la justicia, sino para rescatarla de su petrificación. Sería un desastre sustituir un Olimpo corporativo por una sucursal del reparto político, pero también sería suicida dejar intacto un modelo ya agotado. Entre el sometimiento partidario y la autoconservación oligárquica existe un camino republicano. Independencia con control, autonomía con resultados, poder con límites.
Costa Rica no necesita un Poder Judicial ornamentado con solemnidad y protegido por un halo de superioridad moral putrefacto, necesita una justicia que funcione. Jueces y magistrados que entiendan algo elemental, aunque hoy resulte revolucionario. Servir a la República no es habitar un pedestal. Es rendir.
El viejo perfume del Olimpo se evaporó. Lo disiparon la mora, el formalismo, la inseguridad, la lentitud y esa peligrosa costumbre de confundir crítica con sacrilegio. La pregunta ya no es si el Poder Judicial debe reformarse, los hechos respondieron por él. La verdadera pregunta es si la Corte tendrá la lucidez de corregirse antes de que la ciudadanía termine de perderle el respeto, o si seguirá encerrada en su mármol envejecido, convencida de que todavía habla desde las nubes mientras el país real se desangra abajo.
Porque un poder judicial que se cree intocable pero no resuelve, que se cree superior pero no responde, que se cree oráculo pero no entiende el tiempo que vive, deja de ser reserva moral de la República y empieza a parecerse demasiado a lo que nunca debió ser. Una burocracia de élite, muy cara, lenta, ensimismada y peligrosamente desconectada del dolor nacional.
Y cuando eso ocurre, el Olimpo no inspira. Estorba. Y en un país acosado por el crimen, estorbar ya no es solo un pecado estético. Es una irresponsabilidad histórica.
