El presidente Rodrigo Chaves llegó al poder con un mensaje claro: poner orden en las finanzas públicas sin más impuestos y modernizar la economía costarricense. Pero el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, parece estar decidido a enterrar ese sueño, convirtiéndose en el arquitecto de políticas fiscales que podrían dinamitar no solo la economía, sino también la imagen del gobierno. El impuesto al SINPE es solo la punta del iceberg de una estrategia que huele más a socialismo trasnochado que a modernización económica.
Nogui Acosta fue designado como ministro de Hacienda al inicio del mandato del presidente Rodrigo Chaves. Su nombramiento generó cuestionamientos, ya que, entre las diversas opciones disponibles, el presidente optó por elegir al exviceministro de Ingresos del gobierno de Carlos Alvarado para liderar uno de los ministerios más importantes. Aún así, este nombramiento fue bien recibido por muchos, quienes, al tratarse de un economista, confiaron en que se centraría en aspectos técnicos y daría cumplimiento a la promesa presidencial de eliminar más de 100 impuestos. Sin embargo, ese no fue el caso.
Gravar las transacciones electrónicas a través de SINPE es un tiro en el pie para una economía que busca modernizarse y dejar atrás la informalidad. En lugar de promover el uso de herramientas digitales, este impuesto desincentivará la bancarización, fomentará el uso de efectivo, y con ello, la evasión fiscal y la economía informal. Es una política que no solo falla en lo técnico, sino que también ataca a los ciudadanos y pequeños emprendedores que confiaron en Chaves para proteger sus intereses.
El SINPE ha sido uno de los mayores avances en el sistema financiero costarricense. Ha universalizado el acceso a las transferencias bancarias, permitiendo a las personas realizar pagos de manera eficiente, segura y prácticamente gratuita. Gravar estas transacciones envía un mensaje peligroso: el gobierno prefiere penalizar a quienes optan por la formalidad en lugar de atacar las verdaderas raíces de la evasión fiscal y el despilfarro en el sector público.
¿Y quiénes sufrirán más? No serán las grandes corporaciones ni los altos ingresos, sino los pequeños emprendedores, los trabajadores informales y los ciudadanos de a pie, quienes han encontrado en el SINPE un refugio ante los abusos de Hacienda. Este impuesto es regresivo, penaliza la productividad y desincentiva la formalidad. Mientras tanto, quienes tienen mayores recursos simplemente encontrarán formas de evadir este impuesto utilizando alternativas financieras más sofisticadas. En otras palabras, este impuesto carga desproporcionadamente sobre los que menos tienen y recompensa a quienes ya tienen medios para esquivar sus efectos.
Las políticas de Nogui Acosta no son accidentales; son un patrón. Desde su intento de gravar las zonas francas hasta sus propuestas para empobrecer a las pymes, el ministro ha mostrado un preocupante desprecio por los principios de eficiencia y responsabilidad fiscal. En lugar de recortar privilegios y optimizar el gasto público, opta por la solución más fácil y dañina: cargar a los costarricenses con aún más impuestos. Curiosamente, estas políticas no están lejos del manual del Frente Amplio, ese partido de izquierda radical que se alimenta del intervencionismo estatal. ¿Es Nogui un socialista infiltrado en un gobierno que prometió ser diferente? Si no lo es, su agenda fiscal ciertamente lo hace parecer.
Aunque Rodrigo Chaves ha demostrado ser un líder inteligente y hábil en el manejo administrativo, su elección de equipo no ha sido la ideal. Ejemplos como el de la diputada Luz Mary Alpízar, quien llegó a la Asamblea Legislativa respaldada por Pilar Cisneros y el propio Chaves, solo para después traicionar su apoyo inicial, ilustran un patrón preocupante. El despido de Luis Amador, quien vendió a Chaves por ambiciones políticas personales, también expone una alarmante falta de lealtad en el círculo más cercano del presidente.
Nogui Acosta incluso se opuso al rebajo del marchamo y le insistió al presidente vetar la ley a pesar de que es una medida que terminó ayudando a miles de costarricenses con sus finanzas familiares. A pesar de que en un principio el presidente Rodrigo Chaves respaldó la posición de su ministro, finalmente no pudo sostener esa defensa. Presionado por el descontento público y el impacto político, el presidente terminó apoyando la ley con su firma, y sus diputados votaron a favor del rebajo.
Esto deja en evidencia no solo el aislamiento del ministro dentro del equipo gubernamental, sino también su desconexión con las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿entiende Nogui Acosta el daño que políticas como el impuesto al SINPE pueden causar? No solo comprometen la economía del país, sino que erosionan peligrosamente la credibilidad política de un gobierno que prometió ser diferente.
Promover este tipo de políticas parece más un sabotaje interno que un aporte genuino al proyecto de gobierno. Costa Rica NO necesita más impuestos absurdos que penalicen la productividad y la formalidad. Lo que necesita es una gestión responsable de los recursos existentes. En lugar de buscar recaudar más a costa de los ciudadanos, el gobierno debería enfocarse en:
- Reducir el tamaño del Estado, fusionando o cerrando instituciones innecesarias y enfocando los recursos en áreas
- Recortar el gasto público, eliminando privilegios salariales y gastos innecesarios en instituciones y dependencias
- Eliminar el exceso de trámites y regulaciones, creando un entorno empresarial más ágil y atractivo para nuevas
- Simplificar y reducir los impuestos, eliminando tributos distorsivos y bajando la carga fiscal para ciudadanos y
- Promover la digitalización y la formalidad, incentivando el uso de herramientas como SINPE en lugar de castigarlas con
- Privatizar empresas estatales ineficientes y aperturar monopolios, abriendo sectores estratégicos a la inversión privada para mejorar la calidad y reducir
- Flexibilizar el mercado laboral, permitiendo acuerdos más libres entre empleadores y empleados y facilitando la contratación.
- Garantizar la propiedad privada, fortaleciendo la seguridad jurídica para fomentar la inversión y la confianza en el país.
El impuesto al SINPE no solo carece de fundamento técnico, económico y político, sino que representa un grave error estratégico. Si no se corrige a tiempo, sus efectos no sólo dañarán la economía nacional, sino que también erosionan la confianza en un gobierno que llegó al poder prometiendo ser diferente. Lejos de recortar el gasto público y optimizar los recursos, Nogui Acosta parece centrado en aumentar la presión fiscal, ignorando los principios básicos de eficiencia y responsabilidad administrativa.
Si el presidente desea retomar el rumbo y recuperar la confianza ciudadana, debe reevaluar no solo las políticas que su equipo implementa, sino también a las personas que las diseñan. El impuesto al SINPE no es solo un desacierto económico; es un ataque a la credibilidad de un gobierno que aún tiene la oportunidad de marcar un antes y un después en la historia de Costa Rica.
