Todos sabemos que la decisión de la Asamblea Legislativa para volver a implementar la pesca de arrastre no fue técnica, fue política.
Sabemos también que la política es un juego de poder, donde quien consigue primero sus intereses antes que los colectivos gana.
De ahí que no nos extrañemos si el presidente no veta el decreto legislativo 21.478, y que el diputado de las croquetas para gatos está diciendo la verdad y el presidente le prometió no vetarlo.
Pero bueno, ¿qué hay detrás de la pesca de arrastre?
Basta con prestar atención a los discursos de quienes defienden esta técnica aún y cuando no cuenta con estudios técnicos ni científicos que demuestran su sostenibilidad. De ahí que el Transitorio II del proyecto aprobado otorgue un plazo de 1 año improrrogable al INCOPESCA para realizar estudios que sí cumplan con criterios técnicos y científicos de previo a la renovación u otorgamiento de licencias.
Los estudios pendientes deben demostrar la sustentabilidad de la pesca, valorar la afectación a otros sectores, como pescadores artesanales y turismo deportivo, evaluar el impacto ambiental sobre el ecosistema aún cuando se utilicen dispositivos excluidores de tortugas y peces, analizar el estado de la biomasa y disminución significativa de la captura incidental de la fauna de acompañamiento, entre otros aspectos. Así que, quienes afirmen que votaron positivo el proyecto porque cuentan con crierios técnicos suficientes no hacen más que expresar un anhelo.
Hasta la Procuraduría General de la República llamó la atención sobre la insuficiencia de estos, mientras la Sala omitió el análisis al indicar que se requería un control de legalidad y no de constitucionalidad. Por lo que, quienes afirmen que lo estipulado por la Sala es santa palabra, se equivocan, ya que la propia Sala indica que si se hiciera un control de constitucionalidad, el resultado podría ser diferente. Así que, esperemos la acción de incostitucionalidad si el presidente no veta el decreto.
Hablemos del plazo de 1 año, INCOPESCA y el MAG fueron contundentes en expresarle a los diputados la necesidad de ampliar el plazo a 2 años, esto dada la complejidad de dichos estudios. Por lo que, quienes votaron a favor del proyecto en pro del respeto a la institucionalidad, olvidaron que el ente competente para realizar los estudios es INCOPESCA y convenientemente decidieron que la institucionalidad sólo cubre lo que dice la Sala Constitucional.
Llevamos dos aciertos: el proyecto de ley aprobado no cuenta con los criterios técnicos ni científicos suficientes ni con el plazo necesario para la realización de estos.
Hablemos del gol atrás del proyecto, la creación de una figura que no existe en la Ley de Pesca, y es que el Transitorio I dispone que se otorgarán “licencias temporales” para efectuar “pruebas y estudios cientificos en el mar”.
Esta figura lo que hace es abrir un portillo para que los camaroneros que realicen la investigación puedan vender la captura generada dentro de un proceso de investigación estatal, sin pasar por el procedimiento del INCOPESCA, incumpliendo el artículo 18 de la Ley de Pesca.
De conformidad con este artículo lo que debía haberse otorgado era un permiso para “pesca con fines exploratorios”, figura la cual obliga a que en caso de existir captura esta deberá ser entregada a INCOPESCA para que la comercialice o la done; adquiriendo INCOPESCA, ojo, no los camaroneros, las ganancias producidas por la venta.
El problema detrás de esta figura, que se crea, es la posibilidad de que se realice una explotación previa sin contar con los estudios técnicos y científicos que garanticen su sostenibilidad.
Ahora, demosle play a los discursos de quienes votaron a favor bajo la excusa de que los estudios no costarán nada porque los camarones pondrán sus barcos. Claro, con la oportunidad de obtener ganancias antes de tiempo y sin importar que la técnica sea sostenible o no, ¿quién no va a estar dispuesto a poner su barquito?.
Lamentablemente se les olvidó decir que aunque los camaroneros pongan sus barcos, los estudios seguirán costando los casi ¢3 mil millones de colones porque se necesita personal, por ejemplo: biológos.
Probablemente también se les olvidó que la pesca de arrastre se estaría implementando en toda la zona económica del Océano Pacífico, una zona un poquito más grande que la piscina Maria del Milagro París.
Ahora toquemos el discurso socioeconómico, la pesca de arrastre es una solución cortoplacista, en donde el empleo que se genera es un empleo precarizador, sin garantías sociales, laborales, que genera desigualdad y feminiza la pobreza.
Tan fácil como saber que los dueños de las licencias de pesca ganan en promedio casi ¢3 millones de colones, mientras que las peladoras de camarón ¢98 mil colones mensuales, 37 veces menos.
En lo que respecta a los empleos directos, la pesca de arrastre según un estudio de la UNA, cuando estuvo vigente generaba 590 puestos directos, mientras que los pescadores artesanales sumaban 14 mil, hoy tenemos alrededor de 16mil. Asi que el discurso de quienes están a favor porque “combate” la pobreza suena más a no tener otra solución qué no sea un camarón, eventualmente croqueta.
Sumamos dos aciertos más: los estudios implicarán un desembolso importante por parte del Estado, aunque el camaronero ponga su barquito y los pescadores artesanales sufrirán mientras unos cuantos arrasan con su sustento diario.
En un país sin ruta económica, con una alta tasa de desempleo, una crisis social y falta de liderazgo, aprobar la pesca de arrastre es un intento desesperado por pasar a las manos de unos cuantos la poca riqueza que nos queda.
La respuesta a la pregunta ¿qué hay detrás de la pesca de arrastre? la tendremos en unos días, en unos meses o en las proximas candidaturas presidenciales, porque si hay algo más fuerte que el hambre en las costas o en un país, es el hambre electoral, que no sólo pone en riesgo al medio ambiente, sino que está dispuesta a sacrificarlo.
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