El Programa Estado de la Nación en Costa Rica (PEN), tiene alrededor de dos décadas de realizar investigaciones sobre la situación general del país, la sociedad y la educación. Su labor es la de un verdadero apostolado, en el desierto de la indiferencia política e institucional costarricense. Sus investigaciones deberían ser insumos de consulta obligatoria para la toma de decisiones.
Como parte de estos estudios se ha logrado demostrar el limitado desarrollo de las regiones alejadas del centro del país, lo cual viene a confirmar la tendencia típica de América Latina, en el que las políticas públicas usualmente han sido ineficaces o insuficientes para atenuar la desigualdad entre la región central y las regiones periféricas, en vista que históricamente los gobiernos han privilegiado el desarrollo del centro del país (GAM).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), durante el proceso de incorporación de Costa Rica, indicó que: “la desigualdad ha aumentado desde mediados de la década de 1990 a niveles altos, esto de conformidad con los estándares de la organización. Es un claro contraste con muchas otras economías latinoamericanas, que recientemente han progresado de manera significativa en la reducción de la desigualdad y la pobreza”. (OCDE, 2016) La brecha entre el ingreso que perciben los hogares más ricos de la región latinoamericana y los más pobres se recortó entre los años 2002 y 2016, mientras que en Costa Rica la desigualdad más bien se acrecentó en esos años, lo cual debe ser alarmante para las autoridades del país.
Se refleja inexorablemente el aumento de la desigualdad en Costa Rica, según se desprende de los diversos estudios del Programa Estado de la Nación (PEN), en el quinquenio 2010-2015. El aumento en la desigualdad (medida con el coeficiente de Gini) se originó sustancialmente en tres fuentes de ingreso: las ganancias de los empleadores, los salarios de los trabajadores calificados y las pensiones contributivas. La pobreza total aumentó 1,7 puntos porcentuales entre 2013 y 2014. En este último año afectó a un 22,4% de los hogares, mientras que la pobreza extrema se mantuvo sin cambios significativos, en 6,7%. Se afianza la transformación del mercado laboral según clases sociales. En los últimos veintisiete años el empleo que más creció fue el relacionado con actividades especializadas y de administración de procesos, mientras que el asociado a trabajos manuales (clases obreras) se contrajo. Actualmente, las clases intermedias y de medianos empresarios y profesionales constituyen el grupo de mayor peso relativo (PEN, 2015, p.38).
El país claramente ha retrocedido en materia social, el aumento de la pobreza y en general la desigualdad galopa sin control. Las políticas públicas no llegan de forma eficiente a las personas que realmente lo necesitan. El país invierte de manera vigorosa pero desordenada en materia de asistencialismo social. El presupuesto nacional en la parte social es fuerte, pero a la vez es absolutamente ineficiente: gran parte se va en gastos administrativos y otra gran parte no llega a las personas más necesitadas. Urge una reforma integral en el asistencialismo y apoyo social del estado, hoy disgregado entre muchas instituciones, sin control y sin visión de integralidad, además con el negro pecado de ofrecer limosna a las familias en pobreza, en vez de buscar enseñarles a salir adelante por sí mismos.
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