Hace unas semanas recibimos en la Asamblea Legislativa el informe anual de la Defensoría de los Habitantes. Se trata de un amplio y detallado documento que retrata con bastante claridad el estado de cumplimiento de las instituciones públicas de la institucionalidad pública en cuanto a la atención de sus obligaciones con la ciudadanía costarricense.
Del Informe rescato dos casos específicos por cuanto tienen que ver con el combate a la pobreza y la prestación de los servicios públicos en forma eficiente y apegada a costos reales, es por ello que me concentro en las dos instituciones que tienen bajo su responsabilidad estos temas.
Con relación al IMAS, la Defensoría señala una preocupante carencia de datos en las estadísticas de la atención que brinda el IMAS versus la demanda real. Existe un grupo de familias que debería ser usuaria del IMAS pero la institución no logra acercarse a ellas. Ello es preocupante pues es conocido que las familias en pobreza extrema son las que tienen mayor dificultad de accesar a las instituciones.
También hay una importante ausencia de evaluación de resultados. Las nuevas autoridades han decidido implementar nuevos programas de trabajo sin tomar en cuenta los resultados positivos de programas que se han venido ejecutando, entre ellos la Red de Cuido que es fundamental para la incorporación de la mujer al mundo laboral. En forma especial nos preocupan las grandes diferencias que existen entre el ámbito rural en donde la pobreza y el desempleo son mucho más altos que en el ámbito urbano.
Dada la situación, cabe destacar y suscribir las recomendaciones que realiza la Defensoría que abarcan profundizar en el análisis, comprensión y atención de las condiciones de las personas en situación de pobreza con enfoque multidimensional, intersectorial, regional e interinstitucional; diseñar mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados e impactos, de corto y mediano plazo, de las acciones estatales dirigidas a reducir la pobreza en todas sus dimensiones; revisar y replantear dos de los pilares de la política pública que más impactan en las condiciones de vida de las personas en el corto y largo plazo, y que parecen no estar dando los resultados deseables: educación y vivienda. Así como diseñar un verdadero Sistema para la Protección Social que tenga a la cabeza un ente rector, encargado de dictar las políticas públicas y del proyecto-país que se requieren para alcanzar el cumplimiento de las metas propuestas.
En lo que a ARESEP respecta como institución encargada de fijar las tarifas públicas, la Defensoría revela una compleja situación que incide en el modelo de regulación tarifaria nacional.
Señala que se debe mejorar el sistema de audiencias públicas y las condiciones para la participación ciudadana, pues se debería establecer expresamente en la ley que toda la información relacionada con las propuestas en discusión, sea puesta a disposición de las personas interesadas en la misma fecha en que hace la publicación de la convocatoria a audiencia pública en los medios de circulación nacional. Asimismo que se debe revisar y corregir el concepto de “fijaciones tarifarias extraordinarias”, dado que la experiencia ha demostrado que esa expectativa de ajustes “extraordinarios” prácticamente garantizados por la aplicación semestral de los modelos automáticos, hace que algunas empresas no se sometan a revisiones ordinarias de tarifas. Tal ha sido el caso de empresas autobuseras, taxis y hasta RECOPE.
Además, la Defensoría recomienda eliminar la obligatoriedad de que ARESEP utilice “modelos de ajuste automático” y desvincular el uso de éstos de la figura de las fijaciones extraordinarias; lo anterior dado que utilización indiscriminada de modelos automáticos ha sido uno de los elementos que más ha contribuido a la pérdida de credibilidad en ese ente y a la pérdida de interés de las y los usuarios en participar en las audiencias públicas. Todo esto, al tiempo que señala que debe otorgársele al Regulador General la potestad de reducir o rechazar tarifas por razones de calidad del servicio, siendo este un reclamo permanente de las y los usuarios, particularmente de los usuarios de autobuses, que ven aumentar sus tarifas a pesar de comprobadas deficiencias en el servicio.
Si bien ambas instituciones responden a objetivos y naturalezas distintas, ambas tienes una incidencia directa en la calidad de vida de la población costarricense y especialmente en los sectores más vulnerables de la población. Si los esfuerzos por el combate a la pobreza no encuentran una pronta articulación que los haga inmunes a los vaivenes políticos y al máximo aprovechamiento de los recursos, seguiremos por un camino que irónicamente gasta sin atender las causas multidimensionales que mantienen a buena parte de la población atravesando injustos obstáculos para atender sus necesidades básicas. Mientras tanto, si no entramos en la urgente discusión de reformar el actual sistema de regulación de tarifas, se seguirán golpeando los bolsillos con aumentos en servicios básicos que no garantizan calidad y correcta prestación de los mismos.
La tarea es ardua, pero es nuestra obligación brindar condiciones de justicia social para toda nuestra población.