A lo largo de su historia republicana, Costa Rica ha enfrentado numerosas crisis económicas, políticas y sociales. Sin embargo, pocas decisiones han sido tan determinantes para su desarrollo como aquella que tomó desde sus primeros años de vida independiente: confiar en la educación como principal instrumento para construir una nación.
Cuando el país alcanzó su independencia en 1821, heredó escasos recursos materiales, una población dispersa y una limitada infraestructura institucional. No poseía grandes riquezas mineras ni extensos centros urbanos capaces de impulsar un crecimiento acelerado. Frente a esas limitaciones, los dirigentes de la época comprendieron que la verdadera riqueza de la nación debía encontrarse en la formación de sus ciudadanos.
Desde entonces comenzó a forjarse una visión de largo plazo que distinguió a Costa Rica del resto de América Latina. Mientras muchos países de la región invertían enormes recursos en conflictos armados, caudillismos o disputas territoriales, Costa Rica apostaba por la creación de escuelas, la formación de maestros y la expansión de oportunidades educativas.
Uno de los momentos más trascendentales de esa historia ocurrió durante la administración de Jesús Jiménez Zamora, cuando la educación fue elevada a una prioridad nacional. Aquella decisión política representó mucho más que una reforma administrativa. Significó reconocer que el progreso de una sociedad dependía de la capacidad de educar a sus habitantes y de garantizar que el conocimiento llegara a todos los rincones del territorio.
Posteriormente, el país consolidó ese compromiso al establecer la educación como gratuita, obligatoria y financiada por el Estado. Se trató de una de las decisiones más visionarias de nuestra historia republicana. La escuela pública se convirtió en un espacio de integración social donde podían coincidir niños de distintos orígenes económicos bajo una misma aspiración de movilidad y progreso.
Durante décadas, esa apuesta rindió frutos extraordinarios. La alfabetización avanzó de manera sostenida, el acceso a la educación se amplió y el país comenzó a construir una sólida reputación internacional. Costa Rica empezó a ser reconocida como una nación donde el conocimiento era valorado y donde la educación constituía un elemento central de la identidad nacional. La segunda mitad del siglo XX profundizó ese camino. La creación y fortalecimiento de las universidades públicas permitió formar generaciones de profesionales que contribuyeron al desarrollo económico, científico y cultural del país. A ello se sumó la labor del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), concebido para preparar técnicos especializados y responder a las necesidades productivas de una economía en transformación.
El modelo educativo costarricense se convirtió entonces en motivo de orgullo nacional. La abolición del ejército en 1948 fortaleció aún más esa imagen. Costa Rica se presentaba ante el mundo como una democracia que había sustituido los cuarteles por las aulas y las armas por los libros. Era una nación pequeña, pero con una enorme confianza en el poder transformador de la educación. Con el paso del tiempo, ese compromiso llegó incluso a plasmarse en la Constitución Política mediante la garantía de una inversión equivalente al 8% del Producto Interno Bruto para la educación pública. Dicha disposición reflejaba una convicción histórica profundamente arraigada: la educación no debía verse como un gasto, sino como una inversión estratégica para el desarrollo nacional.
Sin embargo, resulta inevitable plantear una pregunta incómoda.
¿En qué momento comenzamos a apartarnos de esa visión?
¿Cuándo dejamos de considerar la educación como la principal herramienta de desarrollo y empezamos a percibirla como una carga presupuestaria?
Las respuestas no son sencillas. No existe una fecha exacta ni un acontecimiento único que explique el cambio. Se trata más bien de un proceso acumulativo que ha ocurrido durante varias décadas. Poco a poco, la educación dejó de ocupar el centro del debate nacional. Las discusiones sobre calidad, innovación, investigación y excelencia fueron desplazadas por disputas burocráticas, restricciones fiscales y decisiones de corto plazo.
Mientras otros países avanzaban agresivamente en la incorporación de nuevas tecnologías, en el fortalecimiento de las competencias científicas y en la formación de capital humano altamente especializado, Costa Rica comenzó a mostrar señales preocupantes de estancamiento. Los resultados educativos empezaron a deteriorarse. Las brechas entre regiones aumentaron. Miles de estudiantes enfrentaron dificultades para concluir sus estudios. La pandemia evidenció desigualdades que ya existían y que no habían sido resueltas oportunamente. La educación dejó de ser una prioridad nacional compartida para convertirse, con frecuencia, en un tema de confrontación política.
El problema no radica únicamente en los recursos económicos. También existe una crisis de visión. Como sociedad, hemos perdido parte de la claridad estratégica que caracterizó a las generaciones que construyeron el sistema educativo costarricense.
Durante gran parte de nuestra historia, la educación fue entendida como una inversión cuyos beneficios se manifestaban décadas después. Hoy predominan, en muchos sectores, perspectivas enfocadas en resultados inmediatos y ciclos políticos de corto alcance. Esa lógica es incompatible con la naturaleza misma de la educación, cuyos frutos requieren tiempo, continuidad y compromiso.
Quizá por ello la pregunta más importante no sea cuándo perdimos el liderazgo educativo en América Latina, sino cuándo dejamos de luchar por conservarlo. Porque hubo un tiempo en que Costa Rica era referencia regional. Nuestros indicadores de alfabetización, cobertura educativa y acceso a la educación superior eran observados con admiración. Nuestro sistema educativo constituía un modelo para muchas naciones del continente. Recuperar esa posición exige algo más que diagnósticos. Requiere voluntad colectiva.
Ha llegado la hora de impulsar un gran Pacto Nacional por la Educación, capaz de convocar al Estado, las universidades, el sector productivo, las organizaciones sociales, las comunidades y las familias. Un acuerdo nacional que trascienda los gobiernos y establezca objetivos comunes para las próximas décadas. Ese pacto debe orientarse a fortalecer la calidad educativa, reducir desigualdades territoriales, modernizar la formación docente, impulsar la investigación científica, ampliar la educación técnica y garantizar que cada niño y joven tenga acceso a oportunidades reales de aprendizaje.
La educación debe volver a ocupar el lugar estratégico que tuvo en los momentos más exitosos de nuestra historia. No se trata únicamente de mejorar indicadores. Se trata de recuperar una visión de país. Las generaciones que nos precedieron comprendieron que la educación era la mejor inversión que podía realizar una nación pequeña con grandes aspiraciones. Gracias a esa convicción construyeron una democracia sólida, promovieron la movilidad social y generaron condiciones de desarrollo humano reconocidas internacionalmente. La Costa Rica del siglo XXI enfrenta desafíos distintos, pero la respuesta continúa siendo esencialmente la misma:
Si queremos prosperidad, necesitamos educación.
Si queremos competitividad, necesitamos educación.
Si queremos democracia, necesitamos educación.
Y si aspiramos a recuperar el liderazgo que alguna vez distinguió a Costa Rica en América Latina, debemos volver a creer en aquello que hizo posible nuestra historia: la capacidad de transformar el futuro a través del conocimiento.
Porque las naciones que invierten en educación construyen generaciones. Una nación que aspira a la prosperidad y la felicidad de sus habitantes debe contar con una política robusta y de largo aliento en educación, donde ésta no se vea como un gasto, sino como una inversión. Pero también donde los recursos públicos sean utilizados de la mejor manera, con inteligencia y eficiencia.
Las naciones que renuncian a esa aspiración o simplemente sin darse cuenta dejan de hacerlo, hipotecan su destino.
