La reciente subasta de frecuencias de radio y televisión dejó expuestas, sin maquillaje ni discursos que lo oculten, las contradicciones más profundas del gobierno de Rodrigo Chaves. Lo que se presentó como un proceso técnico terminó siendo una verdadera pelada: improvisado, excluyente y diseñado sin tomar en cuenta la realidad de los medios locales, regionales y comunitarios que sostienen la comunicación en gran parte del país.
Lo sorprendente —o tal vez ya no tanto— es que esta vez nadie se quedó callado. Desde emisoras históricas hasta proyectos independientes, pasando por canales regionales, emprendedores del sector y emisoras religiosas, todos coincidieron en que el proceso no solo fue costoso, sino injusto y desconectado de las condiciones reales del mercado. Y este tema seguirá dando de qué hablar, porque golpea directamente a quienes menos margen tienen para soportar decisiones así.
Los precios de base hablan por sí solos: $386.000 por una frecuencia nacional FM digital y $1,6 millones por un canal nacional de televisión. Con estos números, solo los grandes pueden competir. Para los pequeños, la ecuación es imposible. No sorprendió que emisoras con trayectoria, como Columbia, decidieran no participar por considerarlo “exorbitante”. Si un medio con décadas de historia queda fuera, ¿qué queda para los proyectos más modestos?
En lugar de democratizar el espectro, la subasta terminó cerrándolo aún más. No abrió puertas: las cerró en favor de quienes más tienen. Y con eso, inevitablemente, se limita también la libertad de expresión. Muchas voces quedaron fuera del juego, y con ellas se apaga una parte de la memoria cultural del país. Programas tradicionales, como La hora de los novios, y emisoras que acompañaron generaciones enteras, quedarán solo en el recuerdo. Se pierde diversidad, se pierde identidad, se pierde pluralidad.
Aun así, se insiste en que el proceso “abre oportunidades”. Pero oportunidades no hay cuando las reglas están hechas para que solo algunos puedan jugar. Lo que sí logró esta subasta fue unir a sectores muy distintos en una misma crítica. Iglesias, medios regionales, periodistas, emprendedores y figuras que usualmente se mantienen fuera de estos temas salieron a cuestionar el procedimiento. El mensaje es claro: no se puede hablar de avance si las decisiones dejan atrás justamente a quienes necesitarían apoyo.
Y lo más llamativo es la contradicción con el discurso político nacional. Mientras la candidata presidencial Laura Fernández habla públicamente de apoyar a los emprendedores, esta subasta hace exactamente lo contrario: pone contra la pared a los pequeños, a los locales, a los que no pueden competir en una puja millonaria. ¿Cómo se puede prometer respaldo a los emprendedores y, al mismo tiempo, permitir un proceso que los excluye desde el primer minuto? La incoherencia es tan evidente que el propio presidente tuvo que salir a “corregir declaraciones” y convocar reuniones de emergencia con emisoras religiosas. Pero cuando la indignación ya estalló, las correcciones llegan tarde.
Al final, es evidente quién gana y quién pierde. Los grandes conglomerados salen fortalecidos: tienen la capacidad económica para competir y asegurarse las mejores opciones. Los pequeños, en cambio, quedan en riesgo de reducir operaciones, despedir personal o cerrar. ¿Puede un país hablar de pluralidad y democracia mediática cuando el espectro se entrega al mejor postor? La respuesta cae por su propio peso.
Esta subasta deja en claro que demasiadas decisiones del gobierno se toman sin medir consecuencias, sin escuchar al sector y sin comprender la realidad de quienes construyen comunicación desde lo local. El resultado es una gran pelada nacional y una muestra más de que este gobierno, muchas veces, actúa por ocurrencia antes que por planificación.
Y ahora, los sectores afectados —los mismos que han sostenido por años la comunicación y el tejido social del país— están más que dispuestos a hacerse escuchar.
Que esta pelada no sea un final, sino un punto de partida. La reacción unida de medios locales, comunitarios y regionales demuestra que las voces pequeñas también tienen fuerza cuando se organizan. Este episodio deja claro que la diversidad mediática es esencial para la democracia, y que vale la pena defenderla. Ahora, quienes han sostenido por años la comunicación del país están más decididos que nunca a hacerse escuchar, y el país tiene la responsabilidad de escucharlos.