El 1 de mayo de 2026 la nueva Asamblea Legislativa abrió sus puertas con una correlación de fuerzas que ningún análisis serio puede despachar como accidente. Pueblo Soberano obtuvo 31 de las 57 curules y Laura Fernández llegó a la Presidencia con un respaldo superior al millón tres cientos mil votos. El mensaje de las urnas fue directo y políticamente incómodo para quienes confunden la democracia con la obligación ajena de darles la razón. En ese escenario reapareció el Frente Amplio con siete diputados, ni uno más ni uno menos, actuando como si hubiera recibido un mandato constituyente cuando lo que obtuvo fue una representación minoritaria, legítima pero minoritaria al fin.
La distinción importa. La oposición tiene todo el derecho de fiscalizar, cuestionar y denunciar. Lo que no tiene es licencia para desconocer, por la vía de la retórica barata, el mandato popular que no le favoreció. Y ahí comienza el problema, porque el Frente Amplio no se comporta como una oposición técnica y republicana, sino como una orden monástica de la indignación permanente, convencida de que el país no votó bien porque no votó por ellos. Curiosa manera de amar al pueblo, esa de venerarlo cuando aplaude y regañarlo cuando elige distinto.
La alianza de los derrotados
El primer acto político de la oposición fue una fotografía digna de archivo. El PLN, el Frente Amplio, el PUSC y el PAC en forma de Coalición Agenda Ciudadana, anunciaron una alianza de 26 diputados frente al oficialismo. Allí estaba José María Villalta, flanqueado por los herederos del bipartidismo que durante años su partido denunció como responsable de casi todos los males nacionales. La izquierda que decía combatir el viejo régimen terminó dándole la mano al viejo régimen, con la naturalidad de quien cambia de enemigo según convenga la coyuntura.
La palabra democracia, en su boca, terminó convertida en un paraguas retórico bajo el cual cabe todo, bloquear, atrasar, victimizarse y presentar cada desacuerdo como amenaza existencial. Pero conviene recordar algo elemental. La democracia no es el mecanismo por el cual gana mi partido, sino el sistema por el cual acepto que puede ganar otro. Pueblo Soberano ganó y una mayoría parlamentaria fue electa. Resistirse a ese dato no es heroísmo cívico, es mala digestión electoral. Y duele todavía más cuando se invoca el nombre de José Merino del Río, aquel fundador del Frente Amplio, que fue ideólogo y catedrático, pero sobre todo un caballero que jamás puso su interés personal por encima del pueblo. Merino tenía estatura. Sus herederos tienen micrófono prestado.
La ideología de alquiler
El Frente Amplio se presenta como partido ambientalista, feminista, abortista y defensor de los derechos humanos. El problema no es que defienda esas causas, sino que las administra de forma tan selectiva e instrumental. Su ambientalismo aparece con dramatismo cuando hay cámaras y oportunidad de golpear al gobierno. Crucitas es el ejemplo perfecto. Durante años la minería ilegal devoró el territorio y exhibió la impotencia del Estado, pero cuando el gobierno propone una ruta para ordenar ese caos, la respuesta es el reflejo automático del no. Mientras predican pureza ambiental desde Cuesta de Moras, el oro sigue saliendo por las manos de quienes no piden permiso ni pagan impuestos. Posan como guardianes del bosque mientras el bosque lo saquean otros.
Con la economía ocurre lo mismo. Ante cualquier iniciativa de modernización productiva, alianza público-privada o esquema para atraer inversión, la respuesta es un rosario de objeciones envueltas en lenguaje técnico pero destinadas al mismo altar, impedir que algo cambie. La crítica rigurosa es necesaria, el sabotaje doctrinario es otra cosa. El país necesita carreteras, seguridad, empleo y reglas modernas, y eso no se resuelve con comunicados ni con una épica sindical de museo trasnochada.
Siete curules y mucho ruido
La aritmética conviene mirarla sin tapujos. El Frente Amplio obtuvo solo 313.868 votos legislativos en todo el país, una cifra respetable que sin embargo palidece frente al mandato recibido por el oficialismo. Y al bajar al detalle provincial el retrato se vuelve revelador. De sus siete curules, cuatro llegaron por residuo, la tercera de San José, la segunda de Alajuela, la de Cartago y la de Heredia. Buena parte de esa bancada no es producto del golpe mayoritario del electorado, sino de la mecánica del sistema de cociente y cifra residual. No las hace ilegítimas, pero obliga a una mínima humildad. No se puede entrar por la puerta lateral de la aritmética y luego comportarse como dueño del edificio. Cuatro curules por residuo no son un mandato épico, son el vuelto de la operación democrática.
Y con ese mandato, la fracción se instala con una remuneración bruta cercana a los cuatro millones de colones mensuales por diputado, más asesores, combustible, instalaciones y plataforma política. El ciudadano tiene derecho a preguntar para producir qué. Para fiscalizar con seriedad o para teatralizar el bloqueo. Para mejorar proyectos o para atrasarlos. La democracia cuesta, y cuando cuesta tanto tiene derecho a exigir resultados.
La academia del victimismo
Uno de sus rasgos más persistentes es la capacidad de presentarse como víctima incluso cuando ocupa cargos, cobra del erario, integra comisiones y habla todos los días ante los medios. Cuando no obtiene las comisiones que desea, denuncia abuso de poder. Cuando el oficialismo impulsa su agenda, habla de amenaza democrática. Cuando pierde una votación, sugiere atropello. Cuando la mayoría ejerce la mayoría, descubre fascismo hasta debajo de los curules. Es el síndrome de la oposición permanente, una forma de hacer política que no existe por lo que propone sino por lo que rechaza. Convertir cada proyecto en una guerra santa y cada reforma en una amenaza existencial es sencillamente incompatible con la gobernabilidad.
El engaño al electorado
El gran engaño del Frente Amplio consiste en presentarse como defensor del pueblo mientras desconfía profundamente de lo que el pueblo votó. Porque la ciudadanía no eligió solo siete diputados frenteamplistas, también eligió, y con mucha más contundencia, a una mayoría legislativa y a una nueva Presidenta. La fracción no puede seleccionar qué parte de la voluntad popular le parece noble y cuál le parece peligrosa. Esa es una lectura elitista de la democracia. Cuando el pueblo acompaña su agenda lo llaman conciencia social, y cuando acompaña otra lo llaman manipulación o ignorancia. Aman al pueblo en abstracto, pero desconfían del pueblo concreto cuando vota contra sus preferencias e intereses mezquinos.
El elector que en 2026 le entregó siete curules merece algo más que teatro parlamentario (de eso tuvimos suficiente en los últimos años). Merece diputados que entiendan la diferencia entre representar y sermonear, entre fiscalizar y bloquear. Y el ciudadano que no votó por ellos, pero que igual les paga el salario, merece todavía más, que trabajen para Costa Rica y no para la conservación emocional de su nicho político. En 2030 convendrá revisar la factura. Qué construyeron, qué mejoraron, qué parte de la vida real del costarricense mejoró gracias a ellos. Porque decir que no durante cuatro años no es una obra legislativa, es apenas una forma cara de berrinche institucional. Costa Rica no nació para ser rehén de siete curules, una agenda importada y una izquierda decadente que olvidó amar a la patria que dice defender.
