Desde mediados del siglo XX, Costa Rica ha sido vista como un símbolo de estabilidad y paz, fundamentada en un modelo socialdemócrata que tenía como fin último garantizar el bienestar y la igualdad para todos sus ciudadanos. Este modelo, basado en un Estado que interviene en la economía, redistribuye la riqueza y garantiza servicios públicos, se erigió como la columna vertebral de la Segunda República. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que estas promesas han quedado lejos de cumplirse. Lo que antes se percibía como un camino hacia el éxito, se ha transformado en un sistema obsoleto que ha dejado de responder a las necesidades de las personas, a las necesidades del ciudadano de a pie, a quien más les han extiendido esas promesas.
A medida que el Estado costarricense fue creciendo bajo los principios de la socialdemocracia, también lo hizo su burocracia y la ineficiencia de las instituciones públicas. Lo que prometía ser un modelo prometedor, se ha convertido en la fuente misma de nuestros problemas: la creación de un sistema que prioriza la perpetuación del poder institucional sobre el bienestar del ciudadano. La sobrecarga burocrática no es un efecto colateral; es el resultado inevitable de un modelo que busca controlar la vida económica y social del país.
Hoy en día, los costarricenses se encuentran en un punto de inflexión, donde la disfuncionalidad de la socialdemocracia ha quedado expuesta en toda su magnitud. Las instituciones que se suponía debían servir a las personas han demostrado ser incapaces de cumplir con sus funciones básicas:
- CCSS: Las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) siguen siendo un problema persistente. A pesar de los esfuerzos para reducirlas. Se ha casi que normalizado el que existan casos en los que los pacientes deben esperar más de un año para ser atendidos y sentirse agradecidos de recibir esta atención antes de haber dejado a sus seres queridos a raíz de alguna enfermedad.
- AyA: El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha sido incapaz de gestionar adecuadamente el suministro de agua en diversas regiones del país, provocando cortes frecuentes y afectando la calidad de vida de los costarricenses. La falta de inversiones estratégicas y una gestión ineficiente han dejado a muchas comunidades sin acceso seguro y constante al agua potable.
- IMAS: El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ha perpetuado un modelo asistencialista que mantiene a muchos costarricenses dependientes de subsidios estatales en lugar de ofrecer soluciones sostenibles para superar la pobreza. Esta dependencia crea una dinámica de clientelismo político que favorece la estabilidad del sistema actual en lugar de empoderar a las personas para que sean autosuficientes.
- MOPT y CONAVI: Las instituciones encargadas de la infraestructura vial, como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), han sido protagonistas de escándalos de corrupción y mala gestión. Proyectos viales críticos para el desarrollo del país han enfrentado retrasos y sobrecostos de millones de dólares, lo que ha impedido el progreso y ha afectado directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
Frente a esta crisis de disfuncionalidad, surge una oposición irracional cuyo único interés es mantener el statu quo. En lugar de preocuparse por el bienestar del ciudadano, esta oposición utiliza el discurso del miedo y acusa de “discurso de odio” a quienes cuestionan las bases de la institucionalidad, sinónimo de excesivas trabas burocráticas y obstáculo para el desarrollo. Su objetivo no es defender al ciudadano, sino proteger las estructuras obsoletas que garantizan su propia perpetuación en el poder.
Esta defensa a ultranza de la institucionalidad se presenta como una forma de justificar la inacción y de evitar el cambio que el país necesita. Al centrar la discusión en la protección de las instituciones en lugar de preguntarse si estas sirven al ciudadano, esta oposición muestra su verdadera intención: no transformar el país, sino mantenerlo bajo las reglas del juego que más les convienen.
La tercera República no se trata de una reforma al modelo existente; es un llamado a rediseñar la estructura misma del Estado costarricense. El camino no puede ser una simple modificación de las reglas actuales, sino una transformación profunda que ponga el control en manos del ciudadano y limite drásticamente el rol del Estado en la vida de las personas.
Este nuevo modelo debe basarse en la libertad individual, la autonomía económica y en un marco donde el Estado no sea el gestor de nuestras vidas, sino un facilitador que respete y proteja los derechos fundamentales. La tercera República es un llamado a liberar a los costarricenses del yugo de un Estado paternalista que ya no les sirve, y a devolverles el poder de decidir su propio destino.
El fin de la socialdemocracia en Costa Rica marca el inicio de una nueva era. El modelo que alguna vez se pensó como la solución, ha demostrado ser el origen de nuestros problemas, y la burocracia es solo un síntoma de un sistema que prioriza a las instituciones sobre las personas. La tercera República es nuestra oportunidad para construir un país donde el individuo y su libertad sean el centro del desarrollo y no el Estado.
