El 1 de febrero de 2026 no fue una elección cualquiera. Fue una ratificación de rumbo y, sobre todo, un cambio de etapa. Costa Rica dejó de debatir en abstracto y empezó a votar por condiciones materiales de convivencia. Orden público, eficacia estatal, inversión productiva y un Estado que vuelva a ser útil para la gente decente, no para el infractor profesional ni para la burocracia que vive de la parálisis.
El mandato real
La seguridad se convirtió en el tema rector porque es el piso de la república. Sin seguridad física y jurídica, educación, salud y empleo se vuelven promesas sin cimientos. Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios, una cifra que no admite maquillaje retórico. Cuando el ciudadano siente que el Estado llega tarde, que el proceso penal se eterniza y que el crimen opera con más certeza que la ley, la política entra en fase de riesgo. En esa fase, el electorado pide capacidad de acción, velocidad y resultados medibles.
Demasiados vetos y poca responsabilidad
La ciencia política lo ha descrito con precisión. Cuando un sistema acumula actores con poder real de bloqueo, pero sin costo real por bloquear, el resultado es inmovilismo. La teoría de los jugadores de veto explica por qué los países con demasiados puntos de freno terminan cambiando poco y tarde, justo cuando el entorno exige reformas rápidas. En ese ecosistema, el crimen organizado no necesita convencer, solo necesita aprovechar la lentitud ajena. Si el Estado tarda meses en reaccionar y el crimen tarda horas en reacomodarse, la aritmética es sencilla. Pierde el Estado.
Continuidad con segunda velocidad
El 8 de mayo de 2026 inicia el gobierno de Laura Fernández con una expectativa inusualmente clara. No se le pide que improvise una identidad política. Se le pide que ejecute. Hay continuidad con el gobierno de Rodrigo Chaves, sí, pero la continuidad útil es la que convierte impulso en instituciones, y discurso en reformas operativas. La administración que viene debe traducir el mandato electoral en medidas verificables. Inteligencia criminal seria, blindaje de puertos, cooperación internacional, persecución patrimonial, reforma legal que cierre portillos, y gestión penitenciaria que no sea hotel ni universidad del delito.
Mano dura inteligente sin caer en la trampa
La trampa favorita de los adversarios es infantil y funciona en redes. Si el gobierno actúa con firmeza, lo llaman autoritario. Si no actúa, lo culpan por inacción. La respuesta adulta es más simple. Un Estado fuerte no es un Estado caprichoso. Es un Estado que actúa rápido, pero actúa bien. La fuerza legítima del Estado existe para proteger derechos, no para interpretarlos como excusas eternas del delincuente. La clave está en el equilibrio. Rigor penal y control de proporcionalidad, eficacia operativa y control institucional, prevención social y tolerancia cero ante estructuras criminales.
Hub tecnológico y país grande
La seguridad no es el fin último, es la condición de posibilidad. La ambición estratégica debe ser más grande. Costa Rica tiene una ventaja competitiva real para ser un hub tecnológico regional. Capital humano, tradición democrática, reputación internacional y una matriz eléctrica mayoritariamente renovable. En 2025, el 97,3 por ciento de la demanda eléctrica se cubrió con fuentes limpias según datos del ICE. Eso no es un adorno verde, es un activo económico. El salto de país pequeño a país influyente exige tres decisiones. Educación exigente orientada a ciencia y habilidades productivas, un Estado que deje de operar como archipiélago de feudos, e inversión que se acelere con seguridad jurídica y simplificación regulatoria.
Derecha sin complejos y oposición con tarea
La elección también dejó un mensaje cultural. La derecha costarricense dejó de pedir permiso para existir. La ciudadanía priorizó orden, libertad económica y realismo. Eso, en democracia, es plenamente legítimo. La oposición tiene una decisión. Puede fiscalizar con seriedad y aportar reformas, o puede aferrarse al deporte nacional de la obstrucción y la indignación performática. Los enemigos del cambio prefieren el país trancado porque allí son indispensables. En el país que funciona, estorban.
A la acción
El mandato está escrito con tinta electoral. Ejecutar seguridad con inteligencia y legalidad. Modernizar educación y salud para sostener productividad. Acelerar inversión para crear empleo de calidad. Si el gobierno de Laura Fernández cumple, Costa Rica no solo recupera tranquilidad. Recupera soberanía interna y vuelve a competir en grande. Si falla, el país volverá a la vieja rutina de promesas y excusas, y el crimen seguirá administrando mientras la política debate. La historia es cruel con los que dudan demasiado. Y el delito, por desgracia, no pide permiso.