La autonomía universitaria en Costa Rica se ha convertido en una de las ficciones políticas más rentables del país. Se invoca como si fuera un dogma sagrado, como si cuestionarla equivaliera a quemar libros en una plaza pública, cuando la verdad es bastante menos épica y bastante más incómoda. La autonomía no nació para blindar privilegios, no nació para justificar planillas intocables, no nació para convertir universidades públicas en repúblicas independientes financiadas por el contribuyente. Nació para proteger la libertad académica y el autogobierno funcional de instituciones dedicadas a la docencia, la investigación y la acción social. Todo lo demás ha sido una expansión interesada, útil para administrar poder, presupuesto y opacidad.
En Costa Rica se ha manipulado la idea de autonomía hasta convertirla en un mecanismo de inmunidad política. Lo que la Constitución protege es la independencia funcional y la potestad de darse organización y gobierno propios. Lo que no protege es una especie de extraterritorialidad legal donde las universidades queden fuera del Estado de Derecho, fuera del escrutinio ciudadano y fuera de los controles sobre fondos públicos. Sin embargo, eso es exactamente lo que ciertos sectores han querido vender durante años. Cada vez que alguien pide cuentas, cada vez que alguien cuestiona salarios, crecimiento del FEES, estructura de gasto, ineficiencias o resultados mediocres, aparece el mismo libreto histérico: “están atacando la autonomía”. No, lo que se está atacando, en muchos casos, no es la autonomía, sino la comodidad burocrática disfrazada de principio constitucional.
La autonomía universitaria no equivale a soberanía institucional. Las universidades no son Estados dentro del Estado. No tienen poder constituyente propio. No pueden crear un orden paralelo inmune a la ley general. La propia doctrina y los criterios citados por la Procuraduría han insistido en que la universidad sigue siendo una institución pública dentro del ordenamiento general. Eso significa que hay un núcleo duro protegido, sí, que son las decisiones académicas, la organización de la enseñanza, la investigación, la acción social y su gobierno interno para cumplir esa misión. Pero fuera de ese núcleo, el mito se empieza a desmoronar. Porque en materia de fiscalización, control interno, auditoría, hacienda pública y buena parte de la administración de recursos, la universidad no puede pretender que el dinero deja de ser público por pasar por sus manos.
En 2026, el FEES pactado ronda los 593.484.833.105 colones. No estamos hablando de un fondo simbólico ni de un esfuerzo menor del Estado. Estamos hablando de una de las grandes transferencias públicas del país. Ya en 2019, la propia Contraloría señalaba que solo cuatro destinatarios concentraban el 57,8% de las transferencias del Gobierno Central, y uno de ellos era justamente el FEES, con 501.155 millones de colones. O sea, esto no es una discusión marginal. Es una discusión sobre poder real, plata real y costo de oportunidad real.
Entonces, ¿qué compra exactamente el país con ese blindaje financiero? Porque la respuesta honesta no puede ser “compra prestigio”, ni “compra historia”, ni “compra pensamiento crítico”. El Estado no financia símbolos, financia resultados. Según el Estado de la Educación, en 2021 Costa Rica tenía alrededor de 30,3% de personas entre 25 y 34 años graduadas en educación superior, frente a 47,1% del promedio OCDE. Esa diferencia significa que, aun con un financiamiento constitucionalmente reforzado, el país sigue bastante por debajo de economías comparables en logro educativo superior. Entonces no, el problema no puede seguir reduciéndose al viejo chantaje de “dennos más plata”. A estas alturas, el problema también es productividad institucional, conversión de recursos en resultados y capacidad real del sistema para justificar lo que consume.
La cosa se vuelve todavía más penosa cuando se mira la formación avanzada. Costa Rica registra apenas 0,1% de población con doctorado, frente a 1,3% en promedio OCDE. Además, la producción local no supera unos 140 doctorados por año. Eso, para un país que presume universidades públicas como motores del desarrollo, debería ser motivo de escándalo nacional. Porque si después de décadas de protección constitucional, crecimiento presupuestario y blindaje político el resultado sigue siendo ese, entonces hay un problema estructural serio. No de discurso, sino de desempeño.
Y no acaba ahí. Uno de los argumentos favoritos para justificar el gasto universitario es que se trata de una “inversión social progresiva”. Suena lindo. El problema es que la evidencia no siempre acompaña el eslogan. El propio Estado de la Educación muestra que el acceso a la educación terciaria depende fuertemente de haber completado la secundaria, y que en 2021 y 2022 el crecimiento del acceso fue significativo en quintiles medios y altos, no en los quintiles más bajos. Eso quiere decir que el subsidio universitario, financiado por toda la sociedad, no necesariamente está beneficiando proporcionalmente a los sectores más pobres. Puede terminar capturado en mayor medida por quienes ya tenían más oportunidades previas. Es decir, un sistema que se vende como justicia social puede estar funcionando como una transferencia regresiva hacia quienes ya venían mejor posicionados.
Ese dato es letal, porque destruye uno de los pilares morales de la defensa automática del FEES. Si el financiamiento masivo no está corrigiendo las desigualdades de origen con suficiente fuerza, entonces la discusión deja de ser “recortar la universidad es atacar a los pobres”. Más bien podría plantearse: ¿cuánto de este modelo universitario blindado está siendo subsidiado por los que nunca logran entrar?
Además, el sistema ni siquiera tiene completamente resuelto cómo demostrar su eficiencia. El mismo Estado de la Educación advierte que indicadores usados con frecuencia, como el costo por estudiante, no permiten saber bien si se está formando mejor o peor, cuánto corresponde realmente a docencia, cuánto a investigación y cuánto a extensión, ni qué parte del costo la absorben las familias. O sea, se mueve una montaña de dinero sin una arquitectura de costeo lo suficientemente clara para evaluar con precisión qué produce cada colón. Y cuando no se puede atribuir bien el costo al resultado, el presupuesto deja de ser una herramienta de gestión y se convierte en una disputa ideológica por montos. Ya no se negocia eficiencia. Se negocia fe.
Esa es, probablemente, la gran tragedia del modelo. El FEES está diseñado con un grado de blindaje que desplaza el debate desde la evaluación hacia la preservación. El artículo 85 creó un candado financiero de enorme peso político. En vez de obligar a las universidades a demostrar permanentemente qué resultados compran esos recursos, el diseño institucional incentiva una lógica distinta: primero se defiende el flujo, después se construye la narrativa para justificarlo. Y así, cualquier intento de vincular aumentos futuros a métricas de desempeño, productividad académica, empleabilidad, calidad investigativa o mejora en acceso equitativo se presenta como una agresión ideológica, cuando en realidad es lo mínimo esperable en un Estado serio.
De hecho, las comparaciones internacionales dejan a Costa Rica bastante mal parada. En muchos países de la OCDE existe autonomía universitaria, sí, pero acompañada de mecanismos mucho más duros de evaluación, de contratos de desempeño, de financiamiento condicionado y de asignaciones competitivas para investigación. En el Reino Unido, por ejemplo, la evaluación de excelencia investigativa influye directamente en la distribución de miles de millones de libras. En Países Bajos ha habido componentes de desempeño que afectan entre el 20% y 25% de las subvenciones básicas. En otras palabras, allá la autonomía no significa cheque en blanco. Significa libertad con consecuencias. Aquí, en cambio, demasiadas veces significa libertad con transferencia garantizada y evaluación difusa.
Y por eso mismo el discurso universitario local se ha vuelto tan agresivamente defensivo. Porque sabe que, si se acepta una discusión seria sobre resultados, productividad y costo de oportunidad, el blindaje moral se empieza a caer. No basta con decir que las universidades “hacen mucho por el país”. Casi toda entidad pública puede decir eso. La pregunta es si lo hace bien, si lo hace con eficiencia y si lo hace mejor que otras posibles asignaciones del gasto. Cada colón que entra al FEES es un colón que no va a otra prioridad. No va a infraestructura escolar temprana. No va a seguridad. No va a salud. No va a reducir deuda. No va a inversión con mayor retorno social verificable.
Y la verdad es que aquí ya no basta con congelar aumentos. La magnitud del problema obliga a plantear un recorte selectivo y condicionado que debería estar sobre la mesa. No como venganza ideológica, ni como castigo antiintelectual, sino como herramienta para obligar al sistema a reformarse. Un recorte bien diseñado, acompañado de metas verificables, puede ser muchísimo más honesto que seguir alimentando una estructura que ha aprendido a defender presupuesto mejor de lo que demuestra resultados. Si el financiamiento sigue creciendo aunque la productividad no lo haga, el mensaje institucional es que no importa tanto rendir, importa resistir.
Porque al final, cuando un sistema exige respeto automático, recursos crecientes y cada vez menos disposición a ser evaluado con severidad, deja de comportarse como una institución al servicio del país y empieza a comportarse como una corporación financiada por obligación constitucional. Y si eso no se corrige, la autonomía deja de ser una garantía republicana y se convierte en un privilegio.