En Costa Rica, hablar de impuestos se ha convertido casi en un tema tabú. Lo que debería ser una conversación seria sobre el intercambio justo entre lo que el costarricense aporta y lo que recibe, se ha transformado en una defensa ideológica que ignora una realidad evidente: al costarricense se le exprime desde múltiples frentes y, a cambio, no recibe valor proporcional.
No se trata de cuestionar la existencia de impuestos —eso sería ingenuo—, sino de señalar el abuso de un sistema que ha pretendido justificar su voracidad. Se defiende a capa y espada una progresividad tributaria para que “pague el que más tiene”, pero en la práctica, el peso recae con más fuerza sobre la clase media y trabajadora, que ve cómo su esfuerzo desaparece en un Estado que no le devuelve ni servicios eficientes, ni seguridad, ni oportunidades reales de progreso.
Desde hace décadas, el país viene arrastrando una trampa que ya no se puede disimular: se sobrecarga al contribuyente para sostener una maquinaria estatal cada vez más costosa, ineficiente y autorreferenciada, mientras tanto, el ciudadano común paga altos impuestos y enfrenta a diario un sistema de salud saturado, infraestructura obsoleta, educación rezagada y trámites que más bien estorban en lugar de facilitar.
Y cuando por fin llega un proyecto como la Ley de Jornadas 4×3, que busca flexibilizar el empleo para dar aire a empresas y trabajadores, la Asamblea Legislativa le niega el trámite de vía rápida, por una minoría de “representantes del pueblo”. Esta decisión no solo representa un obstáculo a la competitividad del país, sino una desconexión total de la clase política con la urgencia de generar empleo formal y mejorar la calidad de vida de las familias. Para marzo de 2025, la tasa de desempleo es del 7,4 %, afectando a más de 177 mil personas. ¿Cuánto más debe esperar el ciudadano para que se legisle en función de su realidad y no de intereses ideológicos contrarios al desarrollo del país?
La molestia está en el aire. Se siente en la calle, en las conversaciones, en los comentarios cada vez más frecuentes de quienes dicen: “Pago mucho y recibo poco”. En este momento, la relación que existe entre el Estado y el ciudadano es donde el primero exige cada vez más, mientras el segundo recibe (y tiene) cada vez menos.
No tendremos un país del primer mundo si seguimos asfixiando al sector productivo, al emprendedor, al profesional independiente. Tenemos una bomba que pasará la factura si se sigue la fórmula de subir impuestos para sostener privilegios, mientras se posterga la eficiencia. Esta bomba tarde o temprano pasará la factura, no solo económica, sino moral: la gente deja de creer, deja de confiar, y eventualmente deja de participar (esta última siendo la peor de todas).
Yo no soy economista. Soy un ciudadano que observa, que lee, que escucha y que se preocupa. Y desde esa trinchera digo con claridad: Costa Rica necesita una conversación honesta sobre el tamaño y el rol del Estado, una conversación en la que se deje de culpar al contribuyente por la incapacidad del aparato público de administrar bien los recursos.
Porque mientras no entendamos que el dinero público no es del Estado, sino de la gente que lo produce, seguiremos atrapados en un ciclo de frustración, evasión y resignación y ese no es el país que queremos dejarle a quienes vienen después.