Durante años confié en el Banco de Costa Rica, como miles de inversionistas que creímos en la solidez de una institución estatal. Pero hoy sé que detrás de esa confianza se escondía un patrón oscuro, repetitivo y premeditado. Porque lo que ocurrió no fue un error ni un tropiezo: fue una estafa estructurada a lo largo de varios años.
Cuando estudié a fondo la compra del Parque Empresarial del Pacífico entendí que no era un hecho aislado. Era la culminación de un plan meticuloso que se venía ejecutando desde hacía tiempo. Sobreprecios escandalosos, compras ejecutadas a velocidad sospechosa, inquilinos falsos creados para maquillar rentas inexistentes, y reglas internas rotas una y otra vez para justificar lo injustificable. No fue una casualidad; fue un modus operandi. Y los fondos que se usaron para sostenerlo salieron de un solo lugar: los ahorros de miles de personas como yo.
Por eso recibí con esperanza y alivio los allanamientos que realizó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción el pasado 4 de diciembre. Por fin un paso firme, institucional, contra una trama de sobreprecios comprobados, irregularidades flagrantes y un daño profundo a la Hacienda Pública. Para quienes invertimos nuestro patrimonio en estos fondos, estas acciones no son solo noticias judiciales: son la señal de que, después de años de impunidad y silencio, por fin se empieza a desentrañar la verdad.
Desde marzo de 2022 hemos vivido las consecuencias en carne propia. Rendimientos que pasaron de 15 dólares trimestrales por acción a menos de 3. Activos que compramos en 1.200 dólares y que hoy no llegan ni a 150. Y peor aún: malos tratos, empujones en asambleas, engaños, omisiones y una cultura interna que nos hacía sentir como un estorbo cada vez que exigíamos respuestas. Nadie que no lo haya vivido puede dimensionar lo que significa ver el esfuerzo de una vida desmoronarse delante de uno y sin que nadie dé la cara.
Pero esta historia no termina en pérdidas económicas. Esto es, ante todo, una traición ética. Y es por eso que, aunque valoro los avances recientes, sé que todavía queda un largo camino por recorrer. Necesitamos verdades completas, responsables identificados y un resarcimiento real del daño causado.
