El mal no está en las cobijas. Así reza un sabio adagio popular. Y por más que se lancen críticas y diatribas contra los empleados públicos, el mal de este país no está en ese sector. Se han empeñado y se empeñan en pintarlo así políticos que suelen buscar el voto popular y el favor de las encuestas. Claramente, el sector público ha sido, desde hace mucho, el objetivo de partidos políticos para desvirtuar la mala administración del gobierno o bien, como actualmente sucede, para recuperar terreno de preferencia ante las estrepitosas caídas electorales. El sector público central es para algunos partidos políticos, lo que Costa Rica es para Nicaragua en situaciones de crisis internas.
Además, los ataques al sector público son una panacea para gana votos, al menos a nivel de promesas de lo que esos políticos dicen que van a hacer; satanizar este sector es una buena comidilla para quienes andan aruñando posiciones en el gusto popular. Y el pueblo, como en la época romana, sacia su voracidad de “sangre” adhiriéndose a las arremetidas de desprestigio y acusaciones de quienes juegan con su idea de criminalizar a los empleados públicos.
Desde enviar señales falsas contra algunas pensiones de estos empleados, aunque quienes las lancen ganen jugosos salarios (que lo importante es crear la duda, que de mucho decirlo se convertirá en una verdad popular), hasta acusarlos de vagos y corruptos que ya para cuando se demuestra lo contrario, el mal está hecho. Al final, todo se vale.
Si se mira al frente, se verá que muchos de estos pregoneros gratuitos son eternos beneficiados de la política (empleados públicos de la otra orilla), de los que buscan un puesto tras otro al no tener otra forma de ganarse la vida. Meterse contra todo lo que huela a sector público es su pobre papel: no olvidan que están en un puesto debido a su función de peones, no por sabios ni genios. No son todos, pero sí que hacen mucho ruido.
Ningún país puede administrarse satisfactoriamente sin empleados públicos, como la economía no puede moverse sin los empleados del sector privado, ni el consumo de los primeros. No hay pleno empleo en el segundo sector, por cierto, ni posibilidad alguna de contratar empresas para que lleven la administración del Estado; por definición e imperativo legal eso es imposible. Entonces, creamos leyes para proteger los bienes del Estado y delimitar los campos de acción de cada funcionario. Quien incurre en violación de estas normas paga por ello, tarde o temprano. Si no sucede así, será porque nuestro estado de derecho acaso esté sesgado o acéfalo de lo pertinente. No olvidemos que los políticos crean las leyes desde la Asamblea Legislativa, nos gusten o no, sean estas buenas o malas. Las leyes no se dictan en los patios de los vecinos, ni en las casas de los empleados públicos.
Volviendo a nuestro tema central, ya hemos notado como en dos elecciones generales la epopeya de satanizar al sector público y sus instituciones ha elevado el caudal electoral; lo triste de esta historia de engaños es que luego la cosa es diferente, ni hay delincuentes, ni vagos ni trasnochados en el sector público, pero con estos falsos argumentos se lo ha debilitado, ¿a favor de qué o de quiénes? Esta es la gran incógnita que por mucho que estas falsedades se ventilen, la clase política solo se hace a un lado por falta de argumentos para demostrar sus veleidades verbales.
Eso sí, cada vez comprobamos más que la funesta ética del pregonero político es más falsa que el plagio literario. Ahí ha estado el nudo gordiano de la trampa en la que ha caído la sociedad y que ésta la convierte en verdad absoluta; una obra de arte llena de desfachatez y sinvergüenzada que disfrazan de honradez y honestidad, digna y merecedora de ser argumento para enviar a la cárcel a sus promotores al consistir en mentiras absolutas en la práctica. Y como colofón de todo ello, los empleados públicos acusados de los mayores delitos y/o perjuicios contra el Estado y de faltas a la ética, pero desde sus particulares puntos de vista, en tanto no estén gozando de las mieles de la gobernabilidad del país, porque ahí sí que se termina la visión ética pregonada de previo y se inicia su nueva visión al respecto, distanciada hasta el infinito de la que nos rige a los empleados públicos.
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