Cuando hacemos referencia al ejercicio de la Política pero con mayúscula, todos sabemos que ésta, no es excluyente de una base ética y moral como fundamento constitutivo de un Estado social de derecho. Debido a que existe un entramado histórico-social de relaciones económicas y culturales, las cuales evidencian el hecho tácito de que tanto la ética como la moral, son imprescindibles para el buen engranaje que constituye la gobernabilidad en democracia.
Porque en una República donde la soberanía es popular, todos dependemos de quien detenta el poder político, otorgado por el pueblo para que lo represente en nombre de la ciudadanía y no de unos pocos, por lo menos en la teoría; ya que en la práctica, aquí en Costa Rica eso puede ser interpretado de diversas formas y entre ellas está, la idea que ostentan las cúpulas de poder al no obedecer los principios éticos y morales en los que se sustenta la libertad y pluralismo, dentro de toda democracia representativa.
Así mismo, es más que evidente el cinismo con que defienden sus intereses corporativos, los “jurisconsultos” versados en el tema de “derechos humanos”, conformados éstos por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, relacionados con el lugar de trabajo, seguridad social, vida en familia, participación, vida cultural, además del acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, junto con la atención a la salud y educación ante la propia Asamblea Legislativa, donde incluso imparten cátedra de la boca para afuera, estos funcionarios públicos pagados por todos nosotros.
Dichos empleados tienen la última palabra y “verdad absoluta” sobre los principios y valores en los que se sustenta nuestra Carta Magna, frente a la “auto-gobernabilidad del Poder Judicial” y hasta la “autonomía universitaria”, según su interpretación espuria para mantener intactos sus privilegios y pluses salariales que hasta ahora, se perciben por ellos mismos “amenazados” pero desde la Justicia Legal, la cual se ordena al Bien Común y en éste caso en específico a la Equidad Social y Tributaria, como una Virtud de la que por lo visto ya nadie se acuerda.
No se ha escuchado ninguna auto-crítica desde las universidades públicas al respecto, ya que lastimosamente, también se encuentran cuestionadas en éstos y otros ámbitos de su actuar, siendo apremiante que la Asamblea Legislativa investigue el lenocinio dentro de éstas instituciones más a fondo, debido a que para este grupo de selectos burócratas versados en la “educación”, se muestra incompatible la aplicación de los principios éticos y morales dentro de la función pública, como base de un Estado Social de Derecho progresista y en beneficio de toda la población, donde además sea posible la Equidad Social más allá del discurso, a raíz de la demagogia crónica de la que se han contagiado, importantes gremios de corruptos que conforman parte de la cúpula en que se subdivide el poder político, económico, comunicacional y hasta religioso, aquí en Costa Rica.
Es imposible a éstas alturas de la crisis que vive el País, comulgar con Dios y el diablo en materia fiscal, independientemente de la corriente política e ideológica que algunos profesemos o no, como ciudadanos conscientes de que ésta Costa Rica del Bicentenario, no termina de convencer a nadie y menos a los mercados internacionales. Debido a que como Nación, nos encontramos sin rumbo claro, estancados y en números rojos, al igual que nuestra estabilidad democrática, donde el diálogo y la paz ya han quedado atrás.
Porque sería una falacia considerar que podemos ir a la quiebra, pero con la frente muy en alto, ya que se luchó hasta el último momento por el “Bien Común” que para los efectos prácticos en la “Suiza Centroamericana”, es menos común para unos de lo que debiera ser para otros. Cuando en realidad el factor de permisibilidad y permeabilidad a lo interno de la esfera pública y privada, es casi el mismo frente al gen de la corrupción institucionalizada.
Por último de acuerdo con un análisis de nuestra idiosincrasia y desde un punto de vista crítico-filosófico, nos encontramos con las manos atadas, si no enfrentamos que la crisis fiscal en Costa Rica, es un problema que abarca la falta de ética y moral dentro de la función pública, la cual se convirtió en una actividad más que normal, transformada en un fenómeno cultural y para vergüenza de todos nosotros de carácter nacional, sino visibilizamos y denunciamos lo que está pasando aquí, para así poder corregirlo.
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