La creciente ola de homicidios y hechos violentos que golpea a Costa Rica ha puesto a la seguridad en el centro del debate nacional. La ciudadanía exige respuestas y, en primera instancia, señala al Poder Ejecutivo. La pregunta es: ¿es válido reclamarle falta de acción al Gobierno? La respuesta es sí, y las razones son claras.
En un sistema democrático, el Ejecutivo no solo administra, sino que también marca la dirección política del país. En materia de seguridad, esto implica que el presidente y su gabinete son responsables de diseñar la estrategia nacional contra el crimen, dirigir a la Fuerza Pública y garantizar que el Estado disponga de los recursos suficientes para la prevención y la represión del delito.
La seguridad ciudadana es un servicio público esencial. No basta con excusarse en que la investigación corresponde al OIJ o que la justicia es tarea de los tribunales. El Ejecutivo tiene el control directo sobre la Fuerza Pública, Migración, Guardacostas, la Policía de Control de Drogas, entre otros cuerpos, que representan la primera línea de defensa frente al crimen organizado. Cuando los homicidios aumentan, la conclusión ciudadana es que la estrategia de prevención y contención ha fallado.
Además, el Ejecutivo define prioridades presupuestarias. Si en medio de una crisis no se fortalecen las capacidades de patrullaje, tecnología, inteligencia y programas sociales de prevención, el mensaje que se envía es de desinterés o incapacidad de reacción. La lucha contra el narcotráfico, la violencia en barrios y el crimen organizado no puede limitarse a operativos aislados; requiere una política de Estado coordinada, donde el liderazgo del Gobierno sea evidente.
Ahora bien, esto no significa que la responsabilidad sea exclusiva. El Poder Judicial y la Fiscalía deben investigar y condenar con eficiencia; de lo contrario, el círculo de impunidad se perpetúa. Sin embargo, en la lógica política y ciudadana, la responsabilidad inmediata recae en el Ejecutivo, porque es este quien debe garantizar la presencia del Estado en las calles y generar confianza en la población.
En conclusión, reclamarle falta de acción al Ejecutivo no solo es válido, sino necesario. Un gobierno que no logra garantizar la seguridad en el territorio está incumpliendo con uno de los pilares fundamentales del contrato social: proteger la vida de sus ciudadanos. Costa Rica enfrenta hoy una encrucijada donde la inacción política puede significar que el crimen avance más rápido que las instituciones. Y ese es un costo que el país no puede darse el lujo de pagar.