¿Es lujo o no?
Se han realizado las elecciones municipales: damos gracias a Dios. Una vez más se celebran en paz. Con satisfacción se reconoce la labor del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de sus funcionarios, delegados y representantes; de miembros de mesa y fiscales.
Fraternalmente felicitamos a quienes resultaron electos, e igualmente a todas las personas que compitieron con civismo.
A todos los participantes… la Patria, les agradece: a simpatizantes y dirigentes de todos los partidos. A todos los colaboradores, pero muy especialmente (con pleno respeto y afecto) a los menores, que -sin poder votar- han demostrado su amor a nuestra tierra bendita.
Gracias a jóvenes, a niñas y niños, a madres y padres; gracias por dar ejemplo de preocupación por su cantón, que es la casa propia: de sus familias, de su trabajo, de su estudio.
Se han realizado las elecciones, y damos gracias; y ahora, (como país) debemos reflexionar -sin pasión alguna- respecto al abstencionismo, que: según el TSE, es cercano a los dos tercios de los electores, y los votantes un poco más de un tercio de quienes tienen el derecho y obligación constitucional.
Sea, en estas elecciones municipales del 2020, el abstencionismo permanece… es muy similar al 2016. Ello es peligro para la democracia; y eventualmente un costo económico que podría ser un lujo. ¿Es lujo o no?
Datos de las municipales, del 2016, indican que el abstencionismo fue de 64.6%. Y, en el 2020, (con datos no finales) es de 63,7%.
El abstencionismo (el no votar), no cumplir con la función cívica primordial y obligatoria está contra el mandato del artículo 93 de nuestra Constitución Política, que indica:
“El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las juntas electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil”.
Esa función cívica –primordial y obligatoria- no se está cumpliendo.
Y, no olvidemos que los procesos municipales, (tienen costos económicos), no son gratis… es dinero del pueblo, que no se destina a mejorar la salud y a educación de más calidad, a más bonos gratuitos para la vivienda…de muchísimas personas que no la tienen; a más pensiones, para la vejez de los más pobres.
En las municipales del 2016, según la información del TSE, el costo del proceso fue de ¢4. 643 691 537,00.
Y, respecto a la contribución a los partidos, consta que: “por resolución n.° 0675-E10-2016 de las 15:45 horas del 26 de enero de 2016, el Tribunal fijó el monto de la contribución estatal a los partidos políticos, correspondiente a las elecciones municipales celebradas en febrero de 2016, en la suma de ₡6.805.376.250,00. (…)”.
Y, para las nacionales (y estas municipales), la resolución n.° 0959-E10-2017 del Tribunal Supremo de Elecciones, de las diez horas del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, nos señala que:
“Se fija el monto de la contribución estatal a los partidos políticos correspondiente a las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán el 4 de febrero de 2018 en la suma de ₡25.029.906.960,00 (veinticinco mil veintinueve millones novecientos seis mil novecientos sesenta colones).
En lo que respecta a las elecciones municipales del 2 de febrero de 2020 el monto de la contribución estatal a los partidos políticos es de ₡9.386.215.110,00 (nueve mil trescientos ochenta y seis millones doscientos quince mil ciento diez colones).”
₡9.386.215.110,00 es muchísimo más de un tercio respecto a lo que correspondió a las elecciones (nacionales) del 2018.
En cuanto al costo final de este proceso municipal, aún no se tiene; pero -es seguro- sería superior al de las municipales del 2016.
Todo ese dinero… implica muchísimos miles de millones (para las municipales), y el abstencionismo muchísimo muy alto; y sobre esto… debemos reflexionar, debatir y preguntar.
Preguntar sobre cómo invertir, de la manera más adecuada, los recursos públicos -siempre escasos-; preguntar: ¿debemos utilizar esos miles de millones de colones (dinero del pueblo) en procesos a los cuales la mayoría no acude?, ¿será que no se quieren las elecciones separadas, y se desea que se economicen esos miles de millones, y se inviertan preferiblemente en salud, educación, vivienda, protección de la niñez, de las mujeres y de los adultos mayores, o en promoción de emprendimientos y generación de empleos?
No olvidemos, por ejemplo, que al Gobierno: no le ha preocupado el desempleo. Todos conocemos los datos del INEC:
El desempleo en Costa Rica creció a 12,4% al cierre de 2019. -Es uno de los más altos de América Latina-.
La desocupación afecta especialmente a las mujeres, con 16,7%.
Esos datos alarman. Es triste, es doloroso: más de 300 mil personas sin trabajo (sin poder de compra).
Asimismo, 11% está en condición de subempleo, lo que significa que trabajan menos horas de las que quisieran. Y, la tasa de desempleo, incluyendo los desalentados (los que se cansan de buscar trabajo) alcanzó 14,2% en el último trimestre del 2019.
También el INEC señala que, el 46,5% de la población, en edad de trabajar, está en condición de empleo informal, esto es que, desempeñan trabajos sin estar registrados y sin cotizar a la seguridad social.
Lo anterior significa más de un millón de personas con escaso dinero; sin acceso real a la salud; sin esperanza de una pensión, que le permita retirarse dignamente.
Todos esos datos son angustiosos: agreden a la familia costarricense. El no tener trabajo o trabajar menos de las horas deseadas o desempeñarse en la informalidad; también significa, entre otros, que el gobierno no incremente la recaudación de impuestos, por disminución del consumo y, por empresas que detienen sus actividades.
El desempleo y otros (el escaso poder de compra) es enemigo de las familias; pero este Gobierno, parece que no entiende; no respeta al pueblo y sigue gastando como en fiesta.
El déficit fiscal, del Gobierno Central, cerró en 6,96% del PIB en el 2019, lo cual, representa la diferencia entre ingresos y gastos, más alta de los últimos 40 años, según el Ministerio de Hacienda.
Antes estos hechos (abstencionismos altísimos, desempleo cada día mayor, y déficit fiscal peligrosísimo), se reitera la gran pregunta: ¿son un lujo las elecciones municipales separadas de las nacionales?, ¿es un gasto de dinero, que podría invertirse en salud y educación de calidad, en bonos gratuitos de la vivienda; en acciones que promuevan emprendimientos y generen empleo… en más seguridad pública?
Reflexionemos sobre ello; y como aporte para el debate… anuncio que valoro presentar un proyecto de ley, que: respetando el sagrado derecho al voto, unifique las elecciones nacionales (presidencial y diputadil) y las municipales (alcaldías, concejos municipales -cantonales y distritales- e intendencias). Las unifique y así economizar dinero, para que este (dinero del pueblo) sea utilizado en mayor bienestar social.
Con economía sana -aprovechando adecuadamente los recursos públicos-, se respeta a la familia costarricense.
Necesitamos un gran debate sobre la mejor utilización de los impuestos que todos debemos pagar.
El único abstencionismo aceptable es abstenerse de botar el dinero del pueblo.
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