
El aumento de los costos de transporte, la escasez de mano de obra, los factores climáticos y el incremento de los precios de los fertilizantes, son solo algunos de los factores que han generado una inflación alimentaria a niveles históricos en todo el mundo.
Los niveles de inflación alcanzados, que preocupan a todo el sistema agroalimentario, pueden explicarse tanto por el aumento en la demanda de alimentos, asociada a los impulsos fiscales y a la contracción de la demanda registrada durante el inicio de la pandemia; así como por la escasez en la oferta, resultado de la reducción de la producción y de las restricciones en las cadenas logísticas y de suministros, entre otras razones.
Esto ha afectado de manera importante el precio de los alimentos, amenazando la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables.
El monitoreo de precios de alimentos que realiza la FAO a nivel mundial, focalizado en 96 productos organizados en 5 grupos (carnes, lácteos, cereales, oleos vegetales y azúcar), muestra que los precios (reales y nominales) de finales de 2021 a inicio de 2022, son mayores que los de la crisis de 2010. La mayor alza la presenta el grupo de los aceites (soya, palma, girasol, colza), que subieron aproximadamente un promedio de 5% mensual durante los últimos 12 meses (alrededor del 60% anual).
Los datos no son nada alentadores. De hecho, Abdolreza Abbassian, economista de la FAO, ha afirmado que nada ha cambiado en los últimos dos o tres meses que genere optimismo respecto al mercado de alimentos.
Además, la preocupación por el tema climático continúa. El patrón del fenómeno de la Niña sigue alterando las condiciones en toda la cadena alimentaria.
Climas secos en parte de Brasil y Argentina están reduciendo las expectativas de cosechas abundantes de soya y maíz. Mientras que en Malasia las inundaciones han afectado las plantaciones de aceite de palma; y Australia enfrentó un diluvio en el mes de noviembre, que frenó su producción de trigo.
Sumado a esto, la crisis energética ha hecho subir los precios de los fertilizantes, lo que mantiene la presión hacia altos costos de producción de alimentos.
Recientemente, el conflicto entre Rusia y Ucrania agrava más el delicado panorama, pues incidiría en el aumento de los precios de productos como maíz, cereales, arroz, trigo, entre otros productos y bienes de consumo de la región. El temor es la reducción de la oferta global de insumos agrícolas, Rusia es responsable por el 17% de las exportaciones globales de nitrogenados y del 17% de potasio. Rusia y Bielorrusia, país que también está bajo sanciones comerciales de las grandes potencias, son responsables por el 33% de las exportaciones globales de potasio (IFPRI – International Food Policy Research Institute).
Este análisis nos alerta que la inflación alimentaria podría agravar aún más el escenario negativo de hambre en los países del mundo donde, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, 118 millones de personas se sumaron a los 650 millones que padecían de hambre. En América Latina y el Caribe, esto significó una cifra de 60 millones en 2020, según los últimos informes de Naciones Unidas.
Además, el mismo estudio muestra que más de 3 billones de personas a nivel global no cuentan con condiciones de acceso a dietas saludables, donde seguramente los precios son una barrera importante.
El informe sobre la prevalencia de inseguridad alimentaria en Costa Rica para el año 2020, elaborado por el Ministerio de Salud con apoyo de la FAO, indica que 16 de cada 100 hogares se vieron afectados por inseguridad alimentaria moderada o severa; esto significa que en estos hogares al menos una persona adulta se vio obligada, en ocasiones, a reducir la calidad o cantidad de su dieta.
Asimismo, 2 de cada 100 hogares se vieron afectados por inseguridad alimentaria severa, lo que implica que en esos hogares al menos una persona adulta tuvo que reducir la cantidad de alimentos consumidos o, inclusive, pudo haber pasado un día entero sin comer, debido a la falta de medios u otros recursos para conseguir alimentos.
Costa Rica cerró el 2021 con una inflación acumulada del 3,30 %, la más alta desde el 2014. Sin embargo, se mantuvo dentro de la meta establecida por el Banco Central para ese año, en un rango entre el 2% y el 4%. Entre los sectores que más influyeron en la inflación, el de alimentos se ubica de segundo, superado solo por el de transportes. Algunos de los productos que experimentaron este aumento son la carne de res y cerdo, el arroz, el café, la papa y el tomate.
Pese al repunte en la inflación, el Banco Central considera que esta se mantiene relativamente baja. Además, el país tiene una balanza comercial agropecuaria superavitaria, respaldada por solidas políticas de apoyo a la agricultura familiar, que produce aproximadamente el 70% del consumo interno.
Sin embargo, de continuar la inflación alimentaria, aumentará la prevalencia de la inseguridad alimentaria, sobre todo la de entornos rurales y costeros del país donde las personas en condición de pobreza y en riesgo de hambre se encuentran entre las más afectadas, especialmente mujeres jefas de hogar, familias con niñas y niños de 0 a 12 años, y personas migrantes.
Bajo este complejo panorama, es fundamental contar con una estrategia clara de seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional, que marque la ruta para garantizar alimentos saludables para todas y todos en un contexto de inflación alimentaria. Y lograrlo no será fácil.
La apuesta por la producción local, sin descuidar la producción de alimentos para la exportación, dado su rol en la economía nacional como fuente de divisas y empleo es, sin lugar a duda, una de las respuestas más efectivas ante esta realidad. Es tiempo de que los países focalicen sus acciones en recuperar la agricultura local, con el objetivo de producir alimentos de calidad para todas y todos, sin dejar a nadie atrás.
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