La entrada a clases, al iniciar el nuevo ciclo lectivo me hace reflexionar sobre lo que ha venido ocurriendo en las escuelas de Gaza, como, ahogado experto en resolución de conflictos, es inaceptable que, en pleno siglo XXI, los niños de Gaza sigan siendo víctimas de un sistema educativo que promueve la violencia, el odio y la intolerancia. Durante años, las escuelas administradas por la UNRWA han utilizado planes de estudio que incitan a la venganza, glorifican la destrucción y perpetúan un ciclo de animosidad hacia Israel y los judíos, esta ha sido una situación documentada y denunciada por Israel, la prueba más reciente se da el 7 de octubre cuando Israel denuncio y demostró como algunos de los profesores de estas escuelas habían participado activamente en el ataque terrorista de 7 de octure2023, en ese día más de 1400 israelíes civiles fueron, torturados masacrados y asesinados y más de 200 personas. Entre ellas niños, jóvenes mujeres, ancianos secuestradas y llevadas a Gaza. Este enfoque radical no solo es destructivo para la estabilidad de la región, sino que condena a las futuras generaciones a vivir en un ambiente de constante conflicto. Es hora de que se pidan cuentas a los responsables y se apliquen sanciones a aquellos que siguen promoviendo este clima de violencia, en el que los más vulnerables, los niños, son los que llevan la peor parte, el mundo todos como sociedad, no podemos volver la mirada a otro lado, es hora de exigir que los organismos que tienen injerencia en estos asuntos, realicen su trabajo promoviendo el bienestar de los infantes, procurándoles un futuro prometedor, en un amiente de paz, desarrollo y prosperidad.
Como sociedad global, no podemos seguir mirando hacia otro lado, mientras estos programas educativos continúan sembrando odio y d entre los niños de Gaza, que los preparan sin alternativa para convertirse en activistas del terrorismo. Las instituciones internacionales, las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos deben tomar medidas firmes contra los responsables de este estado de acciones. Aquellos que permiten, promueven o incluso diseñan estos planes de estudio deben ser identificados y sancionados por su complicidad en la perpetuación de la violencia. Esto no se trata solo de un conflicto político, sino de una violación de los derechos humanos fundamentales de los niños, que tienen derecho a una educación que les brinde oportunidades, progreso y la posibilidad de vivir en paz.
Además, no se puede permitir que se sigan utilizando recursos internacionales destinados a la ayuda humanitaria para financiar programas educativos que, en lugar de contribuir al bienestar de los niños, los empujan hacia una vida de odio y enfrentamientos. Los organismos responsables deben revisar y reformar con urgencia estos planes de estudio, asegurándose de que promuevan valores de paz, respeto mutuo y tolerancia, y no la destrucción y el extremismo.