Hace unos días se dio a conocer el Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2018. Este documento, impulsado por el Consejo Nacional de Rectores, las universidades públicas, la Defensoría de los Habitantes, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y un selecto grupo de investigadores, no solo reúne información confiable y sistematizada acerca de la realidad nacional, sino que además se ha convertido en una de las principales herramientas que tenemos los servidores públicos para la toma de decisiones en temas estratégicos para el desarrollo social y la creación de políticas enfocadas a satisfacer las necesidades más urgentes del país.
El Estado de la Nación contiene hallazgos determinantes y reveladores. No obstante, quiero hacer énfasis en cuatro temas fundamentales: economía, empleo, seguridad ciudadana y la apremiante situación de las finanzas públicas.
Dice el Informe que en 2017 y en los primeros meses de 2018 varios indicadores claves para la generación de oportunidades económicas y sociales mostraron comportamientos desfavorables: se desaceleró el crecimiento económico, hubo una pérdida histórica de empleos, se deterioró la seguridad ciudadana y señales claras de una creciente insolvencia en las finanzas del Gobierno central.
Resulta más que evidente que el año 2017 fue un periodo verdaderamente crítico para Costa Rica, el cual significó un punto de inflexión en algunos indicadores sensibles para la estabilidad socioeconómica del país y que pone en riesgo a la población costarricense.
Por ejemplo: en 2017 la economía costarricense solo creció un 3,2%, cifra menor a la de 2016 y al promedio de los últimos diez años. Todos los componentes de la demanda, con excepción del gasto del Gobierno General, redujeron su dinamismo.
Igualmente, en 2017 se registró la mayor pérdida de empleo de los últimos 20 años. Estamos hablando de 30.645 puestos de trabajo y como era de esperarse, dicha reducción se concentró en los grupos más vulnerables, es decir: personas no calificadas, microempresas y jóvenes de entre 15 y 35 años, siendo las mujeres las más afectadas, principalmente aquellas que viven en zonas costeras.
En el año 2017 se alcanzó una tasa récord de 12,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, valor que supera el indicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerar el problema como una epidemia. Este fenómeno se explica, fundamentalmente, por la presencia del crimen organizado y el narcotráfico.
Respecto a las finanzas públicas, en 2017 Costa Rica alcanzó el déficit fiscal más alto desde 1980, equivalente a un 6,2% del PIB. En consecuencia, aumentaron las dificultades y el costo de realizar un ajuste que permita tener finanzas sostenibles. La mayoría de los componentes del balance financiero se deterioraron: el gasto en transferencias creció, los ingresos tributarios se desaceleraron y el servicio de la deuda se elevó.
En síntesis, menos dinamismo económico, elevadas tasas de desempleo, un alarmante clima de violencia e inseguridad y un Estado con cada vez menos posibilidades para procurar el mayor bienestar general.
Se impone entonces la urgente necesidad de pasar de las palabras a los hechos. Llegó el momento de impulsar decididamente la reactivación económica y de redimensionar nuevas y mejores oportunidades de estudio y capacitación, principalmente para mujeres y jóvenes.
Llegó el momento de atacar las causas que fomentan la delincuencia tales como la desigualdad y la exclusión. Es hora de hacer un uso más eficiente y razonable de los recursos públicos.
Pero además, no podemos perder de vista que se requiere ese necesario equilibrio entre lo económico y lo social. Solo así podríamos garantizar la sostenibilidad del Estado, el funcionamiento institucional, el desarrollo humano y la preservación del modelo democrático.
Espero que este Informe sobre el Estado de la Nación nos sirva para generar mayor conciencia y conocimiento de aquellas áreas que requieren un mayor o mejor ajuste para seguir avanzando como sociedad.
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