El caso ocurrido en el Colegio Experimental Bilingüe de Palmares, donde un estudiante fue víctima de violencia sexual por parte de sus compañeros, no puede verse como un hecho aislado ni como una simple noticia que indigna un día y se olvida al siguiente. Es, más bien, el síntoma de un mal mucho más profundo: la pérdida de autoridad en la familia, la escuela y la sociedad, junto con una cultura permisiva que ha enseñado a la juventud que sus actos no tendrán consecuencias.
Durante décadas hemos confundido protección con indulgencia. Padres temerosos de ser tildados de “autoritarios” han renunciado a espacios fundamentales de formación. Docentes atrapados en protocolos interminables y normativas restrictivas pueden reportar hechos, pero rara vez actuar con firmeza preventiva o correctiva. Y las instituciones educativas, más preocupadas por su “imagen” que por la seguridad de los estudiantes, han permitido que la violencia se naturalice. El mensaje que reciben los jóvenes es devastador: el límite entre lo correcto y lo dañino puede ignorarse sin costo.
Este debilitamiento de la autoridad no se refleja solo en hechos de violencia sexual. El bullying físico y verbal, las agresiones contra docentes, la desobediencia sistemática, el desprecio por las normas básicas de convivencia e incluso conductas delictivas tempranas forman parte de la misma crisis cultural. La violencia, en todas sus formas, se alimenta de la certeza de que no habrá sanción real, de que la sociedad ha suavizado sus límites y de que la ley protege más al agresor que a la víctima.
La Ley de Justicia Penal Juvenil, concebida con la intención de la reinserción, termina transmitiendo un mensaje equivocado. Sanciones simbólicas, medidas alternativas o centros juveniles de estadía limitada no reflejan la gravedad de delitos como la violación o la agresión grave. En la práctica, esto enseña que la responsabilidad es relativa y que el daño infligido puede ser “perdonado” sin que el joven llegue a comprender plenamente su impacto. La compasión mal entendida se convierte en permisividad, y la permisividad, en impunidad.
La raíz de esta crisis es también cultural y filosófica. Durante años hemos exaltado una “libertad” sin límites, confundido disciplina con represión y tratado la corrección como crueldad. En ese marco, el castigo ejemplar, la autoridad firme y los límites claros se perciben como obstáculos que hay que suavizar o abolir. El resultado es una generación que cree poder transgredir sin consecuencias, para la cual la responsabilidad hacia los demás es opcional.
El caso de Palmares es solo el rostro más visible de una realidad cotidiana: estudiantes que agreden, jóvenes que desprecian la autoridad, familias e instituciones incapaces de corregir. La violencia juvenil no es únicamente sexual; es también moral, social y cultural. Cada transgresión que queda sin consecuencias refuerza la idea de que todo está permitido, que los límites han desaparecido.
Frente a esto, la sociedad tiene una decisión urgente que tomar. Recuperar la autoridad no significa imponer opresión; significa educar, formar y responsabilizar. Significa que los docentes puedan actuar con firmeza, que los padres establezcan límites sin miedo a ser juzgados, que la ley juvenil reconozca la gravedad de los delitos y que la justicia priorice a la víctima por encima del agresor.
Ignorar la diferencia entre el bien y el mal no libera: solo prepara el terreno para repetir errores más graves. Una juventud que aprende que la violencia queda impune inevitablemente reproducirá la misma violencia que se tolera. No se trata de ser cruel, sino de comprender que la verdadera libertad solo existe bajo principios claros de respeto, responsabilidad y justicia.
El caso de Palmares no es un incidente aislado ni una desgracia pasajera. Es un espejo incómodo que nos devuelve una pregunta esencial: si debilitamos la autoridad, suavizamos la ley y dejamos que la permisividad moral prevalezca, ¿qué futuro estamos construyendo? Cada acto violento que queda sin sanción, cada límite borrado en aulas y hogares, es una lección imborrable para los jóvenes: que sus actos no tienen consecuencias, y que la responsabilidad es opcional.
Una sociedad que enseña a perdonar todo y castigar nada, que prefiere la indulgencia a la justicia, terminará cosechando violencia, desorden y resentimiento. Recuperar la autoridad, enseñar que las acciones tienen consecuencias y restablecer límites firmes no es represión: es la única manera de asegurar que los jóvenes comprendan qué significa vivir con respeto hacia los demás y hacia sí mismos. La verdadera libertad no consiste en la ausencia de límites, sino en asumir con madurez el peso de cada acción.
