La suspensión indefinida del referéndum sobre la Ley Jaguar ha dejado una frustrante sensación de incredulidad entre los costarricenses. Oficialmente, la razón es la falta de presupuesto, combinada con las voces de ciertos sectores que consideran que la propuesta aún necesita ajustes. Pero esta situación plantea una pregunta crucial: si en Costa Rica se destinan fondos a proyectos de cuestionable utilidad, ¿por qué no se asignan recursos para un proceso democrático que permitiría a la ciudadanía decidir?
En este contexto de decisiones cuestionables, no pasó desapercibida la reciente visita de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que fue duramente criticada por la expresidenta Laura Chinchilla. En su comentario, Chinchilla afirmó que “la Costa Rica que hoy lo recibe se conforma con las migajas de un gobernante mediático e inescrupuloso, mientras descuida su propio estado de derecho”.
Actualmente se recortan presupuestos en áreas esenciales, el país parece no reconocer la falta de transparencia y las prioridades cuestionables en el uso de los fondos públicos.
Como periodista, administrador de empresas y máster en educación, veo en esta situación la urgente necesidad de reflexionar sobre nuestras prioridades como país y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La cancelación del referéndum de la Ley Jaguar evoca el recuerdo de otros casos de mal manejo de fondos, como el proyecto de la trocha fronteriza. Este proyecto, que pretendía “reforzar la seguridad y el desarrollo en la frontera con Nicaragua”, se convirtió en un símbolo de despilfarro y corrupción. Con un costo que finalmente superó los 40 mil millones de colones, dejó una profunda huella de desconfianza en la ciudadanía y no resolvió “los problemas” que se suponía abordaría.
Comparativamente, el referéndum de la Ley Jaguar habría costado entre 2.800 y 3.000 millones de colones, una cifra considerable, pero pequeña si se compara con el derroche de la trocha. Este tipo de consulta popular es fundamental para fortalecer nuestra democracia, involucrando a los ciudadanos en decisiones importantes. Suspenderlo bajo el argumento de falta de fondos es un golpe a la participación ciudadana y pone en duda el compromiso del país con el desarrollo de una cultura democrática.
En el año 2017, Pilar Cisneros, ahora diputada y entonces periodista de Telenoticias, denunció el despilfarro y los “faltantes” en la construcción de la trocha, llamando la atención sobre la corrupción y los posibles actos ilícitos que permeaban el proyecto. Hoy, ante la excusa de la falta de fondos para el referéndum, surge una pregunta ineludible: ¿dónde está ese dinero que debería financiar consultas ciudadanas tan importantes?
Es imprescindible exigir una rendición de cuentas sobre proyectos como el de la trocha, que no solo resultaron en enormes pérdidas económicas, sino que también deterioraron la confianza pública. Necesitamos una administración fiscal transparente y responsable, que destine los recursos para fortalecer la participación ciudadana y no para proyectos que solo dejan sombras de corrupción.
La participación ciudadana es un pilar de nuestra democracia. Sacrificar los recursos necesarios para fortalecerla debilita nuestro sistema democrático y es una señal de abandono de los valores que deberían guiar a Costa Rica.
