Desde inicios de la década de 1990, Costa Rica inició una transformación profunda en la forma de manejar sus residuos sólidos. Quienes vivimos ese proceso recordamos con claridad cómo basureros a cielo abierto fueron sustituidos por rellenos sanitarios tecnificados gracias, principalmente, a la inversión privada y a la visión de empresarios comprometidos con el ambiente. Un ejemplo emblemático fue la transformación de la llamada chanchera de Guido en el primer relleno mecanizado del país, conocido como Los Mangos, en San José de Alajuela.
A partir de entonces, y especialmente en los últimos 30 años, el país dejó atrás imágenes que hoy parecen querer revivir algunos discursos oficiales: montañas de basura ardiendo, zopilotes y buzos trabajando en condiciones insalubres. La llegada de inversión canadiense y estadounidense permitió el desarrollo de rellenos sanitarios modernos como La Uruka en Carpio, El Huazo en Aserrí y el Parque Tecnológico Ambiental de Miramar, además de la recuperación de sitios de disposición en provincias como Cartago y Limón.
Gracias a este modelo, las municipalidades han podido brindar un servicio de recolección y disposición final eficiente, técnico y ambientalmente sostenible. Sin embargo, este avance es el que hoy se ve amenazado por el decreto de regionalización de residuos emitido por el Ministerio de Salud.
Dicho decreto obliga a las municipalidades, sin plazos razonables ni criterios técnicos claros, a dejar de disponer sus residuos en parques tecnológicos ambientales ubicados fuera de su “región”, incluso cuando existan contratos vigentes y procesos de contratación adjudicados en instalaciones debidamente autorizadas y con capacidad suficiente. Un caso concreto es el Parque Eco Industrial Miramar, que recibe residuos de más de 15 municipalidades del Gran Área Metropolitana desde hace más de ocho años, a través de una estación de transferencia en Montecillos de Alajuela, así también dejaría sin utilización el nuevo parque ambiental que se desarrolla en la misma zona de Montes de Oro recientemente aprobado.
Esta medida no solo viola principios básicos de la Ley de Contratación Pública, sino que genera una grave inseguridad jurídica para la inversión privada y extranjera, al cambiar las reglas del juego mediante un decreto claramente inaplicable.
Además, el decreto impone una regionalización basada en criterios del MIDEPLAN que nunca fueron diseñados para la gestión de residuos, sino para el desarrollo regional y el ordenamiento territorial. Se trata de ámbitos completamente distintos. Peor aún, se incurre en una clara violación de la autonomía municipal, al imponer cómo deben organizarse las municipalidades para prestar uno de los servicios públicos mejor estructurados que existen actualmente.
Como si esto fuera poco, se exige que las municipalidades cuenten con su propio relleno sanitario o sistema de tratamiento, o que no trasladen residuos a más de 80 kilómetros de su cantón, una distancia definida sin justificación técnica y que ignora la realidad operativa actual. Muchas municipalidades trasladan hoy sus residuos a Miramar sin ningún problema ambiental, sanitario ni logístico.
El decreto exige, además, que estos cambios se realicen de forma inmediata, sin considerar que el desarrollo de un relleno sanitario o una planta de tratamiento requiere años de planificación, permisos y construcción. La alternativa que se ofrece es solicitar permisos temporales por 12 meses, como si en un año fuera posible desarrollar infraestructura de esta magnitud.
Todo apunta a que este decreto no busca resolver un problema real, sino crear una crisis artificial donde no la hay, al menos para una gran parte del Gran Área Metropolitana. Queda por preguntarse cuáles son las verdaderas intenciones detrás de esta medida: ¿forzar la apertura de parques ambientales donde la ley no lo permite?, ¿generar temor para impulsar proyectos que debiliten la autonomía municipal y concentren poder en un Ministerio de Salud que históricamente ha mostrado debilidades en la rectoría del sector?
El tiempo revelará las respuestas. Por ahora, la crisis inminente que se anunciaba hace apenas unos meses ha desaparecido, pero el daño a la seguridad jurídica y a la buena gestión de residuos podría estar apenas comenzando.