Los estudios sobre discapacidad han mostrado la transición que ha vivido la sociedad entre distintos paradigmas sobre discapacidad, dicho camino ha dejado heridas a lo largo del tiempo, sin embargo, ha evidenciado como en medio de la incertidumbre es posible seguir construyendo alternativas a partir del diálogo y la perseverancia humana. Bajo la consigna “nada de nosotros, sin nosotros” diversos grupos de personas con discapacidad, así como familias y grupos de apoyo, han promovido la reinvención de políticas públicas para el abordaje de la discapacidad como un desafío social, desde un enfoque de Derechos Humanos, donde las responsabilidades son compartidas, en miras de la eliminación de barreras físicas y actitudinales que imposibilitan el disfrute pleno de los derechos de todas y todos.
En el ámbito costarricense, las políticas en materia de discapacidad han sido parte de la discusión en el plenario legislativo en diversas ocasiones, y los grupos sociales organizados se han encargado de orquestar las voces necesarias para la consumación de un marco jurídico que apunte al diseño de planes que permitan un disfrute pleno de derechos. Sin embargo, la brecha entre la política escrita y la vida diaria denota el desafío por mantener una constante vigilancia, denuncia, así como una actitud proactiva para la renovación del marco jurídico cuando así sea necesario. Una de las dificultades que afrontamos como sociedad radica en ver el tema de la discapacidad como un concepto que merece atención solamente en fechas determinadas, para responder al calendario civil de “la política de lo inmediato”. La discapacidad como desafío es una realidad encarnada, que merece una atención permanente, la frase “nada de nosotros, sin nosotros” plantea la necesidad de plataformas ciudadanas e institucionales que permitan un diálogo constante.
La población con discapacidad en este país se ve afectada con mayor presión a la crisis económica, pues en muchos casos, las personas y sus familias han sido parte de una sociedad que no ha brindado las oportunidades para un desarrollo integral que beneficie en el ejercicio de la autonomía. El marco jurídico costarricense que declara oportunidades para todos y todas, así como la inclusión y la autonomía, choca de frente con la pared y la sombra de un modelo social atado a una dinámica económica basada en la competencia que no mira las diferencias. No pueden emerger oportunidades sin una educación de calidad, no puede existir inclusión obviando la atención especializada y los escenarios adecuados, no puede haber autonomía sin trabajos con salarios dignos.
Los desafíos que afrontamos como sociedad para construir entornos de acceso universal, así como para consolidar una estructura social que suprima las barreras actitudinales es urgente. No basta con una “Política Nacional en Discapacidad 2011-2030” que ya solo con su título deja entrever el célebre refrán popular “el que mucho abarca poco aprieta”, por eso más allá de los discursos se necesario construir planes de acción que atiendan lo inmediato en el marco de una visión a largo plazo.
En este sentido resulta fundamental: (1) la apertura de foros regionales anuales para el abordaje de rutas de acción en materia de discapacidad, (2) articulación de los resultados obtenidos de los foros con la red de CIMAD y COMAD del país que coordina el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS) para el cumplimiento de agendas específicas por región, que involucren el compromiso de los respectivos gobiernos locales, (3) la creación de una propuesta de red de proyectos productivos por medio de la figura de cooperativas dirigido desde la “Comisión Nacional de Empleabilidad y el Trabajo para la Persona con Discapacidad”; así como la urgente necesidad de (4) Diseñar una Política Nacional de Educación Especial, que establezca (a) la ecología de la educación inclusiva que articule cada nivel del sistema (b) el diálogo con las universidades para la toma de acciones en el currículo, que permita la formación de profesionales en educación capaces a atender a un Diseño Universal de Aprendizajes (DUA), (c) la implementación del DUA en la educación superior, a partir de un diálogo con las entidades correspondientes para el diseño de un plan escalonado, (d) la creación de planes de capacitación, por parte de las respectivas asesorías del Ministerio de Educación Pública, para profesionales en educación en el ejercicio ya graduados para atender al DUA, (e) la regulación y uso de consentimientos informados en los procesos donde las familias de personas con discapacidad sea informados de la oferta educativa existente, de modo que puedan optar de manera libre por lo que consideren adecuado para la formación académica o técnica de sus hijos e hijas, (f) la renovación y fortalecimiento de los llamados “planes nacionales” que funcionan en secundaria, con una oferta atractiva, que contenga el diseño de un plan de estudios dinámico, multidimensional, interdisciplinario, que responda a la persona como agente creativo y capaz, por medio de una formación técnica que atienda a las necesidades del contexto y a los intereses del estudiantado.
La discusión en materia de discapacidad debe salir de la sombra hacia la esperanza, por medio de una constante memoria de nuestro desafío compartido como sociedad con cada persona, pues “nadie debe quedarse atrás”. Esa es la Costa Rica que muchos queremos.
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