Costa Rica destina actualmente al pago de interés de deuda 4,8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). En los últimos cinco años, esta cifra ha mostrado una tendencia creciente y no se prevé una disminución significativa en el corto plazo. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), este comportamiento se mantendrá alrededor del 4% del PIB, muy por encima del promedio del 2% que registran los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El escenario de una “deuda cara” ha provocado en los últimos años lo que algunos economistas llaman “círculo vicioso de alto costo financiero” en el sentido de que mayores necesidades de financiamiento conllevan a mayores intereses y el mayor pago de intereses conlleva a mayores necesidades de financiamiento. Dicho circulo vicioso se debe a la presión que se genera en el mercado local. También hay que mencionar que conforme más se paga en intereses, menos recursos quedan a disposición para áreas como educación, salud y seguridad. El economista Fernando Rodríguez y coordinar del Observatorio Económico y Social, indica que este gasto excesivo limita la capacidad del Estado de financiar necesidades prioritarias. En la misma línea, los economistas Fernando Naranjo y Ronulfo Jiménez expresaron su desacuerdo en que el gobierno esté pagando intereses de deuda superiores al promedio de mercados internacionales.
Parte de esta situación se explica por la Constitución Política, que en su artículo 121 restringe al Ministerio de Hacienda endeudarse en el extranjero sin autorización previa de la Asamblea Legislativa. Esta restricción reduce la capacidad de acceso a financiamientos más baratos presentes en el extranjero y obliga a recurrir al mercado interno, donde las tasas son más altas y los plazos más cortos. Negociar un crédito en el plenario legislativo no siempre garantiza eficiencia, ya que el debate político puede desplazar criterios técnicos. Según cifras del Ministerio de Hacienda, en el primer trimestre de este año la deuda pública se ubicó en 57, 4% del PIB: el 42,4% corresponde a deuda interna, mientras que el restante 14,9 se atribuyó a deuda externa.
El déficit fiscal actual se explica, en gran medida, por el pago de intereses de deuda. En 2024, este fue de -3.8% del PIB, mientras que lo destinado a pago de intereses por deuda fue 4,8%. Por lo que, si el país se aproximara al promedio del costo por servicio de la deuda de los países de la OCDE (2% del PIB), se podría prever un panorama donde el país se acerque a ser grado de inversión, mejor catalogación del riesgo de la deuda por parte de Moodys, S&P, entre otras calificadoras, una mayor flexibilidad para negociar reformas estructurales, además de optar más fácilmente por líneas de crédito como la Línea de crédito flexible aprobada por el FMI recientemente, y todo esto sin contar que el menor coste de la deuda significaría más recursos para inversión social e infraestructura sin necesidad de aumentar impuestos. Pero esto solo se logra con una deuda más barata, la cual tiende a encontrarse en el mercado exterior.
En síntesis, el elevado costo de la deuda acota la inversión pública y perpetua el déficit fiscal. Con el objetivo de revertir esta situación el próximo periodo legislativo deberá incluir entre sus prioridades la evaluación y eventual reforma constitucional al artículo 121. De modo que el Ministerio de Hacienda cuente con mayor flexibilidad en materia de acceso a crédito externo más barato, reduciendo así la carga en intereses y dirigirá al país a la estabilidad fiscal.
