
La política costarricense da un vuelco de última hora, porque el presidente, Carlos Alvarado desaprueba la reducción del marchamo 2022 que pretendía dar un alivio económico a los costarricenses afectados por la restricción vehicular, pandemia, muertes, desempleo, aumento en la canasta básica, incremento del costo de vida, etcétera.
Con su actitud pareciera que da por enterrado ese proyecto que sin duda alguna estaba pensado para mitigar algunas de las inconveniencias económicas y sociales vividos durante estos casi 2 años de pandemia, recesión económica y crisis sanitaria.
Esta claro, que el presidente y su equipo podían haber revisado el proyecto final con suficiente tiempo y aportar las modificaciones o recomendaciones para que los diputados hicieran su parte.
El veto se trata de una atribución del Presidente para desaprobar un proyecto de ley, ya sea con el rechazo o modificación de algún aspecto de la norma, el cual ejerce una vez que cumplió su trámite en el Congreso.
El veto es concebido como recurso institucional para que el Ejecutivo se “defendiera” del Legislativo. No obstante, la negación requiere algunas justificaciones.
En primer lugar, con el veto total el presidente no dicta legislación, sino que impide que la que aprueba el Congreso se promulgue y aplique. En segundo lugar, el mecanismo del veto forma parte de mecanismo de pesos y contrapesos, donde cada rama del Estado interviene parcialmente en las otras.
Por el contrario la presidencia al ejercer el veto está poniendo de manifiesto que existe un Congreso que dicta leyes que son objetables para el Ejecutivo, se ha dicho que el veto es un indicador de conflicto institucional, pensado para el conflicto de inter-poderes.
Claramente el veto pareciera una provocación al pueblo, y sin duda alguna este presidente no puede gozar del aprecio de quienes creemos en la libertad, el progreso, y el respeto del orden constitucional.
En los próximos días el pueblo espera una reacción, de la oposición política, sindicatos, iglesias tanto católica como protestante, y demás fuerzas vivas, para exigir una explicación detallada económica no política del porque se niega a firmar.
El pueblo como democracia bicentenaria y madura espera una explicación detallada de las razones por las que se opone a dicho proyecto y a su negativa de firmar.
Finalmente, la poca solidaridad de Carlos Alvarado con el pueblo en todos los temas económicos y la insistencia en reactivar la economía nacional por medio de la construcción de un tren eléctrico interurbano, (se hace muy sospechosa conociendo los casos de Cochinilla y Cementazo), que impulsa la pareja presidencial con la intención de dejar un legado en su período de gobierno.
En síntesis este no es un buen momento para ese proyecto hasta que la economía se reactive, la crisis sanitaria este controlada y las finanzas públicas en equilibrio, porque contrario a eso la creciente deuda podría alcanzar magnitudes preocupantes.
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