El futuro político de Costa Rica es un tema de vital importancia porque el país pasa por momentos angustiosos, pues su andamiaje político e institucional se ve desprestigiado, con muestras de evidente desgaste e incapacidad de dar respuesta a los requerimientos de una sociedad que ha ido en franca decadencia por la corrupción, y pérdida de valores.
Esto supone que nuestro esquema político está plagado de anomalías, que evidencia vicios de agotamiento y desencanto. La construcción del país no le atañe solo al gobierno, es un trabajo de todos, que debe ser madurado por la sociedad civil y el gobierno, con el objetivo de hacer realidad los sueños y aspiraciones de sus habitantes.
El caos político, económico y social que intenta enderezar el gobierno, no ha cumplido con las expectativas y el país exige de una conducción que genere las condiciones para el desarrollo democrático, económico, y social.
La sociedad civil de nuestros tiempos reacciona contra del abuso del poder, pidiendo acceso a la toma de decisiones y poder de revocar el mandado de sus representantes, exigiendo a las autoridades que se luche contra la corrupción, dentro del marco de la ética.
En este contexto y cansados de la impunidad y la ineficiencia, es que llega al poder el Partido Acción Ciudadana a sabiendas de que no tiene experiencia y capacidad para dirigir las riendas del estado.
Las derrotas electorales que sufrieron los políticos de las élites tradicionales, debió captar la atención del Tribunal Supremo de Elecciones, para intentar mitigar el descontento social por medio de reformas electorales que permitieran a ciudadanos honorables, postularse sin pertenecer a un partido político con la finalidad de renovar y darle aire a un sistema colapsado.
La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un detalle técnico: el procedimiento electoral. Este aspecto plantea muchos desafíos a nuestro modelo de democracia en temas como: crisis de los partidos políticos, financiamiento de la política, la calidad y la paridad de la representación, fortalecimiento institucional y modernización de los marcos normativos electorales, la independencia y ciudadanización de las autoridades electorales, el voto desde el exterior y el uso de nuevas tecnologías.
Los costarricenses compartimos los grandes objetivos de vigorizar la democracia, profundizando las libertades políticas que fortalezcan el tejido social, que impulsen la educación, la ciencia y la cultura, garantizando la convivencia armónica con base en la legalidad, y el desarrollo de una ética para el crecimiento económico, que respete la naturaleza y la dignidad humana.
Por último, el TSE como ente superior es quien debe velar para que la democracia goce de credibilidad y confianza, debe impulsar las reformas estructurales urgentes y necesarias para su fortalecimiento que permita mayor participación ciudadana.
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