Solicitud del Ing. Gary Bolaños Rodríguez a nombre del Frente de Portadores Legales de Unión Liberal, a raíz del Editorial: Restricción a tenencia de armas del 23 de Junio del 2021 en el diario La Nación.
Luego de un lamentable y bochornoso acto de lo que al parecer es un caso de ira de carretera, el diario de Llorente LN retoma su conocido y público apoyo al desarme ciudadano, utilizando eufemismos y falacias con la única intención de plegarse nuevamente a los ingentes esfuerzos de partidos políticos estatistas e instituciones no gubernamentales globalistas para atacar a los portadores legales de armas.
Algo debe de quedar claro, y es que los días en los cuales los portadores legales de armas éramos vilipendiados y pisoteados han quedado atrás. También la dispersión que ha sufrido este grupo, que si bien es heterogéneo, comparte el respeto absoluto de dos cosas: el derecho a la defensa y la afición por las armas de fuego, que como objeto inanimado, están más allá del bien y del mal, tal como lo están los automóviles o los aviones, que también se han usado desafortunadamente para matar, y no por ello el estado tiene derecho a limitarme su posesión o su uso. Hoy, un grupo de portadores legales nos hemos unido en el seno de un partido político cuya visión integral de respeto por la vida, la libertad y la propiedad encaja completamente con el mencionado derecho a la defensa.
Todo ser humano es dueño de sí mismo, y de ese principio de auto-propiedad es que nace el derecho inalienable a buscar sobrevivir. Nadie, ni siquiera el estado, puede despojar a una persona del derecho innato de la búsqueda de su supervivencia en el mundo. Hoy, debido al inmenso desarrollo que se ha logrado gracias a la división del trabajo y a la creación de riqueza, el hombre ya no vive en las cavernas, pero no está exento de los mismos peligros.
Mi derecho a intentar sobrevivir no incluye el derecho a atentar contra otros, ni su vida ni su propiedad, con tal de lograr la supervivencia. A eso le llamamos el Principio de No Agresión (PNA, o NAP en inglés). El PNA le da al ser humano una brújula moral natural de que así como nadie tiene el derecho de atentar contra su vida, este no tiene el derecho de atentar contra la de otros.
Es evidente que esta norma es violada por individuos indeseables dentro de una sociedad, y ante la existencia del mal, el PNA justifica el uso de la violencia de carácter netamente defensiva. Ante una amenaza inminente a mi vida, no hay nada de inmoral en repeler el ataque de forma proporcional.
Ante este hecho evidente, ¿Quién es el estado, o el editorialista de Llorente, para poner términos y condiciones a mi angustioso intento de salvar mi vida o la de mi familia? ¿Quién tiene la potestad de, sin verse en mi situación, obligarme a acudir al monopolio legal de la violencia, el estado, y esperar en promedio 38 minutos a que un empleado estatal armado llámese policía llegue en mi auxilio? La respuesta es obvia: limitar mi derecho a la defensa es un acto inmoral, antinatural, y una violación a mi derecho humano básico de intentar sobrevivir. Los liberales, dentro del marco del PNA, tenemos eso muy claro.
Al ser el ser humano una criatura sociable, la variedad de actividades y situaciones en las que una persona se ve envuelta a diario hacen risible los intentos de los pro desarme en todo el mundo de ponerle límite a la cantidad de armas cortas que una persona puede inscribir legalmente para portar o el número de municiones con las que un cargador puede contar. Es en una sociedad de respeto absoluto a la propiedad privada donde sus respectivos dueños deciden quién puede entrar y quién no, y en qué términos. Por supuesto, esto quiere decir que el dueño de un establecimiento tiene la primacía en decidir discriminar a portadores legales de armas, o exigirles entrar desarmados. Esto es completamente compatible con la visión liberal y con el PNA.
El editorialista del diario de Llorente no sólo no menciona nada de esto (ya que probablemente lo aqueja la ignorancia) sino que evita mencionar la contundente evidencia del fracaso del desarme ciudadano en países como Venezuela, donde a pesar de la criminalización de los portadores legales siguen siendo uno de los países más violentos del mundo, o México, donde mientras los narcos portan AK-47s a plena luz del día, los portadores legales civiles son risíblemente limitados a pistolas calibre .380 auto, un calibre tan discutible para la defensa personal que ni la policía lo utiliza.
Aunado a eso, tampoco menciona el fracaso en disminuir la violencia una vez la reforma a la ley de Armas y Explosivos (A&E) en Costa Rica entró a regir en la administración pro desarme Alvarado Quesada. Esta agenda pro desarme criolla acusó de la violencia en el país a los portadores legales, cuyos engorrosos y ridículos trámites para renovar legalmente la portación están por cierto ahora empantanados por la decidía y la inoperancia del Departamento de Control de A&E del Ministerio de Seguridad Pública. Aunque se nos limitó aún más la ya limitada, cual migajas, y vergonzosa concesión estatal para portar armas, el número de crímenes violentos en Costa Rica no disminuyó, lo cuál era de esperarse ya que las causas de estos no son los portadores legales de armas, sino un sinfín de malestares socio-económicos causados por la ausencia de las ideas liberales a lo largo y ancho del abanico de las acciones humanas. Para esta administración progresista, donde hasta los choferes de Uber son perseguidos cuales criminales vulgares, lo que el estado no pueda controlar es un peligro, para el estado.
No más. Es hora de decir: ¡No me pisen! El derecho a portar armas en Costa Rica para defensa de la vida, la libertad y la propiedad ha sido ensuciado y violado ya demasiado. En el Frente de Portadores Legales de Unión Liberal no vamos a permitir más que de forma antojadiza se usen contra nosotros lamentables hechos aislados como un enajenado acto de ira de carretera, o se nos achaque la responsabilidad de una sociedad con síntomas de violencia causados por males ajenos a nosotros los portadores legales.
Es hora de contraatacar. Basados en el derecho natural y dentro de la ley, nos proponemos desechar la vulgar concesión estatal y sus restricciones infundadas, y restituir nuestro derecho natural a portar armas en un marco constitucional de respeto a la vida y la defensa de la misma.
Exhortamos a los amantes de la libertad a que se unan a nosotros, y a los detractores de esta los retamos a que nos debatan.
MOLON LABE.
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