Del ocaso de la Asamblea Legislativa a una nueva institución democrática

I.     La crisis de un órgano constitucional

La Asamblea Legislativa de Costa Rica atraviesa, sin lugar a duda, una de sus crisis más profundas de legitimidad, eficacia y prestigio institucional. Lo que antaño fue considerado el bastión de la democracia costarricense, el foro donde la razón pública prevalecía sobre los intereses particulares, se ha convertido en un espectáculo que oscila entre lo grotesco y lo patético. No es exageración retórica, los datos empíricos confirman una realidad que los ciudadanos perciben cotidianamente con desazón y hartazgo.

Según las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), la Asamblea Legislativa recibe una calificación de apenas 4,5 sobre 10, ubicándose consistentemente en los últimos lugares de confianza institucional junto con los partidos políticos. Un 72% de la población confía poco o nada en quienes integran el Congreso cuando se trata de información sobre temas nacionales. Estos números no son meras estadísticas frías, representan el colapso de la fe ciudadana en la institución que debería encarnar la soberanía popular.

El período 2022-2026 ha resultado ser el clímax de un proceso de deterioro institucional que venía gestándose desde los años noventa. Giovanni Sartori lo advirtió con crudeza, la democracia se vuelve frágil cuando la representación pierde densidad y la política se reduce a espectáculo. Lo ocurrido en Cuesta de Moras durante estos años confirma esa alerta.

II. Anatomía de la decadencia parlamentaria

1.1 El espectáculo como sustituto del debate

Los medios de comunicación han documentado con precisión (y hasta la saciedad) los episodios que han convertido al Plenario en una suerte de circo mediático: gritos destemplados, acusaciones cruzadas de pertenecer a “«cárteles”, golpes sobre los escaños, amenazas veladas entre colegas, y sesiones que se asemejan más a un espectáculo de confrontación que a un órgano deliberativo de altura. En septiembre de 2024, el país presenció atónito cómo legisladores del Partido Liberación Nacional y del oficialismo protagonizaban un altercado que incluyó gritos y golpes en la mesa, mientras se lanzaban mutuamente acusaciones de corrupción sin prueba alguna.

Como señalaba Jürgen Habermas en su teoría de la acción comunicativa, la legitimidad de las instituciones democráticas descansa en la calidad del discurso público y en la posibilidad de alcanzar consensos racionales. Cuando el debate parlamentario degenera en confrontación tribal, cuando las mociones de orden se convierten en armas de obstrucción sistemática, y cuando los diputados abandonan el recinto como “protesta” en lugar de argumentar sus posiciones, se erosiona el fundamento mismo de la representación democrática.

1.2 La confrontación sistémica entre poderes

El período ha estado marcado por una confrontación sin precedentes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El presidente Rodrigo Chaves ha hecho de la crítica y denuncia del Congreso una política comunicacional permanente, mientras que la mayoría opositora (articulada en torno al Directorio presidido por Rodrigo Arias) ha respondido con el control político como instrumento de desgaste gubernamental. Esta dinámica de suma cero ha paralizado iniciativas de interés nacional y ha convertido cada proyecto de ley en un campo de batalla ideológico.

La investigación sobre supuestos vínculos entre el Gobierno y el narcotráfico, aprobada con 38 votos a favor y solo 6 en contra en octubre de 2024, ilustra perfectamente esta dinámica. Independientemente del mérito de las acusaciones, el proceso se ha desarrollado en un ambiente de polarización extrema que dificulta cualquier búsqueda de la verdad objetiva. Como advertía Guillermo O’Donnell en sus estudios sobre democracias delegativas, cuando los poderes del Estado se perciben mutuamente como enemigos antes que, como contrapesos institucionales, la democracia entra en una zona de riesgo.

1.3 La falacia de la productividad legislativa

Para no perder el hilo del absurdo, la Presidencia se ufana de que el Congreso aprobó 435 proyectos de ley en tres años, una cifra alta en términos históricos. Pero la productividad bruta no equivale a calidad normativa. Cuando la agenda se llena de declaratorias, homenajes y reformas menores, y se posterga la cirugía mayor del Estado, la estadística se convierte en cosmética institucional.

Esta “inflación legislativa” de baja calidad no es un fenómeno exclusivamente costarricense. Como documentaron Luna Pla y Puente Martínez en su estudio sobre parlamentos latinoamericanos, la cantidad de leyes aprobadas no es un indicador fiable de eficacia parlamentaria. Lo relevante es la calidad normativa, la coherencia sistémica del ordenamiento jurídico y, sobre todo, la capacidad del parlamento para abordar los problemas estructurales que afectan a la sociedad.

1.4 La fragmentación partidaria y el transfuguismo

Las encuestas del CIEP-UCR revelan que el 75% de la población no tiene afinidad con ningún partido político. Esta desafección se refleja en una Asamblea fragmentada donde las alianzas son volátiles y el transfuguismo se ha normalizado. Diputados que abandonan sus fracciones, bloques informales que se reconfiguran según conveniencias coyunturales, y una ausencia total de disciplina partidaria que hace imposible cualquier planificación legislativa a mediano plazo.

Como advertía Giovanni Sartori en su obra clásica sobre partidos políticos, cuando el sistema de partidos se atomiza hasta el punto de volverse inoperante, la democracia representativa pierde su capacidad de agregar preferencias ciudadanas y traducirlas en políticas públicas coherentes. Costa Rica está experimentando precisamente esta patología institucional.

III. Los fundamentos de un parlamento democrático

Antes de proponer reformas, es necesario establecer los principios normativos que deben guiar la renovación parlamentaria. La ciencia política contemporánea identifica cuatro dimensiones fundamentales de calidad parlamentaria que todo proceso de reforma debe considerar:

Transparencia: Siguiendo los estándares del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL), un parlamento transparente es aquel que publica en tiempo real sus agendas, votaciones, gastos y la actividad de sus integrantes. Costa Rica obtuvo apenas 50,74% en la última medición, ocupando el cuarto lugar regional pero muy lejos de los estándares de democracias consolidadas.

Participación ciudadana: Como establece la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, la legitimidad parlamentaria requiere mecanismos efectivos de incidencia ciudadana que vayan más allá de la consulta pasiva. Chile, líder regional con su plataforma “Congreso Virtual”, demuestra que es posible integrar a la ciudadanía en el proceso legislativo de manera sustantiva.

Rendición de cuentas: Un parlamento democrático debe someterse a escrutinio público permanente. Esto incluye no solo la publicación de información, sino mecanismos efectivos de sanción ética y legal para quienes incumplen sus deberes representativos.

Eficacia institucional: Como señalaba Robert Dahl, la democracia requiere instituciones capaces de traducir las preferencias ciudadanas en decisiones colectivas vinculantes. Un parlamento inoperante, aunque formalmente democrático, traiciona su razón de ser.

IV. Mis diez propuestas para la renovación parlamentaria

Con base en las mejores prácticas internacionales y la doctrina parlamentaria contemporánea, propongo las siguientes reformas estructurales:

1. Parlamento Abierto con impacto real

Más allá de la adhesión formal a los principios de Parlamento Abierto, se requiere la implementación de una plataforma tecnológica que permita: publicación en tiempo real de agendas, proyectos y votaciones; transmisión de todas las sesiones de comisión (no solo del Plenario); registro de asistencia y participación de cada diputado en formato abierto y descargable; y mecanismos de participación ciudadana vinculante en la agenda legislativa, siguiendo el modelo chileno del “Congreso Virtual”.

2. Oficina Técnica de Presupuesto y Análisis Legislativo

Creación de una oficina independiente, al estilo del Congressional Budget Office estadounidense o la Parliamentary Budget Office canadiense, que realice análisis técnicos previos a la discusión de todo proyecto de ley. Esta oficina debe evaluar el impacto fiscal, social, ambiental y de género de cada iniciativa, proporcionando a los diputados información objetiva para la toma de decisiones. Su independencia debe estar garantizada constitucionalmente para evitar presiones políticas.

3. Programa obligatorio de capacitación parlamentaria

Los legisladores deben cumplir con un programa de inducción y actualización certificada en: derecho constitucional y parlamentario, procedimientos legislativos, ética pública, derechos humanos, finanzas públicas y técnica legislativa. Esta formación debe ser impartida por las universidades públicas en convenio con la Asamblea, y su cumplimiento debe ser condición para el ejercicio pleno de las funciones legislativas. Como señala la UCR, que recibió 218 consultas legislativas solo en 2024, existe capacidad académica instalada para profesionalizar la función parlamentaria.

4. Concursos públicos para plazas interinas y asesorías

El clientelismo en la contratación de personal parlamentario es un cáncer institucional que debe erradicarse. Todas las plazas interinas y asesorías deben cubrirse mediante concursos públicos transparentes, con criterios técnicos verificables y tribunales evaluadores externos. Los asesores de fracción deben contar con credenciales académicas mínimas en áreas relevantes para la función legislativa.

5. Registro de lobby y transparencia en la influencia externa

Como ha documentado la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, Costa Rica carece de regulación efectiva del lobby parlamentario. Se requiere un registro obligatorio de todas las reuniones de diputados con representantes de intereses particulares, declaración de conflictos de interés antes de votar proyectos que afecten a sectores específicos, y publicación de obsequios y beneficios recibidos. La opacidad en estas materias alimenta la desconfianza ciudadana.

6. Código de ética parlamentario con sanciones efectivas

El actual régimen disciplinario parlamentario es inexistente. Se requiere un código de ética riguroso que regule las conductas dentro y fuera del parlamento, con un órgano autónomo de investigación y sanción integrado por ciudadanos de reconocida trayectoria ética. Las sanciones deben incluir desde amonestaciones públicas hasta la suspensión temporal de funciones y la pérdida de dietas. La impunidad ética es incompatible con la dignidad del cargo representativo.

7. Agenda legislativa estratégica con metas claras

El diseño de una agenda estratégica legislativa, con metas claras, plazos específicos y evaluación pública, permitiría que la Asamblea tenga un norte definido y sea evaluada con base en indicadores de desempeño. Esta agenda debe construirse al inicio de cada legislatura con participación de todas las fracciones, estableciendo prioridades nacionales que trasciendan las disputas coyunturales.

8. Participación ciudadana efectiva y vinculante

Incorporar mecanismos de participación ciudadana que no se limiten a consultas pasivas, sino que permitan la iniciativa popular legislativa con requisitos accesibles, audiencias públicas obligatorias para proyectos de impacto nacional, y respuestas formales a las peticiones ciudadanas. La tecnología debe aprovecharse para facilitar estos procesos y reducir la distancia entre representantes y representados.

9. Evaluación institucional externa anual

La Asamblea debe someterse a una evaluación externa anual de desempeño, realizada por organizaciones independientes como las universidades públicas o la Contraloría General de la República. Los informes de evaluación deben ser públicos y utilizados para ajustar los procesos internos. Ninguna institución democrática puede estar exenta de rendición de cuentas.

10. Reforma integral del Reglamento Interno

Es imperativo actualizar el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, alineándolo con las mejores prácticas internacionales. La reforma de 2018 fue un avance, pero insuficiente. Se requieren mecanismos que agilicen el trámite legislativo sin sacrificar el debate democrático, regulen el filibusterismo abusivo, modernicen los procesos de votación, y establezcan consecuencias claras para las conductas obstruccionistas.

V. Un llamado a la acción institucional

Las reformas propuestas no son utopías académicas sino necesidades institucionales urgentes. La situación actual de la Asamblea Legislativa no es irreversible. Es posible restaurar la confianza ciudadana si se implementan medidas claras y transparentes que mejoren la calidad legislativa y profesionalicen la función parlamentaria.

Como recordaba Norberto Bobbio, la democracia es, ante todo, un conjunto de reglas que determinan quién decide y bajo qué procedimientos se decide. Cuando el Parlamento se degrada, esas reglas se vuelven letra muerta. Por eso, la ciudadanía no debe resignarse. Debe exigir una Asamblea que piense, legisle y controle con seriedad, porque la democracia no se hereda, se construye todos los días.

El futuro de la democracia costarricense depende de la renovación estructural de sus instituciones, y la Asamblea Legislativa es el lugar donde debe comenzar. Los ciudadanos exigen respuestas y los diputados tienen la obligación de actuar con responsabilidad, dejando atrás el clientelismo político, el espectáculo mediático y la confrontación estéril. La alternativa (como nos recuerda Montesquieu en el epígrafe de este artículo) es el camino hacia el despotismo.

Porque una democracia no se destruye de golpe. Se descompone poco a poco, desde adentro. Y si no lo entendemos ahora, quizás cuando despertemos ya no haya nada digno que salvar.

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