Costa Rica enfrenta hoy desafíos de seguridad que no existían cuando se abolió el ejército en 1948. El país cerró 2023 con 907 homicidios, la cifra más alta de su historia, y más del 65% de estos casos estuvo vinculado al crimen organizado, según datos del OIJ. En provincias como Limón, la tasa supera los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, niveles que reflejan la magnitud del problema y la capacidad operativa de las redes criminales transnacionales.
Ante esta realidad, es comprensible que sectores de la ciudadanía planteen la necesidad de explorar nuevas formas de cooperación internacional, incluida la asistencia militar técnica y estratégica de países aliados. Para muchos costarricenses, esta discusión no se trata de renunciar a la identidad pacífica del país, sino de protegerla. La seguridad es un derecho humano fundamental: sin seguridad no hay convivencia, no hay oportunidades para la juventud, no hay turismo, no hay inversión y no hay futuro.
El crimen organizado erosiona valores, destruye comunidades y pone en riesgo la esencia misma del modelo democrático costarricense. Frente a organizaciones que operan con recursos ilimitados, rutas marítimas consolidadas y tecnología avanzada, es legítimo considerar si Costa Rica necesita apoyo especializado en áreas donde hoy existe una brecha evidente: inteligencia, vigilancia marítima, interdicción de cargamentos y desarticulación de estructuras criminales.
La cooperación militar de Estados Unidos —entendida como soporte técnico, no como militarización del país— podría fortalecer la capacidad del Estado para recuperar el control del territorio y proteger a la población. También existe un argumento económico: un país más seguro es un país más atractivo para el turismo y la inversión. La estabilidad ha sido históricamente uno de los principales activos de Costa Rica, y recuperarla es esencial para el desarrollo.
Sin embargo, cualquier discusión sobre cooperación militar debe darse con transparencia, rigor técnico y participación ciudadana. Implica revisar marcos legales, evaluar impactos geopolíticos y definir con claridad los límites, alcances y mecanismos de supervisión. La seguridad no puede improvisarse ni decidirse desde la urgencia; requiere visión de Estado.
Costa Rica tiene derecho a proteger a su gente y a su juventud. Y también tiene la responsabilidad de hacerlo sin perder los principios que la han distinguido en el mundo. La pregunta no es si debemos cambiar nuestra esencia, sino cómo defenderla en un contexto que cambió radicalmente.