Costa Rica históricamente ha sido una nación y un país creyente, cristiano, humanista, solidario, democrático, católico y particularmente mariano. Mucho de su idiosincrasia y valores, logrados con mucho esfuerzo a lo largo de los años, se debe a que Costa Rica ha creído y ha actuado a partir de principios y valores cristianos con gran sentido de justicia e igualdad social. Es un legado histórico que no podemos negar y echar en saco roto de un momento a otro, simplemente por “ponerse a la moda e imitar” otros modelos ajenos por parte de unos cuantos.
Por eso, sorprenden las corrientes de la nueva izquierda que se quieren imponer y legitimar desde la vía legal, acudiendo a proyectos de ley que se introducen en la Asamblea Legislativa.
Me refiero, en esta ocasión, específicamente al Proyecto de Ley que habla de prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia, expediente 20.174.
Desde luego, lo primero que hay que decir es que la Iglesia se opone a toda forma de discriminación, racismo e intolerancia. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en su numeral 132 señala: “Una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. Ésta representa el fin último de la sociedad, que está a ella ordenada: ‘El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal, y no al contrario’. El respeto de la dignidad humana no puede absolutamente prescindir de la obediencia al principio de ‘considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente’”.
Son muchos los puntos que generan duda y temor por la amplitud con que se aborda este proyecto de ley, pretendiendo castigar con penas de prisión de 6 meses a 2 años “a la persona que forme parte de una organización que se inspire en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o cuyo fin sea promover el odio y la discriminación basada en motivos raciales, de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión del género, opinión política, origen social, posición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o características genéticas”.
Por ambiguo, conceptos amplios e indeterminados, este y otros artículos ya habían sido señalados en un informe legislativo que advertía sobre la inconstitucionalidad de este proyecto, informe a cargo del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en marzo de 2017.
Son este tipo de corrientes las que impulsan irónicamente leyes que promueven el odio y la división en un país que históricamente ha sido unido y solidario. Repasemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Hacia esto, hago un llamado a todos los costarricenses y personas que habitan en nuestro país. Les exhorto a vivir el principio de la fraternidad, a vivir en dignidad y respeto por el otro, y no someternos a corrientes que atentan incluso con el libre pensamiento y expresión que son derechos también de los que gozamos como seres humanos y que deben ser ejercidos también de forma responsable, promoviendo la tolerancia y no lo contrario.
Que el Señor ilumine, por un lado, a quienes tienen en sus manos la creación de las leyes y su ejecución en nuestro país; e ilumine también a todo el pueblo, para tomar las mejores decisiones a fin de seguir viviendo en una Costa Rica democrática que transite por los caminos de unidad, paz, solidaridad, fraternidad, desarrollo y prosperidad, que la han hecho ser la nación que es.
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