Los trabajadores públicos y privados, son quienes dinamizan verdaderamente la economía de un país. Tanto el sector público como el privado, se deben regir por lo que dicta el Código de Trabajo en todo lo referente a las deducciones salariales, pero lo cierto es que, a los trabajadores privados, salvo por embargos judiciales o pensión alimentaria no se les aplica deducción alguna. Esta problemática afecta enormemente al sector público, con la consecuencia directa que al reducir a estos lo que reciben por concepto de salario, se crea una enorme afectación a la cadena de consumo y con ello, la reactivación económica que tanto necesitamos a nivel país, como dicen nuestros abuelos “está en la cola de un venado”.
Probablemente con la reciente aprobación de la reforma a la Ley 7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (reforma que vino con lo que se publicó como Ley de Usura, el pasado 20 de junio), se limite un poquito el acceso a los créditos y esta situación de sobre endeudamiento experimente una desescalada. Los funcionarios públicos son vistos como la caja chica de las entidades financieras, les ofrecen y les ofrecen créditos de consumo, tarjetas de créditos, les financian hasta las compras en la verdulería del barrio, todo esto bajo la “facilidad” de aplicar deducciones mínimas directamente a los salarios, facilidad que viene amarrada a una tasa de interés “preferencial”, todo con la finalidad de colocar un crédito. Nuestros abuelos, en su infinita sabiduría nos decían “tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe” y eso mismo pasa con el salario de los trabajadores del sector público, por esa facilidad de financiamiento, llega un punto que, sin darse cuenta el trabajador, no tiene contenido salarial o recibe montos mínimos, que no le permiten ni tan siquiera mantener una vida digna, no tienen garantizado ni el dinero para los alimentos, mucho menos poder ayudar a la reactivación de la economía.
Todo esto pasa por la permisividad de nuestra Administración Pública y la condescendencia que tienen para con las entidades financieras, ya que permiten que al trabajador se le hagan deducciones salariales desproporcionales y como dije anteriormente vaciando el contenido salarial de los trabajadores públicos.
Pero donde queda lo que dicta nuestro Código de Trabajo en los artículos 69, 172 y 174, que nos indican los montos máximos embargables, que nos indican la franja intocable de un salario, que nos indica que los salarios solo pueden ser cedidos, vendidos o enajenados a favor de un tercero en la parte que sean embargables, que nos indica la prohibición de realizar deducciones de créditos, salvo que estos sean para la compra de vivienda propia. ¿Porque la Administración Pública, conocedora de nuestra legislación nacional en temas de salarios, no es estrictamente vigilante que se dé el cumplimiento de la misma? ¿Porque permiten que sean las entidades financieras quienes administren y ordenen las deducciones al salario de los trabajadores? Nuestra Administración Pública se olvida por completo del bienestar de nuestros trabajadores públicos y se doblega a los intereses de las entidades financieras.
Las deducciones salariales a nuestros servidores públicos deben eliminarse por completo, salvo en lo que, si autorice nuestra legislación laboral tal cual está establecido, no permitiendo interpretaciones parciales o erradas como las actuales. Con esto no estoy solicitando que se permita una evasión de pago a las obligaciones que se contraen con una entidad financiera, pero es que la deducción salarial, es solamente un mecanismo de pago, el pago por ventanilla o por medios virtuales, son también mecanismos de pago efectivos que tienen las entidades financieras. Es urgente que los trabajadores recobren la administración de su salario, con esto los trabajadores afectados por esta situación, al eliminar las deducciones salariales de nuestros servidores públicos, van a tener la posibilidad de ir a la entidad financiera a renegociar su deuda, opción que no tienen actualmente, pues al tener la deducción salarial, la entidad financiera recibe su pago mes a mes, sin importar si el trabajador queda sin contenido salarial.
Al poder renegociar su deuda en plazo e intereses, van a poder obtener la liquidez que hoy no se tiene, con esto van a tener mayor flujo de dinero disponible al menos para vivir dignamente y con ello, impulsamos la cadena de consumo, esto nos va a traer consigo la reactivación económica que tanto necesitamos. No se necesitan aprobar leyes o reglamentos, solamente necesitamos que la Administración Pública, sea estrictamente vigilante de que se cumpla con la normativa ya existente…
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