De acuerdo al decreto ejecutivo N°36984-MINAET, el Instituto Costarricense de Electricidad debe anualmente presentar un informe ante el Consejo de Gobierno, en el que puntualiza sobre el desempeño tanto del mercado eléctrico como el de telecomunicaciones, el estado de avance de las metas de la institución y sus empresas, trazados en el Plan Nacional de Energía, Plan Nacional de Desarrollo y demás planes aplicables al ICE.
También debe señalar, en caso de no cumplir con alguna de las metas establecidas, justificar y documentar las causas de la falta de cumplimiento.
Parte de la documentación que el Instituto Costarricense de Electricidad debe de presentar en su informe anual, es la estadística sobre venta de energías, un análisis sobre la producción de energía eléctrica, así como un balance de la estrategia seguida por la institución.
Entonces, ¿dónde están los informes de los últimos años que hasta ahora están alertando de la difícil situación que atraviesa la institución? ¿Por qué no conocíamos los números rojos de este instituto, si se hace obvio que esto no es algo de los últimos meses? ¿Por qué hasta ahora se toma la decisión de frenar el proyecto hidroeléctrico Diquís si lleva más de 7 años varado?
El día de ayer la presidenta ejecutiva del ICE nos anuncia también la clausura de 2 plantas térmicas, San Antonio y Barranca, ¿la razón? Su ineficiencia. Sin embargo también señala la presidenta ejecutiva que lleva años sin aportar energía, esto nos lleva al punto con el que inicié, los informes que la institución anualmente debe de presentar. Debíamos todos los costarricenses conocer que se estaban teniendo gastos operativos en 2 plantas que no generaban absolutamente nada, eso se llama despilfarro.
El Instituto Costarricense de Electricidad ha venido ocultando información, obstaculizando su fiscalización, la falta de transparencia y el desorden administrativo en una institución tan importante impacta directamente a los costarricenses, pues sus malas decisiones se pueden convertir en alza en las tarifas, lo que afecta a todos los usuarios, y podría llevar incluso hasta la quiebra a la institución, esto no lo podemos permitir.
Es por estas razones que presenté una moción en la comisión de ambiente de la Asamblea Legislativa, la cual presido, para que el señor intendente de energía se presentara y nos diera su perspectiva al respecto, también que la señora contralora viniera a referirse a los diferentes informes que se le han hecho al Instituto, y que nos detallara si las recomendaciones hechas han sido acatadas o no. Y por último presenté una moción para que doña Irene Cañas se presente en la comisión la próxima semana y nos explique la situación actual de la institución.
Paralelamente a estas acciones envié un oficio a la Contraloría General de La República en el que solicito que se me entregue la lista de disposiciones que la CGR ha hecho al ICE y el cumplimiento de cada una de ellas.
La situación crítica que atraviesa la institución en estos momentos se viene arrastrando desde hace varios años, y es la suma de varios factores, la falta de planificación, la resistencia en acatar las recomendaciones que ha realizado la Contraloría General de la República en los diferentes estudios, la prepotencia de sus autoridades, la inactiva y tibia participación del regulador de energía y las pésimas decisiones financieras y de inversión, además la falta de transparencia en la rendición de cuentas de sus contrataciones, entre otras.
Finalmente el día de ayer, las actuales autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad señora presidenta ejecutiva Irene Cañas y el Ministro de Ambiente como rector del sector, el señor Carlos Manuel Rodríguez, evidenciaron lo que ya desde la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa he dicho y he venido sacando a la luz en relación con las pérdidas de millones de dólares en las diferentes inversiones del ICE.
No obstante las raíces de los desaciertos del ICE son más profundos que las pérdidas reportadas, en Diquís, son por más de 134 millones de dólares, los planes de inversión antojadizos, la forma de contratación, los juicios millonarios contra el ICE, las millonarias inversiones en dólares a través de contratos sin regulación, las formas en las que justifican los fideicomisos financieros y de obra y las diferencias en su aplicación.
Los objetivos de una institución deben de responder a objetivos país, no deben ser decisiones políticas antojadizas, el ICE no escapa de esto.
En marzo del presente año, hace 8 meses las autoridades de la Institución debieron presentar el informe que mencioné al inicio, sobre la situación del instituto, al parecer no dieron a conocer todos estos reveladores datos que yo empecé a recolectar y a conocer desde mayo que ingresé a Asamblea Legislativa, y que doña Irene Cañas nos confirma el día de ayer.
Todo esto evidencia el secretismo bajo el cual se ha actuado en el ICE, es por esto que seguiré investigando y solicitando explicaciones, pues no sabemos qué más puede estarse ocultando.
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