Los gobiernos y dirigentes políticos argumentan siempre, que las decisiones políticas que toman son para crear bienestar para la gente, y para los sectores que conforman la sociedad. Los medios de prensa ayudan a implantar en el sentimiento y pensamiento de la población esos discursos, en especial porque hace rato, salvo algunas excepciones, no hay prensa preparada ni siquiera para hacer preguntas inteligentes a los gobernantes. Los pueblos obedientes como generalmente son, interiorizan el mensaje, y terminan aceptando las medidas que se toman. El argumento de fondo con que se venden esas políticas, es que la sociedad toda entera, aunque sabemos que hay excepciones, tiene que sacrificarse para resolver los problemas del presente y construir el futuro, y todo dentro del marco del Estado de derecho. En las últimas administraciones la ciudadanía ha sido invitada por los que han ejercido el poder, a aceptar una gran cantidad de medidas de sacrificio, insistiendo que todas ellas son para mejorar. Una frase muy usada por los economistas y políticos, es que los recursos se necesitan ya, porque caso contrario Costa Rica se cae. La urgencia de recursos disponibles de inmediato es el pan de todas las propuestas fiscales. Así entonces, se aprueban más ingresos, pero el país sin embargo, sigue cayendo estrepitosamente en lo social, en lo económico, en lo político y a pesar de las reformas, también en lo fiscal. ¿Cómo entonces creer, que si la gente se sacrifica, todo va mejor, cuando la realidad y los números señalan lo contrario, es decir, que todo va peor? Ese es el dilema al que se enfrenta cualquier ciudadano común. Su sacrificio consistente en pagar más impuestos, en acumular más deuda per cápita, en vivir con más privaciones y menos oportunidades, en disminuir sus esperanzas, no es correspondido por la realidad de la tierra prometida.
Veamos lo que ha pasado en Costa Rica, y verifiquemos en unos cuántos ejemplos, de manera simple, si el sacrificio de la población ha valido la pena, y si los recursos que literalmente han solicitado los gobiernos a la ciudadanía, han tenido algún sentido en términos de su bienestar, o más bien han generado la sociedad del malestar.
Primero: La reforma fiscal del 2018.
En administraciones recientes se vendió la idea de aprobar una reforma fiscal, señalada por los propulsores como un gran pacto tributario, que culminó en este gobierno de don Carlos Alvarado con el acuerdo de 34 diputados, 10 las bancada del PAC, 14 diputados de Liberación Nacional, 8 del PUSC, y 2 independientes, que votaron en segundo debate el proyecto el 3 de diciembre del 2018. Dicha reforma, sobre la cual escribí en contra, porque me parecía más de lo mismo, fue vendido como la salvación de las finanzas públicas. El Presidente Alvarado declaró textualmente en aquel entonces, que con ello “había evitado una crisis y se da un paso que trae estabilidad y confianza.” Por cierto, en noviembre del 2018 la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, reportaba que el 70 % de la población consideraba que el rumbo del país era malo. La reforma según sus creadores reduciría el déficit que se proyectaba en 7,1% del PIB, y también la deuda que en ese año cerraría en 53% del PIB. El impacto sería según el Banco Central de 3.7 del PIB sumando los nuevos ingresos y la reducción de gasto especialmente por la vía de la regla fiscal. El principal componente impositivo de esa reforma fue la creación del IVA ampliado, en sustitución del impuesto de ventas, un IVA generalizado que estalló en los bolsillos también de los más pobres y de la clase media, y algunos cambios en la renta. De lo más destacado fueron las amnistías, de la cual se aprovecharon especialmente contribuyentes muy grandes que no estaban muy acostumbrados a contribuir. En resumen la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se aprobó justificando el Gobierno ante la ciudadanía, que era necesaria para resolver el problema fiscal del país. En adelante habría entonces confianza, y la reforma fiscal que tanto había esperado Costa Rica, nos traería tiempos mejores. Tuvimos reforma, se crearon más impuestos, aumentaron las bases contributivas, pero el problema fiscal sigue mucho peor, ciertamente profundizado por la pandemia, pero con un enorme hueco en las finanzas derivadas de gestiones anteriores, de la impericia del actual gobierno y de repetidos engaños en las promesas de reducir el gasto público. El déficit proyectado al final del 2020 se estima en 9.4 % del PIB. ¿De qué ha valido la
imposición de más cargas tributarias, si las finanzas del Estado siguen en grave deterioro? Claro que algunos dirán, que sin el plan fiscal aprobado en el 2018, las finanzas estarían mucho peor, quizás sea cierto, pero el argumento no fue ese, más bien siempre las autoridades dijeron que la reforma era para estar mejor. Hoy el Estado está peor, las empresas están peor, las familias mucho peor, y la población en general más pobre. Otra vez la pregunta: ¿de qué ha valido tanto sacrificio? ¿Cómo pretenden los gobernantes que la gente siga creyendo?
Segundo: Los préstamos para mayor endeudamiento.
El endeudamiento del país alcanza hoy el 70% del PIB. Los ingresos fiscales del plan fiscal aumentaron un poco, pero a la par de ello, la deuda también creció y mucho, y se ha convertido ya en una bola de nieve. Nunca Costa Rica ha tenido una deuda interna y externa tan grande como porcentaje del PIB. El Ministerio de Hacienda estima que para el próximo año, la deuda será 80.5% del PIB, o sea unos 27,8 billones, lo que equivale a un 42% del presupuesto nacional, solamente destinado a amortización y pago de intereses de la deuda. Las necesidades de financiamiento para el 2021 serán del orden de 10 mil millones de dólares. Solo el pago de intereses, que además son muy altos, consumen un 4.2% del PIB. Este es el cuadro real. Estamos endeudados hasta la coronilla, y seguimos irresponsablemente pensando en negociar más créditos, porque la única mentalidad de nuestros economistas ortodoxos y gobernantes, es generar ingresos solo por la vía de impuestos y del endeudamiento. No se les ocurre nada más, aunque haya otras salidas disruptivas. Otra vez surge la pregunta; ¿Para qué tanto sacrificio, tanta acumulación de cargas impositivas, tantos controles sobre la población, tantas dificultades sobre las empresas productivas, tanta asfixia estatal, si caminamos año con año hacia una deuda pública insostenible? Cuándo vamos a parar esa espiral de endeudamiento irresponsable? ¿Cuándo vamos a ver que los créditos que nos vendieron eran para mejorar y bajar deuda y hacer inversiones en capital, y no para financiar gastos corrientes?
Tercero: La reducción del gasto
El Estado costarricense es un barril sin fondo. No habrá ingresos que alcancen para cubrir tantos gastos de más de 350 entidades públicas, mientras países como Panamá tienen 128. El problema no es solo de un gobierno. Algunos incluyendo éste, han intentado reducciones mínimas en el gasto público. El verdadero problema es la rigidez en el gasto producto de decisiones erróneas, parciales y clientelistas que los gobiernos han tomado en todas las administraciones, creando legislaciones sin visión de futuro. La jarana ya está en plena cara. Hay un crecimiento inercial que hace nugatoria la efectividad del gasto, la calidad del mismo y la asignación que demandan nuevas necesidades de la población.
Según la OCDE el gasto público de Costa Rica es el segundo más inflexible de América Latina. La verdad es que el gasto público en las últimas administraciones ha ido a contra pelo de la sostenibilidad fiscal. Pero además su pesantez ha sido muy favorable al gasto corriente en demérito del gasto de capital. Las promesas políticas de reducción del gasto han sido cínicas y mentirosas, porque con la estructura actual del Estado y la composición inflexible del gasto, no es realista pensar en una reducción importante del mismo, sin una reforma profunda de la organización política y administrativa del Estado. Otra vez, la misma pregunta; ¿De qué ha valido el sacrificio de los costarricenses soportando cargas y restricciones, controles y angustias, sin que el gasto público ineficiente, de baja calidad, y hasta corrupto se disminuya, y ojalá se acabe? Un solo ejemplo: Costa Rica es el país que más dinero dedica al gasto social, sin embargo llevamos varias décadas siendo incapaces de disminuir la pobreza a menos del 20%.
Podríamos así continuar con otros ejemplos, relacionados con política de empleo, con la falsa descarbonización, con infraestructura y obra pública, donde por ejemplo, un kilómetro de carretera vale en Costa Rica, hasta cuatro veces más, que en cualquier país del mundo. Los ejemplos son múltiples, pero lo cierto es que el enorme sacrificio del ciudadano de aceptar esas políticas no ha sido para redituar su beneficio. Tan responsables son aquellos que han vendido esa tierra prometida, como quienes de buena fe hemos creído en ese evangelio. En adelante podremos ser aliados para trabajar juntos en mejorar el país, pero debe acabarse el tiempo en que los gobiernos nos asuman como meros súbditos del poder. Los gobiernos deben estar en función de la gente, no la gente en función de los gobiernos. No más sacrificios, si
no hay desarrollo y bienestar concreto para los habitantes. Esa toma de consciencia ciudadana es fundamental para exigir responsabilidades.
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