En apenas dos meses de administración, el nuevo gobierno ya acumula una serie de polémicas que difícilmente pueden considerarse incidentes aislados. Cuando un oficialismo se mantiene en el poder y obtiene mayoría legislativa sería razonable esperar una gestión más estable. En el caso nacional, con mayor razón, el exmandatario Chaves alegaba que la conformación pasada de la Asamblea Legislativa no permitía que se aprobaran grandes proyectos y reformas para sacar adelante a Costa Rica. El oficialismo justificó el incumplimiento de sus principales promesas de campaña alegando que se contaba con pocos diputados “patriotas”, una Asamblea “obstruccionista” y constantes señalamientos al PAC.
Cuando un gobierno se dedica a señalar más que a “comerse la bronca”, el país deja de avanzar. No menciono más promesas incumplidas porque hay más tela por cortar, pero sí quiero resaltar el hecho de que el pasado cuatrienio estuvo lleno de excusas, confrontación más que negociación y el cimiento de una nueva polarización que divide a gran parte del país: chavistas vs. antichavistas. La retórica chavista que apela al “tico trabajador” no es más que una estrategia de carácter populista para obtener votos de aquellas personas desilusionadas por la política tradicional. Porque sí, Rodrigo Chaves no llegó al gobierno por casualidad. Su ascenso fue producto de años de olvido en las regiones periféricas y partidos políticos que no respondían a su génesis ideológica. El PLN terminó alejándose de su origen históricamente socialdemócrata por uno neoliberal, el PUSC sirvió como un nicho de las élites sociales y económicas, así como el fracaso del PAC como una nueva alternativa, caracterizado por una serie de decisiones lo suficientemente controversiales como para desaparecer el partido del mapa político costarricense.
El gobierno ha encontrado adversarios políticos casi que en todo el panorama: la Contraloría, la prensa, buena parte de la oposición e incluso el Poder Judicial. Pocas veces en la Costa Rica posterior a 1949 se ha observado este nivel de roce institucional tan constante y que se replica en la ciudadanía. Claro, existieron grandes tensiones como lo fue el TLC con Estados Unidos, la sentencia de la Sala Constitucional que permitió reelección presidencial, el combo del ICE, y demás. Sí, difícil sería llevar a cabo un gobierno sin confrontación alguna o sin temas que polaricen a la sociedad. Sin embargo, para el chavismo esta parece ser la tónica y la constante. Es más, me atrevería a afirmar que la narrativa del chavismo se sostiene sobre el conflicto, cada vez a mayor escala.
A diferencia de hace cuatro años, este gobierno inicia con condiciones más favorables, a primera impresión tenemos un gabinete compuesto, en gran medida, con figuras con experiencia o afinidad al oficialismo, un ministro de la Presidencia y de Hacienda con experiencia política y económica -al ser economista y expresidente-, así como una Asamblea Legislativa que sobrepasa la mayoría simple. Tienen todas las herramientas para llevar “la fiesta en paz”, pero, con apenas meses de gestión ya aparecen nuevos pretextos y señalamientos cuando las cosas no salen a su manera. Ya escuchamos que “hacían falta 40 diputados”, que “el Poder Judicial está infestado por el narco y la captura del Diablo fue una chiripa”, así como que la Sala Constitucional cometió un “golpe de Estado”.
La preocupación por la estabilidad del país ya trasciende las fronteras, donde la incertidumbre política puede afectar la inversión extranjera en un contexto donde prácticamente cada semana surge un nuevo conflicto interinstitucional.
De niños nos enseñan que la forma de arreglar nuestras diferencias es mediante el diálogo y de ceder un poco de ambas partes para llegar a un acuerdo en común. No obstante, si bien aprendemos eso de niños, esto entra en conflicto con algo que florece cuando somos adultos, el ego. Cuando alguien pretende imponer su punto a la fuerza y hace todo lo posible por tener la razón, generalmente, sale perdiendo, pero, cuando quien lo hace está en el poder, quien verdaderamente pierde son los gobernados.
La querella por prevaricato ante los magistrados que ampliaron el nombramiento de los magistrados suplentes ilustra la tesis expuesta. Cuando una decisión institucional incomoda al Ejecutivo, este opta por la descalificación y la disputa popular. Pese a contar con condiciones políticas favorables, el oficialismo continúa recurriendo a la confrontación.
