El ciudadano costarricense tiene muy claro, el por qué de los muchos escenarios violentos en los más recientes 20 años. Nuestra justicia está en manos de INCOMPETENTES.
Los continuos hechos violentos en torno al “exterminio recurrente” entre sucios criminales ligados al NARCOTRÁFICO, es una consecuencia lógica del excelente trabajo que ha realizado el actual gobierno, ESTRANGULANDO la salida de droga hacia otros países.
Hoy un pequeñísimo grupo anti gobierno, poco realista, critica un comentario del abogado constitucionalista, Fabián Silva.
El periódico La República en nota del jueves 26 de febrero del 2026, en su nota titulada, “Asesor de Laura Fernández propone instalar bases militares de Estados Unidos en Costa Rica”, informó lo siguiente: “El abogado Fabián Silva, asesor de la presidenta electa de la República, Laura Fernández, planteó públicamente la posibilidad de instalar bases militares de los Estados Unidos en territorio costarricense como parte de una estrategia para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. La propuesta fue formulada durante una entrevista con el medio ¡OPA!, en la que el constitucionalista sugirió la presencia de fuerzas estadounidenses en puntos estratégicos del país. “Ponga bases militares de los Estados Unidos en Limón, Puntarenas y Guanacaste, y comience a permitir que aquellos capturen a esos capos y los lleven a Estados Unidos. Esa mafia, esa porquería, no tengamos nosotros que tenerla en Costa Rica”, afirmó Silva. El asesor argumentó que el fortalecimiento de la persecución penal contra estructuras criminales podría generar un desplazamiento de grupos delictivos hacia Costa Rica, ante la presión en otras naciones de la región”.
Algunos hipócritas se han rasgado sus vestiduras ante esta manifestación. ¿Por qué tanta alaraca? ¡Apuesto un almuerzo! Considero que, más del 90% de la población costarricense apoyaría esta posibilidad.
En una de nuestras notas el año pasado, sugerimos que, para la Construcción de una Mega Cárcel en Costa Rica, perfectamente podría haberse realizado un proceso de DESAFECTACIÓN del estatus de Parque Nacional a la Isla San Lucas y poder edificar ahí el centro penal de gran envergadura. Además, dijimos que incluso, se podría ofrecer una extensión territorial de la isla, para que, los Estados Unidos pudiesen establecer un gran Centro de Monitoreo Satelital para la lucha contra el narcotráfico. ¿Le suena bien?
La percepción de impunidad ante la liberación de criminales por parte del Poder Judicial, ha generado un inmenso DESCONTENTO SOCIAL. Se cuestiona la actuación de jueces que permiten la libertad o medidas MUY SUAVES para personas sentenciadas o sospechosas, incluso, reincidiendo a menudo en delitos graves.
El miércoles reciente, el presidente de la República mostro su INDIGNACIÓN en la conferencia de prensa. La semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó La Ley de Ejecución de la Pena. El mandatario dijo que VETARÁ LA LEY; la considera infame y nefasta. Criticó a los Diputados que la aprobaron, diciendo que a ese grupo les molesta la “mano dura de la autoridad”.
La molestia presidencial y la percepción ciudadana van de la mano. Efectivamente el costarricense NO CONFÍA EN EL PODER JUDICIAL.
La pregunta recurrente es: ¿por qué tanta complacencia con los delincuentes? ¡Siempre la misma historia!, la Fuerza Pública captura a los criminales y el Poder Judicial prácticamente los libera casi de inmediato.
A escasos meses de que el nuevo gobierno asuma el poder, la Presidente Electa ha dicho que LA MANO DURA contra el hampa será una característica de su gestión. Recordemos que el año 2026, trae en agenda el NOMBRAMIENTO DE NUEVOS MAGISTRADOS. ¡Es aquí dónde inicia la cura de todos los males del Poder Judicial! Esperemos en DIOS, que NO SALGAN almas negras, nuevamente, a atravesar el ¨palo en la carreta¨.
Definitivamente la realidad que vive nuestro país, alrededor del tema de seguridad, tiene un solo origen: “INCAPACIDAD DE GESTIÓN POR PARTE DEL PODER JUDICIAL” ¿Será posible que los diputados anti Rodriguismo, insistan en respaldar esa ley y apliquen el RESELLO luego del veto presidencial? ¿Por qué tanta consideración a la delincuencia? ¿Habrá “gato encerrado”, como diría mi tía Ángela qdDg, en el accionar de algunos miembros del Poder Judicial? ¿Cómo reaccionarán el nuevo grupo de Diputados ante la posible TRANSFORMACIÓN de nuestra autoridad judicial? De lo anterior y más, hablaremos la próxima semana, Dios primero.
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El autor es Licenciado en Relaciones Internacionales. Analista político internacional. Además elabora procesos de capacitación política, desarrollo comunal y administración. maumazu208@gmail.com.