La corrupción es considerada como el principal problema que aqueja a nuestro país. Concretamente, el mal uso del poder público en procura de obtener una ventaja o beneficio indebido para quien actúa, o para terceros, que genera restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales.
Si no hubiese tanta corrupción nuestra realidad sería verdaderamente diferente, habría más recursos para hacer más. Seríamos un país educado, sano y productivo. Con medicinas en hospitales nuevos o remozados, y con tecnología moderna. Nuestros niños(as) en escuelas con pupitres y maestros comprometidos con su vocación de formar mejores ciudadanos.
Un agro con tierra y semillas, con créditos, mercados de exportación y alto consumo interno. No habría necesidad de importar arroz, frijoles y otros productos que podrían cultivarse en suelo nacional.
Nuestras carreteras no serían remedios saturadas de baches de corrupción inocultables. Gozaríamos de seguridad sin contubernio entre policías, fiscales, jueces y crimen organizado.
Si no tuviéramos corruptos nuestra nación sería otra, otra nuestra patria, y otros sus hijos y otros sus resultados. Conoceríamos la honradez y la moralidad y la transparencia sería nuestro espejo.
Sin duda alguna, la corrupción disminuye la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad, a la vez que limita el crecimiento económico. Pero quizás más importante sean las consecuencias sobre las instituciones de gobierno: cuando los ciudadanos sienten que la corrupción es generalizada, se deteriora la confianza en la democracia.
Costa Rica debe adoptar una agenda anticorrupción efectiva, que contemple acciones en cuatros ámbitos que se complementan y potencian entre si:
1.Es necesario adoptar criterios objetivos para la toma de decisiones (por ejemplo, en el caso de compras públicas y contrataciones), reforzar las instancias de fiscalización (como los órganos auditores) y fortalecer los sistemas de justicia con procedimientos y protocolos que faciliten investigaciones y la generación de pruebas (como el mecanismo de delación compensada).
2.Contratación de profesionales capaces, con baja tolerancia a la corrupción y ajenos a relaciones clientelares o intereses particulares para garantizar independencia en el ejercicio de los cargos y un sistema de contrapesos efectivo en el Estado.
3.Activar al ciudadano para que monitoree la acción de los funcionarios y se promueva la rendición de cuentas. Para eso la información debe ser accesible a través de leyes y de gobierno abierto. Deben establecer canales de reclamo más allá de la creación de espacios para la participación y denuncia a través de plataformas digitales o redes sociales promovidas desde el propio Estado
4. Es imprescindible mejorar las regulaciones para controlar la influencia de los intereses de empresas y particulares en las decisiones del Estado. Para lograrlo, se requieren leyes que penalicen a las personas jurídicas involucradas en el pago y ofrecimiento de sobornos. También se requiere la regulación de los conflictos de interés y actividades de cabildeo o lobby.
Finalmente, nuestro país tiene un gran reto por delante y es recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y en sus instituciones públicas a través de una gestión transparente que minimice las opciones de corrupción.
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