A casi dos años de los allanamientos políticos más manipulados de los últimos 20 años, el caso barrenador sigue abierto porque la Fiscalía se niega a aceptar que la Contraloría y los sindicatos la embarcaron.
Hace meses que el sindicalismo nacional firmó uno de sus peores ridículos históricos.
La ANEP intentó frenar lo inevitable. Fracasaron.
El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso y Administrativo los mandó a empacar hace ya varios meses.
Tuvieron que retirar su propia apelación contra la adjudicación de 138 Ebais a las cooperativas.
El Tribunal se los dijo en la cara. Su apelación tenía “fallas estructurales”. Era un mamotreto insostenible.
Quisieron usar los supuestos “sobreprecios” del mediático Caso Barrenador como salvavidas.
El juez no les compró el humo.
Las patadas de ahogado no sientan jurisprudencia.
Ese golpe judicial fue fulminante.
Pero el descaro sindical es terco.
Buscaron un plan B. Intentaron infiltrar la junta directiva de la Caja con la exdiputada Rocío Alfaro.
Una movida suicida.
Alfaro ya había fracasado en la comisión legislativa de la CCSS.
Su nombramiento era un conflicto de intereses de manual.
Como diputada ya había condenado públicamente, y sin una sola prueba, el contrato de las cooperativas. Sus juicios de valor estaban viciados de antemano.
Por suerte, el capricho se topó con pared. La semana pasada, la presidenta Laura Fernández y el Consejo de Gobierno frenaron la maniobra. Un rechazo directo. Sin contemplaciones.
Los sindicatos acumularon dos derrotas aplastantes. Pero dejaron un cadáver insepulto.
El Caso Barrenador es un zombi. Ese expediente murió hace meses.
Falleció exactamente el día en que el Tribunal Contencioso pisoteó la apelación sindical y despejó la vía para la adjudicación.
Sin embargo, la Fiscalía General no se ha querido dar cuenta.
O peor aún, fingen demencia.
Ya pasaron casi dos años del gran circo judicial de septiembre de 2024.
Allanamientos mediáticos. Perreras. Show de madrugada.
Todo montado sobre una nota técnica groseramente manipulada por la Contraloría para transformar un ahorro real de 18.000 millones de colones en un delito imaginario.
Para algunos fiscales, el expediente dejó de ser jurídico.
Se pudrió y se volvió de puro interés político.
Es un arma arrojadiza en el evidente pulso que sostienen contra el Poder Ejecutivo.
Primero fue la guerra frontal contra el Gobierno de Rodrigo Chaves.
Ahora, la artillería apunta al gobierno de Laura Fernández.
El Ministerio Público usa a los tribunales como trinchera.
La Contraloría y los sindicatos armaron la trampa.
La Fiscalía se fue de bruces. Ahora les aterra dar la cara.
Prefieren buscar correos borrados y alargar la agonía de un expediente putrefacto.
Todo para no tragar saliva y tener que confesar públicamente que fueron la simple marioneta de un monopolio ineficiente.
