La situación que atraviesa el país no puede ser leída únicamente desde la estadística criminal; exige una comprensión más profunda del fenómeno del sicariato como expresión de una crisis estructural que desborda lo penal y se instala en lo social.
Lo que hoy observamos —ejecuciones a plena luz del día, en espacios públicos, sin consideración por la presencia de terceros— evidencia una ruptura grave del principio básico de convivencia: el respeto por la vida ajena. Ya no se trata únicamente de la eliminación de un objetivo específico, sino de la normalización de la violencia como método, donde el daño colateral deja de ser un “riesgo” y pasa a ser una consecuencia asumida, casi indiferente para quien ejecuta el hecho.
Particularmente inquietante es el perfil de los ejecutantes. La juventud de muchos de ellos, sumada a una conducta que revela ausencia de temor frente a la persecución penal, pone en evidencia una transformación en la lógica delictiva: no hay cálculo racional del riesgo, no hay contención moral, y tampoco parece existir un efecto disuasivo real derivado del sistema de justicia penal. El hecho de que actúen a sabiendas de que están siendo grabados —o al menos sin importarles— refleja una peligrosa combinación de impunidad percibida, desapego social y, en muchos casos, instrumentalización por estructuras criminales mayores.
Desde una óptica jurídica, esto interpela directamente la eficacia del ius puniendi del Estado. La reacción penal, por sí sola, resulta insuficiente si no va acompañada de políticas integrales que aborden las causas estructurales: exclusión social, economías ilícitas consolidadas, debilitamiento del tejido comunitario y, en algunos casos, la ausencia de oportunidades reales para sectores vulnerables.
Pero hay un elemento adicional que no puede pasar inadvertido: el impacto en la ciudadanía. Cada hecho de esta naturaleza no solo deja víctimas directas, sino que erosiona la percepción de seguridad, restringe libertades y modifica conductas cotidianas. La gente comienza a vivir con miedo, a limitar sus espacios, a desconfiar. Ese es, en términos sociales, uno de los efectos más devastadores.
Frente a ello, la respuesta no puede ser meramente reactiva. Se requiere una política criminal coherente, articulada y sostenida, que combine prevención, inteligencia, investigación eficaz y sanción proporcional. Pero también una reflexión colectiva sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo y tolerando.
Porque cuando la violencia se vuelve paisaje, el verdadero riesgo no es solo el delito en sí mismo, sino la peligrosa posibilidad de acostumbrarnos a él.
