Los políticos tradicionales ya tuvieron su turno. Gobernaron durante años, algunos durante décadas, y los resultados hablan por sí solos: crisis económica, servicios públicos colapsados, instituciones débiles y una ciudadanía agotada de promesas incumplidas.
Bajo su gestión, Costa Rica fue testigo de un crecimiento alarmante del clientelismo político, un sistema que premia la lealtad partidaria por encima del mérito y la competencia. Este modelo no solo secuestró el aparato estatal para mantener cuotas de poder, sino que debilitó gravemente la eficiencia del sector público, disparando el gasto sin control ni planificación.
Sus gobiernos nos dejaron una pesada herencia: un aparato estatal sobredimensionado, endeudado y plagado de ineficiencia, donde muchas veces el mérito fue sustituido por favores y cuotas partidarias. Peor aún, permitieron que la corrupción se infiltrara en los tres poderes de la República, socavando la confianza ciudadana y la credibilidad del sistema democrático.
Hoy, los mismos de siempre vuelven a aparecer, como si no hubieran tenido responsabilidad alguna en el estado actual del país. Pero lo cierto es que el daño que causaron es tan profundo que, por sí solo, los descalifica. No pueden seguir pidiendo confianza cuando lo único que han hecho es administrar el poder como un negocio familiar o partidario.
A esto se suma el endeudamiento irresponsable del país, originado en gran medida por políticas fiscales populistas y pactos políticos que priorizaron el cálculo electoral, en lugar del bienestar nacional.
Las consecuencias las estamos pagando todos los costarricenses: más impuestos, menos servicios, y una deuda pública que asfixia el desarrollo económico, la corrupción no fue la excepción, sino la norma.
Casos emblemáticos como “el cementazo”, las denuncias por tráfico de influencias, contratos irregulares y favores entre élites políticas y económicas, han alcanzado a los tres poderes del Estado, erosionando gravemente la legitimidad del sistema y profundizando el desencanto ciudadano.
Costa Rica necesita una nueva política: ética, transparente, centrada en el bien común y desligada de las redes clientelares y los vicios de siempre. No se trata de cambiar caras, sino de romper con estructuras caducas que solo han servido a intereses particulares.
Durante décadas, los políticos tradicionales han tenido en sus manos las riendas del país. Gobernaron, tomaron decisiones, administraron presupuestos y diseñaron el rumbo nacional. Sin embargo, los resultados están a la vista: una profunda desconfianza ciudadana, instituciones debilitadas, corrupción sistémica y una economía marcada por la desigualdad y el clientelismo.
Por último, el país necesita gestión eficiente, instituciones fuertes y liderazgos nuevos que no estén comprometidos con el pasado, sino con el futuro. Es hora de cerrar el capítulo de los partidos que convirtieron la política en un botín.